La Constancia fue reconocida como la segunda empresa con mejor reputación de El Salvador, de acuerdo con los resultados del ranking MERCO Empresas El Salvador 2025, consolidándose además como el número uno del sector de Alimentación y Bebidas.

Este reconocimiento trasciende una posición en el ranking y valida el modelo de gestión de La Constancia, basado en principios de ética empresarial, sostenibilidad, apoyo a sus clientes, fortalecimiento de su cadena de valor e impulso al talento y a la economía nacional.

MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación que mide la reputación de las empresas a partir de la percepción de distintos grupos de interés, entre ellos directivos, periodistas, analistas financieros y consumidores, y evalúa aspectos como la ética, la transparencia, la innovación y la responsabilidad corporativa. En este contexto, el resultado obtenido por La Constancia reconoce una forma de hacer empresa responsable, consistente y orientada al largo plazo.

El desempeño de la compañía es reflejo del trabajo de sus colaboradores, de la confianza de consumidores y clientes en todo el país, y del vínculo permanente con pequeños comercios, proveedores y aliados que forman parte de su cadena de valor.

Adicionalmente, Carol Colorado, directora Legal y de Asuntos Corporativos de La  Constancia, fue reconocida en el ranking MERCO Líderes El Salvador 2025 como una de las 10 personas con mejor reputación del país, siendo la única mujer en integrar este top 10, un reconocimiento que refuerza el compromiso de la compañía con el liderazgo responsable y la diversidad.

Al respecto, Carol Colorado señaló:

“Este reconocimiento confirma que operar con integridad, constancia, compromiso con el país y visión de largo plazo, genera confianza. En La Constancia asumimos la reputación como una responsabilidad diaria, comprometidos con generar valor para nuestros colaboradores, clientes, nuestra cadena de valor y para El Salvador.”

Con más de un siglo de trayectoria en el país, La Constancia reafirma su compromiso de seguir impulsando un crecimiento sostenible, fortaleciendo su aporte económico y social, y construyendo relaciones de confianza con todos sus grupos de interés.

La justicia laboral francesa ha dado la razón al actual delantero del Real Madrid en su pugna financiera contra su antiguo equipo. La resolución, emitida este martes, pone fin a meses de especulaciones y batallas administrativas sobre los pagos que el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi había retenido.

El fallo del Consejo de Prud’hommes establece que los montos adeudados corresponden a salarios devengados y primas que estaban estipuladas en el contrato del futbolista y que no fueron liquidadas tras su salida hacia el fútbol español.

La disputa se originó cuando el PSG decidió congelar ciertos pagos, argumentando la existencia de un “acuerdo de caballeros” en el que el jugador supuestamente renunciaba a ciertas bonificaciones si se marchaba libre. Sin embargo, el tribunal ha considerado que:

Validez Contractual: Las obligaciones firmadas en el contrato prevalecen sobre acuerdos verbales no formalizados.
Impago Salarial: La retención de sueldos y primas de fidelidad carecía de base legal suficiente bajo la normativa laboral francesa.
Monto Total: La cifra de 61 millones de euros incluye tanto los salarios brutos pendientes como las bonificaciones que el jugador reclamaba desde su desvinculación oficial el pasado verano.

Un revés para la directiva de Al-Khelaïfi
Esta sentencia representa una derrota significativa para la estrategia legal del PSG, que ya había recibido advertencias previas por parte de los comités de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia. Aunque el club aún tiene la opción de apelar la decisión ante instancias superiores, el fallo de Prud’hommes otorga a Mbappé una victoria contundente en el terreno judicial.

Para el astro francés, este veredicto reafirma su postura de que los contratos deben cumplirse íntegramente, cerrando así uno de los capítulos más tensos de su carrera fuera de los terrenos de juego.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que designa el fentanilo como un arma de destrucción masiva, una medida que, afirmó, busca reforzar la respuesta del gobierno federal frente a la crisis provocada por esta droga sintética.

El anuncio lo hizo durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en la que subrayó la gravedad del impacto en el país del fentanilo, al que responsabilizó de miles de muertes por sobredosis cada año y de alimentar redes criminales transnacionales.

“Con esta histórica orden ejecutiva que firmaré hoy, clasificamos formalmente el fentanilo como un arma de destrucción masiva, que es lo que es”, dijo.

La Casa Blanca, que compartió la información en sus redes sociales, afirmó que la medida desplegará todas las herramientas para combatir a los cárteles y las redes extranjeras “responsables de inundar comunidades con esta sustancia mortal”.

Indicó que es la principal causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años.

¿Qué dice la orden ejecutiva que declara el fentanilo como un arma de destrucción masiva?

La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump establece que el fentanilo debe ser tratado como un arma de destrucción masiva debido a su alta letalidad y al impacto que ha tenido en la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos.

El documento señala que apenas dos miligramos de esta sustancia, una cantidad casi imperceptible, pueden causar la muerte, y responsabiliza a las redes criminales organizadas de haber provocado la muerte de cientos de miles de personas por sobredosis.

Advierte además que la fabricación y distribución de fentanilo, así como de sus principales precursores químicos, financia a cárteles y organizaciones terroristas extranjeras, alimenta la violencia armada y representa una amenaza directa para la seguridad del país y sus fronteras.

También subraya el riesgo de que el fentanilo sea utilizado como arma en ataques terroristas de gran escala.

La orden instruye a varias agencias federales a reforzar la lucha contra esta droga.

Entre las medidas previstas figuran el inicio inmediato de investigaciones y procesamientos penales más severos por parte del Departamento de Justicia, el uso de sanciones financieras contra quienes participen o apoyen el tráfico de fentanilo, y la posible asignación de recursos del Departamento de Defensa para apoyar la aplicación de la ley.

Asimismo, se ordena actualizar los protocolos de respuesta de las Fuerzas Armadas ante incidentes químicos en territorio estadounidense para incluir la amenaza del fentanilo, y utilizar inteligencia relacionada con armas de destrucción masiva para identificar y desmantelar redes de contrabando.