Judicial
Justicia en el caso donde un repartidor de pizza atropelló a mujer con su bebé
El Juzgado Tercero de Paz. En la audiencia autorizó una conciliación entre César Bryan C. y Martha E., quienes se vieron involucrados en un accidente de tránsito la mañana del jueves 17 de agosto pasado.
Los informes indican que Martha caminaba en la acera cargando a su bebé, de 19 meses de edad, cuando fueron arrollados por un motociclista repartidor de pizzas, siendo César, de 30 años de edad.
El accidente ocurrió en la calle antigua a Tonacatepeque, frente a la colonia San Fernando, en Soyapango.
Madre e hijo fueron trasladados de emergencia al Hospital Molina Martínez. El conductor no fue detenido porque se quedó en el lugar de los hechos, esperando la inspección policial.
Según el informe del Instituto de Medicina Legal, las lesiones en la mujer tardarán 21 días en sanar y generan una incapacidad laboral de igual cantidad de días. Las lesiones en el bebé sanarán en 42 días, con tratamiento especializado.
La acusación por el delito de lesiones culposas fue presentada en el Juzgado Tercero de Paz. En la audiencia, las partes propusieron una conciliación, de tal manera que el imputado se comprometió a pagar una cantidad dineraria en una sola cuota, que será entregada el miércoles de la próxima semana, destinada a cubrir los gastos médicos.
César Brian fue advertido que, si no paga, el proceso será reabierto y se le decretará el sobreseimiento definitivo hasta que cancele.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
