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Riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra continúan en zonas vulnerables
Las lluvias siguen causando estragos en distintas zonas del país, las instituciones de primera respuesta han intervenido en el retiro de árboles derrumbados, deslizamientos de tierra, pequeñas inundaciones, entre otras acciones para proteger la vida de la población.
Los deslizamientos de tierra están localizados en poblados situados entre el centro y oriente de la República, así como en el norte del país, donde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha registrado con sus equipos tecnológicos las mayores concentraciones de lluvia.
Los expertos del MARN, además, muestran un mapa de riesgos por deslizamientos en el que las zonas más vulnerables se encuentran desde municipios situados en el departamento de Ahuachapán, la zona norte de Chalatenango, hasta Morazán, identificados con una probabilidad Alta a los derrumbes de tierra.
Entre la mañana del sábado 7 y la mañana del domingo 8, la estación del municipio de La Hachadura, en el departamento de Ahuachapán es la que reportó la mayor cantidad de lluvia con un acumulado de 100.9 mm. Otro punto donde cayó abundante lluvia, en el mismo periodo de tiempo, fue en el municipio de San Francisco Gotera, en Morazán.
En los municipios que comprenden el Área Metropolitana de San Salvador, las condiciones de la lluvia han sido normales, con lluvia de intensidad moderada que no han causado ninguna emergencia grande, sin embargo, las instituciones recomiendan ser precavido debido a que hay saturación de agua lo que facilita que los árboles cedan.
Una estructura de 45 pandilleros de la MS13 que delinquía en La Libertad Centro es enjuiciada en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador.
Los imputados – 17 son reos ausentes- son miembros de la MS-13 del grupo Zapotitanes Criminales Locos Salvatruchos que delinquía en La Libertad, a quienes se les procesa por diversos delitos cometidos entre, 2013 al 2019 en diferentes zonas de La Libertad Centro.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentará abundante prueba documental, pericial y testimonial con la cual espera que el Tribunal imponga penas ejemplares de prisión.
De acuerdo con las investigaciones del ministerio público, los pandilleros son procesados por 7 homicidios agravados, 3 casos de privaciones de libertad y agrupaciones ilícitas.
Entre los crímenes cometidos por los procesados está el asesinato de dos víctimas a quienes las acusaban de ser integrantes de la pandilla contraria. Este asesinato sucedió en el 2013 en colonia Ciudad Obrera de Ciudad Arce, La Libertad Centro.
Hace unos días el mismo tribunal condenó a 139 años de prisión a pandilleros de la MS por los delitos de homicidio agravado, desaparición de personas agravada, desaparición de personas, robo agravado, robo de vehículos automotores y agrupaciones ilícitas.
Los condenados fueron identificados como José Fernando Bernabé Orellana, Kevin Alexander Martínez Mena, Julio César Hernández Rivera, Miguel Ángel Hernández Leiva y José Alejandro Hernández Leiva.
Los pandilleros asesinaron a dos víctimas en enero de 2022. De acuerdo con la investigación, las víctimas harían un viaje a Bernabé Orellana hacia Guatemala. Sin embargo, el imputado canceló el traslado y les solicitó que lo llevaran hacia un rancho en playa San Diego, La Libertad.
«Al llegar al lugar, los otros pandilleros los interceptaron, los golpearon y ahorcaron a una de las víctimas en las vigas del rancho. A la segunda víctima, quien era propietaria del vehículo automotor, la obligaron a firmar un contrato de compraventa y posteriormente le quitaron la vida», detalló el ministerio público.
Luego, trasladaron los cuerpos a un lugar conocido como la Curva de la Media Luna, en el distrito de Rosario de Mora, donde los rociaron con gasolina y les prendieron fuego a los cadáveres.
El Ministerio Público indicó en su cuenta de la red social X que el funcionario fue arrestado en horas de la madrugada durante un operativo ejecutado de manera conjunta con la Policía Nacional en la provincia costera de Guayas (suroeste), cuya capital es Guayaquil.
La Fiscalía precisó que la acción forma parte del caso denominado «Goleada», dentro del cual se ejecutaron órdenes de detención con fines de formulación de cargos contra un total de 11 personas investigadas. Entre los detenidos figuran Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde.
Asimismo, el organismo difundió imágenes de la detención del alcalde de Guayaquil, así como otras evidencias incautadas durante el operativo, entre ellas teléfonos celulares y dinero en efectivo.
Añadió que el operativo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre los resultados de las diligencias y el avance del proceso judicial.
Medios locales difundieron que Álvarez fue trasladado inicialmente al Cuartel Modelo de Guayaquil y posteriormente llevado a Quito, la capital del país, donde se prevé la realización de la audiencia correspondiente.
Aquiles Álvarez también es investigado en otro caso denominado «Triple A», por supuesto tráfico de combustibles.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 36 años de prisión a Kevin Geovanni Ventura, de 23 años, por el delito de homicidio tentado (intento) en perjuicio de una madre y su hijo.
Fue el 29 de diciembre de 2024 cuando Ventura llegó a la vivienda de las víctimas, ubicada en una colonia de Soyapango, municipio de San Salvador Este.
«La madre e hijo se encontraban durmiendo en habitaciones separadas. El imputado ingresó por la puerta trasera del inmueble y, utilizando una almádana, golpeó en la cabeza al joven, quien intentó defenderse», reveló la investigación fiscal.
La madre escuchó el ruido y se levantó, esto distrajo a Ventura y el joven lesionado logró escapar para pedir auxilio a los vecinos.
«Cuando la mujer salió de su habitación, el procesado también la golpeó en la cabeza con la almádana. Los vecinos auxiliaron a las víctimas y las autoridades policiales y militares llegaron de inmediato al lugar», se detalló en la acusación.
En el fallo, el Tribunal también ordenó el pago de $300 a cada víctima, en concepto de responsabilidad civil y aseguró que se demostró que Ventura actuó con alevosía, ya que ingresó de forma sorpresiva y armado a la vivienda cuando las víctimas aún dormían.
