Principal
Arsobispo de San Salvador dice que hay seguridad con cercos militares
El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, destacó que el cerco militar ejecutado por el gobierno del presidente Nayib Bukele en Soyapango como parte de la fase 5 del Plan Control Territorial, no sólo es un derecho sino una obligación del Estado, como parte de la persecución del crimen.
El prelado católico sostuvo que si existe el crimen es obligación del Estado darle persecución y que el gobierno lo ejecuta guardando y respetando los derechos de las personas honestas, lo que hace más legítima la operación.
«Es una novedad (el cerco militar) porque no se había hecho, en cualquier sociedad civilizada se debe hacer. El problema de violencia era grave, esperamos que todos estos esfuerzos nos lleven a una paz social», dijo Escobar Alas.
El arzobispo sostiene que con estas acciones se está llevando seguridad a aquellas familias que han sufrido por años el flagelo de la violencia, que estuvieron privados de poder salir o entrar a comunidades de algunos sectores y que, lejos de molestarse, ahora muestran su satisfacción con la implementación de este cerco militar.
«El sentir de la población, es lo que se ha visto, las personas se sienten contentas, se sienten seguras, las personas han sufrido mucho porque no pueden salir de su comunidad. Estas operaciones , si bien es un esfuerzo y una tensión, lo requiere la comisión del crimen, si hubo crimen habrá una persecución del crimen y eso es una obligación del Estado», indicó.
De acuerdo al representante de la iglesia católica, las intervenciones realizadas por el gobierno en esta operación han garantizado y protegido los derechos de las personas honestas.
Internacionales
Declaran culpable de asesinato a padre de menor autor de tiroteo en escuela de EE.UU.
Un jurado en el estado de Georgia (sureste) declaró a Colin Gray, de 55 años, culpable de asesinato en segundo grado, homicidio involuntario y otros delitos en relación con el tiroteo de septiembre de 2024 en la escuela secundaria Apalachee, cometido por su hijo Colt.
Dos estudiantes de 14 años y dos profesores murieron, y nueve personas resultaron heridas en el tiroteo ocurrido en Winder, Georgia.
Colt Gray, que entonces tenía 14 años y ahora tiene 16, fue imputado como adulto y está a la espera de fecha de juicio.
Durante los alegatos iniciales del juicio de dos semanas contra el padre, los fiscales dijeron que le compró a su hijo el rifle AR-15 utilizado en el tiroteo. Se lo regaló en la Navidad de 2023, a pesar de las advertencias de que su hijo había amenazado con llevar a cabo un tiroteo.
Según el FBI, agentes entrevistaron a Colt Gray, entonces de 13 años, ya su padre Colin, en mayo de 2023, después de recibir denuncias anónimas sobre amenazas online de cometer un tiroteo en una escuela.
«Este caso se trata de este acusado y de sus actos, al permitir que un menor que está bajo su custodia tuviera acceso a un arma de fuego y municiones después de haber sido advertido de que ese menor iba a hacer daño a otras personas», dijo el fiscal del condado de Barrow, Brad Smith.
El abogado defensor Brian Hobbs dijo al jurado que Colin Gray desconocía las intenciones de su hijo y había buscado ayuda para el deterioro de su salud mental.
Los tiroteos en escuelas son habituales en Estados Unidos, donde hay más armas que personas y las normas para comprar incluso poderosos rifles de estilo militar son laxas.
En los últimos años, la responsabilidad de los padres de menores en los tiroteos masivos ha recibido una creciente atención.
Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes estadounidenses están a favor de controles más estrictos para la compra de armas de fuego, pero el poderoso lobby armamentista de la Asociación Nacional del Rifle se opone a restricciones adicionales y los legisladores han fracasado varias veces en tomar medidas al respecto.
Internacionales
Teherán, una ciudad fantasma bajo las bombas
La bulliciosa Teherán parece ahora una ciudad fantasma. Los que no pudieron huir permanecen encerrados en sus casas, angustiados por si hay más explosiones, con Israel y Estados Unidos redoblando sus bombardeos contra los edificios vinculados a las autoridades este martes.
«Me da miedo caminar por las calles desiertas, pues las bombas siguen cayendo del cielo», dice Samireh, una enfermera de 33 años.
En la capital iraní, que en general tiene unos 10 millones de habitantes, «hay tan poca gente que parece que aquí no haya vivido nadie nunca», agrega la mujer, que prefiere no decir su apellido.
Por cuarto día consecutivo, Teherán se vio sacudida por fuertes detonaciones, que dejaron tras de sí espesas humaredas grises elevándose hacia el cielo azul, observaron periodistas de AFP.
«Cuando oímos los ruidos de los bombardeos, dependiendo de lo cerca que esté el impacto, sentimos cómo tiemblan las puertas y ventanas», cuenta Saghar, de 31 años.
Los barrios más afectados son los que albergan los centros del poder, como ministerios, tribunales o el cuartel general de los Guardianes de la Revolución, bombardeado el domingo.
Elnaz, de 39 años, dice que es «difícil» protegerse pues los ataques también apuntan contra las viviendas de los policías. «No conocemos a todos nuestros vecinos», señala.
El martes de madrugada, Israel instó a evacuar a los residentes del barrio en el que se encuentran los estudios de la televisión estatal, Irib. Pero lo hizo por la red X y muy pocos vecinos lo vieron debido al corte de internet.
La plaza Ferdowsi, una de las principales intersecciones de la ciudad, está ahora llena de edificios dañados por las explosiones. Entre los escombros, se yergue una bandera de la república islámica.
No muy lejos, un gran cartel que ocupa toda la fachada de un inmueble muestra la cara del guía supremo Alí Jamenei, que murió el sábado en los bombardeos.
En los principales cruces hay policías apostados, fuerzas de seguridad armadas y vehículos blindados, que realizan controles aleatorios de los vehículos que pasan.
El gobierno iraní instó el sábado a los habitantes de Teherán a abandonar la ciudad «manteniendo la calma», tras los primeros bombardeos israelíes y estadounidenses contra la residencia de Jamenei.
«Tengo que quedarme porque soy enfermera, si no, seguramente ya me habría ido de la capita», subraya Samireh.
En el norte de Teherán, en una zona más acogedora, parece que muchos vecinos se fueron. El maullido de los gatos y el trino de los pájaros han sustituido al jaleo habitual de los atascos.
Las cafeterías y los restaurantes de moda, en general muy animados por la noche, están cerrados.
Por las calles ya no pasea nadie y casi todos los vehículos que aún circulan son los que abastecen a las tiendas de alimentación aún abiertas, donde se forman largas filas para comprar pan.
La mayoría de los puestos del bazar de Tajrish están cerrados. Un vendedor de ropa espera con impaciencia que pase algún cliente, sentado junto a una camiseta con la bandera de la república islámica estampada.
En otras circunstancias, los bazares de la capital estarían de lo más animados ante la cercanía del Nouruz, el año nuevo del calendario persa, que se celebra en torno al 21 de marzo.
Normalmente, las semanas que lo preceden suelen ser las de más ajetreo para los comerciantes, que realizan buena parte de su facturación en esos días.
Es también un período de dicha para los iraníes, que aprovechan para juntarse con familiares y amigos e intentar olvidar los problemas del día a día, muchos de ellos a causa de la fuerte inflación.
Principal
Conapina protege la permanencia de la niñez vulnerada en el sector educativo
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.




