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Arsobispo de San Salvador dice que hay seguridad con cercos militares
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, destacó que el cerco militar ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en Soyapango como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, no sólo es un derecho sino una obligación del Estado, como parte de la persecución del crimen.
El prelado católico sostuvo que si existe el crimen es obligación del Estado darle persecución y que el gobierno lo ejecuta guardando y respetando los derechos de las personas honestas, lo que hace más legítima la operación.
«Es una novedad (el cerco militar) porque no se había hecho, en cualquier sociedad civilizada se debe hacer. El problema de violencia era grave, esperamos que todos estos esfuerzos nos lleven a una paz social», dijo Escobar Alas.
El arzobispo sostiene que con estas acciones se está llevando seguridad a aquellas familias que han sufrido por años el flagelo de la violencia, que estuvieron privados de poder salir o entrar a comunidades de algunos sectores y que, lejos de molestarse, ahora muestran su satisfacción con la implementación de este cerco militar.
«El sentir de la población, es lo que se ha visto, las personas se sienten contentas, se sienten seguras, las personas han sufrido mucho porque no pueden salir de su comunidad. Estas operaciones , si bien es un esfuerzo y una tensión, lo requiere la comisión del crimen, si hubo crimen habrá una persecución del crimen y eso es una obligación del Estado», indicó.
De acuerdo al representante de la iglesia católica, las intervenciones realizadas por el gobierno en esta operación han garantizado y protegido los derechos de las personas honestas.
Internacionales
EE.UU prende las alarmas por nueva tormenta invernal entre el 31 de enero y el 2 de febrero
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos emitió advertencias para la costa este por el avance de una tormenta nor’easter que podría afectar a más de 50 millones de habitantes entre el 31 de enero y el 2 de febrero de 2026. El fenómeno reúne condiciones para provocar nevadas, vientos intensos y oleaje elevado en ciudades clave como Nueva York, Boston, Filadelfia y Washington D.C.
Según reportes del NWS y actualizaciones de The Weather Channel, el evento meteorológico se desarrolla mientras la región aún enfrenta secuelas de una nevada reciente, lo que incrementa la vulnerabilidad de la infraestructura y la movilidad. Las autoridades han elevado el nivel de vigilancia en los estados del Atlántico medio y noreste, anticipando posibles interrupciones en el transporte y el suministro eléctrico. De acuerdo con el NWS, “se observa un patrón favorable para el desarrollo de una tormenta costera significativa, que podría intensificarse durante el fin de semana”.
De acuerdo con la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), los nor’easters se forman cuando aire frío de origen ártico interactúa con masas cálidas del Atlántico, una situación frecuente entre septiembre y abril. Estos sistemas han causado históricamente impactos severos en el este de Estados Unidos, incluyendo nevadas de magnitud, oleajes peligrosos y daños a la infraestructura. Entre los antecedentes recientes, se destacan la tormenta de 2015 y la Superstorm de 1993, ambas documentadas por la NOAA y citadas por ABC News.
¿Qué es un nor’easter y por qué preocupa su llegada?
Un nor’easter es un sistema de baja presión que se desarrolla en la costa atlántica de Estados Unidos, caracterizado por vientos predominantes del noreste y precipitaciones intensas. Según la NOAA, estos fenómenos surgen en un corredor que va desde Georgia hasta Nueva Jersey, en un rango de aproximadamente 160 kilómetros a cada lado de la línea costera.
La combinación de aire frío desplazado por el jet stream y la humedad cálida del Atlántico propicia la formación de tormentas intensas. La diferencia de temperatura entre el agua superficial relativamente templada y el aire frío continental alimenta la energía del sistema. De acuerdo con el NWS, “el contraste térmico y la abundante humedad disponible potencian la intensidad y duración de estos eventos”.
La relevancia de estos sistemas radica en su capacidad para afectar a regiones densamente pobladas, en particular el corredor I-95, que comprende a las ciudades más grandes del noreste. Experiencias previas, según la NOAA, demuestran que los nor’easters pueden paralizar la actividad urbana, cortar servicios y dificultar la respuesta de emergencia.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
