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Suspenden clases en municipios de San Miguel, Chalatenango, La Libertad, San Salvador y Morazán
El Gobierno informó esta noche la suspensión de las clases presenciales en los centros escolares de mayor vulnerabilidad ubicados en distintas zonas del país, como medida de prevención, debido a los informes oficiales de incremento de lluvias para las próximas horas.
La suspensión de las clases presenciales entra en vigor desde la tarde de este jueves 21 de septiembre y viernes 22 en las escuelas ubicadas en los siguientes departamentos y muncipios.
San Miguel: centros escolares en la zona de río Grande.
Chalatenango: Tejutla, Citalá, La Palma, La Reina, Nombre de Jesús, Nueva Concepción, San Francisco Morazán y San Ignacio
La Libertad: centros escolares de los municipios de Chiltiupán, San Juan Opico y San Matías.
San Salvador, zona norte: solamente dos centros educativos de Apopa, dos de Guazapa y dos de Aguilares
San Salvador, zona sur: se incluyen algunos centros de los municipios de San Marcos, Santo Tomás, Panchimalco, Rosario de Mora y Santiago Texacuangos.
Morazán: solo un centro escolar suspenderá las clases en el municipio de Corinto.
Con estas acciones el Gobierno del Presidente Nayib Bukele busca resguardar la seguridad tanto de estudiantes como de padres de familia y del personal que labora en estos centros educativos.
El gobierno pidió a la población estar atentos a las actualizaciones oficiales de los pronósticos del clima, ya que esta información «tiene como propósito proteger la vida de todos los salvadoreños», dijo a través de un comunicado.
La jueza dos del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador impuso una condena de 397 años de prisión a Pedro Melara Romero, alias Caballo, por los delitos de proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión agravada, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, además de agrupaciones ilícitas, en perjuicio de la paz pública.
Asimismo, Wilfredo Alonso Mancía Alberto, alias Frijol, fue condenado a 180 años de cárcel por proposición y conspiración en homicidio agravado, privación de libertad, extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
De igual forma, Miriam Elizabeth Gutiérrez, alias La Miriam, recibió una pena de 109 años de prisión por extorsión agravada y agrupaciones ilícitas.
En total, otras 44 personas fueron sentenciadas con penas que van desde tres hasta 94 años de prisión.
De acuerdo con la Fiscalía, todos forman parte de la hengla Sexta Quebranta Huesos Locos Sureños, perteneciente a la pandilla 18 Sureños, que operaba en diversos sectores de San Salvador Centro.
Entre los condenados se encuentran cuatro líderes de la clica, entre ellos:
•José David Ayala Renderos, alias Morro, corredor de cancha de las canchas Modelo 2 y 3.
•Alias Caballo, como corredor de tribu.
•Hugo Armando Chávez Murcia y Jonathan Ernesto Hernández Vides, alias Yoster, ambos palabreros de la estructura.
Ismael Alexander Hernández Rivera, alias Saiper, es un pandillero de la 18S que venía en un vuelo comercial desde México.
Equipos policiales fueron notificados por la oficina de atención ciudadana de la terminal aeroportuaria.
Es miembro de la clica Tiny Locos Sureños del distrito de Jiquilisco, Usulután Oeste.
Posee varios tatuajes de su pandilla.
Una pandillera de la MS fue condenada a 245 años de cárcel por los delitos de extorsión agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de la paz pública.
Se trata de Claudia Margarita Juárez, quien era parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos.
Recibió la pena por parte del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, jueza dos.
Juárez fue hallada culpable de cobrar extorsiones a empresarios del transporte público del distrito de Zacatecoluca, en el municipio de La Paz Este.
Tambien, Manuel Antonio Martínez Mena, alias ‘Yegua’, fue condenado a 240 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
Juárez y Mena operaban como parte de la clica Viroleños Locos Salvatruchos de la MS-13.
El tribunal dio por acreditados 24 casos de extorsión, ocurridos entre 2018 y 2019, mediante los cuales las víctimas fueron obligadas a entregar sumas de dinero bajo amenazas.
