Judicial
FGR pide que pasen al Estado las 4 casas incautadas al expresidente Sánchez Cerén
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que pasen a favor del Estado cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias a nombre del expresidente Salvador Sánchez Cerén y de su grupo familiar.
La representación fiscal detalló que esta petición también incluye al exsecretario de la presidencia José Manuel Melgar Henríquez. El monto total de los bienes es de 1.5 millones de dólares.
Los otros involucrados son su yerno, Oswaldo Vaquero León y su la hija del exmandatario, Iveth Sánchez de Vaquero. Todos huyeron a Nicaragua donde ahora son ciudadanos de ese país, arropados por Daniel Ortega.
En las investigaciones realizadas se determinó que, por medio del lavado de dinero y activos, el expresidente tuvo un incremento patrimonial no justificado de fondos provenientes del Estado hacia diferentes cuentas.
«Esto se ha iniciado por el aviso que dio la Unidad de Lavado de Dinero a través del Grupo contra la Impunidad sobre la comisión de los delitos de peculado y de lavado de dinero y activos. Para ellos se desarrolló una investigación en el ámbito penal y se determinó que el monto aproximado de lo peculado (apropiarse de dinero del Estado) y lavado de dinero en el periodo de 2014-2019, tiempo que fungió como presidente de la república Sánchez Cerén, es de aproximadamente $187 millones», dijo uno de los fiscales.
El exmandatario es procesado por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado junto a 16 exempleados de casa presidencial y particulares por el uso ilícito de fondos públicos entre los años 2016 al 2019.
Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración del expresidente prófugo se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas desde la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.
Según se detalla en los informes, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.
Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus titulares dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto total de $152 millones 985 mil 170.69 dólares.
De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados «Taller Box Car» y «Taller Frenos y Más», a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente. También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00 dólares. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
