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Judicial

FGR pide que pasen al Estado las 4 casas incautadas al expresidente Sánchez Cerén

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado de Extinción de Dominio que pasen a favor del Estado cuatro inmuebles y dos cuentas bancarias a nombre del expresidente Salvador Sánchez Cerén y de su grupo familiar.

La representación fiscal detalló que esta petición también incluye al exsecretario de la presidencia José Manuel Melgar Henríquez. El monto total de los bienes es de 1.5 millones de dólares.

Los otros involucrados son su yerno, Oswaldo Vaquero León y su la hija del exmandatario, Iveth Sánchez de Vaquero. Todos huyeron a Nicaragua donde ahora son ciudadanos de ese país, arropados por Daniel Ortega.

En las investigaciones realizadas se determinó que, por medio del lavado de dinero y activos, el expresidente tuvo un incremento patrimonial no justificado de fondos provenientes del Estado hacia diferentes cuentas.

«Esto se ha iniciado por el aviso que dio la Unidad de Lavado de Dinero a través del Grupo contra la Impunidad sobre la comisión de los delitos de peculado y de lavado de dinero y activos. Para ellos se desarrolló una investigación en el ámbito penal y se determinó que el monto aproximado de lo peculado (apropiarse de dinero del Estado) y lavado de dinero en el periodo de 2014-2019, tiempo que fungió como presidente de la república Sánchez Cerén, es de aproximadamente $187 millones», dijo uno de los fiscales.

El exmandatario es procesado por los delitos de lavado de dinero y activos, y peculado junto a 16 exempleados de casa presidencial y particulares por el uso ilícito de fondos públicos entre los años 2016 al 2019.

Las investigaciones de la Fiscalía detallan que durante la administración del expresidente prófugo se entretejió una compleja red de corrupción, donde se transferían fuertes cantidades de dinero a personas particulares y empresas desde la partida de fondos reservados de la presidencia, sin justificación o control alguno.

Según se detalla en los informes, los fondos fueron desviados mediante la emisión de cheques de la Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Púbico hacia seis cuentas bancarias no autorizadas por la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda, cuyos titulares eran empleados de la presidencia.

Una vez depositados los fondos en las referidas cuentas, sus titulares dispusieron libremente de los mismos sin ningún tipo de control. Luego, emitieron cheques a favor de empleados de la presidencia, y fueron cobrados en efectivo por un monto total de $152 millones 985 mil 170.69 dólares.

De igual manera, se emitieron cheques a favor de proveedores a pesar de no existir ninguna relación comercial con la Presidencia de la República, entre estos destacan los talleres de servicios de mantenimiento de vehículos denominados «Taller Box Car» y «Taller Frenos y Más», a quienes se les realizaron pagos por la cantidad de $969,499.57 y $1,201,453.81, respectivamente. También, se pagaron complementos salariales a empleados del Estado Mayor Presidencial por un monto de $3,303,756.00 dólares. Algunos de los que recibieron dichos complementos eran familiares del propio expresidente Sánchez Cerén.

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Judicial

Acusados de estafar con paquetes turísticos seguirán en prisión mientras avanza investigación

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que David Antonio Rugamas Leiva, Juan Carlos Henríquez López, Lised Cristina Posada Cuadros, Gregorio Andrés García Echeverry, Jonathan David Torres Builes y Natalia Paniagüa Jaramillo se mantengan en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de estafa.

A los imputados se les acusa de promover paquetes vacacionales a través de una falsa agencia de viajes, Trópico Travel. En este nuevo proceso se han registrado las denuncias de 51 víctimas

De acuerdo a la investigación y testimonios de las víctimas, los imputados vendían membresías turísticas con un amplio portafolio de beneficios, logrando que les pagaran con tarjetas de crédito, pero cuando las víctimas querían hacer uso de lo que habían adquirido, no pudieron.

El monto que se reclama en calidad de responsabilidad civil a favor de las víctimas es de $77,042.00 dólares.

La primera audiencia en contra de los imputados se realizó en el Juzgado Primero de Paz de San Salvador, el caso pasa a la etapa de instrucción.

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Judicial

Ordenan Prisión contra Gerardo Quijada, Mister Miyagui, por un nuevo caso de estafa

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El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador decretó, en audiencia inicial, la detención provisional en contra de Gerardo Quijada Orellana, mejor conocido como “Mr. Miyagui”, por el delito de estafa en perjuicio de una víctima.

De acuerdo con las investigaciones, en abril de 2024, la víctima decidió llevar su vehículo al taller “GQ Racing”, propiedad de Quijada, para realizar una reparación.

Tras hacerle un scáner, le dijeron que la reparación por el cambio de árbol de llaves y cárter tendría un costo de $1,000, a lo que la víctima accedió y canceló.

 

El día de la entrega del vehículo, la víctima reportó el mismo fallo mecánico, razón por la que volvió a llevar el vehículo al taller, donde Quijada Orellana asumió el costo de la supuesta reparación por problemas en la bomba de gasolina. La víctima pidió que le entregaran la pieza dañada, pero el ahora procesado se negó.

El problema en el vehículo continúo, la víctima decidió llevar su vehículo a otro taller donde le diagnosticaron que el problema era con la caja de velocidades, con un costo de $1,200.

La víctima intentó contactar a Gerardo Quijada Orellana para que asumiera los costos, pero nunca le respondió

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Judicial

Dura condena para niñera que arrebató la vida de su pequeño hijo en Santa Tecla

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A 26 años de prisión fue condenada Flor Arely Molina tras ser hallada culpable de arrebatarle la vida a un pequeño de solo dos años y medio de edad, informó la Fiscalía General de la República (FGR), la tarde del viernes.

La FGR explicó que el menor perdió la vida tras ser golpeado. “Este lamentable hecho ocurrió en noviembre de 2023, en Santa Tecla, La Libertad”, añadieron autoridades.

Según el reporte, Molina era la cuidadora o niñera del menor, y fue valiéndose de esa situación que sucedieron los hechos.

Tras el desfile de pruebas el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla impuso la sentencia ante la contundencia de las mismas. Por su parte, la Fiscalía dijo sentirse satisfecha con la condena.

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