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Arsobispo de San Salvador dice que hay seguridad con cercos militares
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, destacó que el cerco militar ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en Soyapango como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, no sólo es un derecho sino una obligación del Estado, como parte de la persecución del crimen.
El prelado católico sostuvo que si existe el crimen es obligación del Estado darle persecución y que el gobierno lo ejecuta guardando y respetando los derechos de las personas honestas, lo que hace más legítima la operación.
«Es una novedad (el cerco militar) porque no se había hecho, en cualquier sociedad civilizada se debe hacer. El problema de violencia era grave, esperamos que todos estos esfuerzos nos lleven a una paz social», dijo Escobar Alas.
El arzobispo sostiene que con estas acciones se está llevando seguridad a aquellas familias que han sufrido por años el flagelo de la violencia, que estuvieron privados de poder salir o entrar a comunidades de algunos sectores y que, lejos de molestarse, ahora muestran su satisfacción con la implementación de este cerco militar.
«El sentir de la población, es lo que se ha visto, las personas se sienten contentas, se sienten seguras, las personas han sufrido mucho porque no pueden salir de su comunidad. Estas operaciones , si bien es un esfuerzo y una tensión, lo requiere la comisión del crimen, si hubo crimen habrá una persecución del crimen y eso es una obligación del Estado», indicó.
De acuerdo al representante de la iglesia católica, las intervenciones realizadas por el gobierno en esta operación han garantizado y protegido los derechos de las personas honestas.
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Condena por extorsión contra pandillera en El Salvador cierra proceso iniciado con orden de captura en 2009
La Fiscalía General de la República de El Salvador informó sobre la condena de 15 años de prisión contra una integrante de la pandilla Barrio 18 por extorsionar a un comerciante en Soyapango, en un caso que se remonta a una orden de captura emitida en 2009.
La condenada fue identificada como Silvia María Carrero Vanegas, quien, según la investigación fiscal, exigía mercadería a la víctima a cambio de no atentar contra su vida, la de su familia o la de sus empleados.
Según autoridades, la imputada mantenía una orden judicial vigente por el delito de extorsión desde ese año, vinculada a su presunta actividad dentro de la estructura criminal.
De acuerdo con reportes oficiales, la mujer fue ubicada en 2024 en el municipio de Mejicanos, en un operativo informado por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
Durante el procedimiento, personal femenino de la Fuerza Armada de El Salvador identificó tatuajes asociados a la pandilla.
La sentencia fue impuesta por el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador. La Fiscalía indicó además que la condenada también será procesada por el delito de agrupaciones ilícitas.
Autoridades señalaron que el caso forma parte de procesos judiciales contra estructuras criminales vinculadas a delitos de extorsión y agrupaciones ilícitas en el país.
La Policía Nacional Civil informó esta tarde sobre la captura de Francisco Alonso Posada Delgado, un miembro de pandilla con antecedentes por delitos como intento de homicidio, robo y portación ilegal de arma de fuego.
El detenido, alias «Little Vago», es señalado por la institución policial como integrante de la pandilla Barrio 18 Sureños.
De acuerdo con la policía, el sospechoso modificó los tatuajes asociados a la estructura criminal con el objetivo de evadir controles de seguridad en el marco de operativos contra pandillas.
La captura se realizó en la 29 Avenida Norte, Mejicanos, San Salvador Centro, con apoyo de unidades de inteligencia policial.
El detenido será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas, mientras continúan las investigaciones relacionadas con su actividad delictiva.
El Instituto Sindical Italiano para la Cooperación al Desarrollo (ISCOS) El Salvador presentó ayer los resultados del impacto ambiental alcanzados con el proyecto Lempa Vivo. Esta iniciativa, con una inversión de 1.800.00 millones de euros [$2,136,348], fue financiada por el Gobierno de Italia y la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS) y ejecutada por ISCOS y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con la directora de país de ISCOS, Evelyn Rivera, este es el cierre del proyecto que se ejecutó durante 40 meses en cuatro humedales del país: Complejo La Laguna Güija, 5 de septiembre, Cerrón Grande y 15 de Septiembre. Además, se desarrollaron diferentes acciones en 11 Áreas Naturales Protegidas (ANS) del país.
«Dentro de los logros que podemos mencionar son 120 unidades de producción familiar que se han implementado agroecológicamente, cuatro agromercados distritales, hemos acercado la producción de nuestros productores hacia la población local en sus comunidades», dijo Rivera.
Asimismo, agregó que trabajaron ampliamente en investigaciones científicas de índole ambiental como el atlas de aves acuáticas de los cuatro humedales, estudios científicos sobre la tortuga, un atlas de mapas para el manejo y control de incendios forestales. También en una serie de instrumentos nacionales, como también las dos fichas Ramsar para que puedan ser presentadas por parte del Gobierno en la Convención Internacional Ramsar para solicitar la declaratoria del embalse 5 de noviembre y 15 de septiembre como sitio Ramsar.
El proyecto benefició directamente a más de 2,800 personas e indirectamente a los habitantes de Santa Ana, Cuscatlán, Chalatenango, San Vicente y Cabañas. Sin embargo, su alcance llega a toda la población salvadoreña al proteger uno de los afluentes más importantes del país.
Por su parte, el embajador de Italia en El Salvador, Paolo Rozo, señaló que este es un proyecto relevante porque se refiere a un lugar emblemático de El Salvador desde el punto de vista del ecosistema y su país ha enfocado la atención para preservar y ayudar a las autoridades salvadoreñas en la protección del medioambiente.
«Este proyecto se ha realizado en específicas áreas protegidas y también la intervención en caso de calamidades naturales con especial énfasis en los incendios que pueden amenazar la fauna y la vegetación de este importante ecosistema de El Salvador», dijo Rozo.
Durante el cierre del proyecto, el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, afirmó que esta iniciativa demuestra, con hechos, que la protección del ambiente no es un discurso, sino una política pública en ejecución en una nueva realidad.
«Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió. «Es un eje estratégico para la seguridad hídrica, la producción, la resiliencia y el bienestar de miles de familias salvadoreñas. Proteger el Lempa es proteger la estabilidad ambiental, económica y social del país», detalló.
De acuerdo con el titular del MARN, estos tres años de trabajo continuo fueron respaldados por una inversión estratégica, que hoy se traduce en capacidades instaladas, infraestructura fortalecida y acciones concretas que impactan directamente en el territorio.
«Desde el Ministerio de Medio Ambiente, reiteramos nuestro compromiso de seguir impulsando acciones firmes, sostenidas y estratégicas para la protección del río Lempa y de todos los ecosistemas que sostienen la vida y el desarrollo nacional», añadió.
