Judicial
Justicia en el caso donde un repartidor de pizza atropelló a mujer con su bebé
El Juzgado Tercero de Paz. En la audiencia autorizó una conciliación entre César Bryan C. y Martha E., quienes se vieron involucrados en un accidente de tránsito la mañana del jueves 17 de agosto pasado.
Los informes indican que Martha caminaba en la acera cargando a su bebé, de 19 meses de edad, cuando fueron arrollados por un motociclista repartidor de pizzas, siendo César, de 30 años de edad.
El accidente ocurrió en la calle antigua a Tonacatepeque, frente a la colonia San Fernando, en Soyapango.
Madre e hijo fueron trasladados de emergencia al Hospital Molina Martínez. El conductor no fue detenido porque se quedó en el lugar de los hechos, esperando la inspección policial.
Según el informe del Instituto de Medicina Legal, las lesiones en la mujer tardarán 21 días en sanar y generan una incapacidad laboral de igual cantidad de días. Las lesiones en el bebé sanarán en 42 días, con tratamiento especializado.
La acusación por el delito de lesiones culposas fue presentada en el Juzgado Tercero de Paz. En la audiencia, las partes propusieron una conciliación, de tal manera que el imputado se comprometió a pagar una cantidad dineraria en una sola cuota, que será entregada el miércoles de la próxima semana, destinada a cubrir los gastos médicos.
César Brian fue advertido que, si no paga, el proceso será reabierto y se le decretará el sobreseimiento definitivo hasta que cancele.
Judicial
Exdiputada de ARENA, Silvia Ostorga, es demandada por enriquecimiento ilícito junto a su familia
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Silvia Estela Ostorga de Escobar, exdiputada propietaria de la Asamblea Legislativa por el partido ARENA. La acción judicial también alcanza a su esposo, Marco Tulio Escobar Méndez, y a su hija, Katherine Tatiana Escobar Ostorga.
La investigación se originó tras una resolución de la Corte Suprema de Justicia que detectó indicios de enriquecimiento no justificado durante los tres períodos legislativos de Ostorga (2012-2015, 2015-2018 y 2018-2021). De acuerdo con el Ministerio Público, se le atribuyen 40 irregularidades financieras que suman $4,287,490.91, incluyendo depósitos bancarios, compras de vehículos, pagos de tarjetas de crédito y préstamos bancarios.
A su cónyuge se le señalan 25 irregularidades por un monto de $520,465.96, también vinculadas a movimientos bancarios, adquisición de bienes y manejo de créditos. En el caso de su hija, se reporta un depósito bancario de $2,000 cuyo origen no fue justificado.
La FGR solicita que los acusados restituyan los fondos al Estado y ha pedido a la Cámara de lo Civil que inhabilite a la exlegisladora para ejercer cargos públicos durante 10 años, conforme a la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
La Fiscalía General de la República (FGR) entregó ayer miércoles a Eluzur Rumpler, ciudadano con doble nacionalidad estadounidense e israelí, solicitado por el Estado de Israel por delitos de abuso y violencia contra menores y violación a orden legal.
Según informó el Ministerio Público, Rumpler está acusado en Israel de maltratar a estudiantes en centros educativos donde se desempeñó como director.
Tras cometer los hechos, el imputado huyó, pero fue detenido el 30 de diciembre en la frontera entre Guatemala y El Salvador, gracias a una notificación roja emitida por INTERPOL.
Las autoridades salvadoreñas detallaron que Rumpler pertenece a la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, conocida por sus prácticas extremas y lesivas hacia sus propios miembros.
Antes de su entrega a Israel, la Fiscalía salvadoreña verificó que el hombre no tuviera procesos judiciales pendientes en El Salvador.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), localizaron restos humanos en un cementerio clandestino ubicado en el municipio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad.
Según las autoridades, los restos corresponden a un joven de 24 años que fue privado de libertad en abril de 2020 y posteriormente asesinado por miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), específicamente de las clicas Teclas Locos Salvatruchos (TLS) y Ayagualos Locos Salvatruchos.
Los presuntos responsables ya enfrentan juicio por este hecho. El procedimiento de exhumación fue autorizado por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. Fiscales y agentes policiales continúan trabajando en el sitio para recolectar evidencia que respalde el proceso judicial.
La localización del cuerpo fue posible gracias a diligencias de investigación desarrolladas como parte del combate a estructuras criminales.
