Más de 300 surcoreanos se encontraban entre las 475 personas arrestadas en una redada migratoria en una fábrica de baterías de Hyundai y LG Energy Solution en el sureste de Estados Unidos, informó el sábado el gobierno de Corea del Sur.

Según las autoridades estadounidenses, el allanamiento de la planta ubicada en Ellabell, en el estado de Georgia, fue la mayor redada en un solo sitio en el marco de la cruzada antiinmigratoria del presidente Donald Trump.

Desde Seúl, el ministro de Asuntos Exteriores Cho Hyun dijo en una reunión de emergencia que de los 475 detenidos «se cree que más de 300 son nuestros ciudadanos».

«Estamos profundamente preocupados y sentimos una gran responsabilidad por este asunto», declaró, y expresó su disposición a viajar a Washington para reunirse con las autoridades si fuera necesario.

Trump, consultado por periodistas el viernes, respaldó la labor del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). «Diría que eran extranjeros ilegales y que el ICE solo estaba haciendo su trabajo», dijo.

En rueda de prensa el viernes, Steven Schrank, agente especial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en Atlanta, señaló que la operación realizada el jueves fue consecuencia de una «investigación penal sobre denuncias de prácticas laborales ilegales y graves delitos federales».

Los 475 detenidos estaban «presentes ilegalmente en Estados Unidos» y «trabajando de forma ilegal» y fueron puestos a disposición del ICE para su posible expulsión, afirmó.

Antes de las declaraciones de Cho, el gobierno de Corea del Sur había instado a Washington a respetar los derechos de sus ciudadanos.

«Las actividades económicas de nuestros inversionistas y los derechos e intereses legítimos de nuestros nacionales no deben verse injustamente vulnerados en el curso de la aplicación de la ley en Estados Unidos», sostuvo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores surcoreano, Lee Jae-woong.

LG Energy Solution indicó el sábado que del total de detenidos, unos 47 (46 surcoreanos y un indonesio) eran empleados directos de la empresa, en tanto alrededor de 250 eran empleados de subcontratistas.

Hyundai dijo el viernes no tener conocimiento de que alguno de los detenidos estuviera «empleado directamente» por la empresa.

Según el gobierno de Trump, algunos de los arrestados habían cruzado ilegalmente la frontera de Estados Unidos, otros habían llegado con visas que les prohibían trabajar o habían excedido la duración de sus visas de trabajo.

«Esta operación subraya nuestro compromiso de proteger empleos para los georgianos y los estadounidenses, asegurar una competencia justa para las empresas que cumplen con la ley, salvaguardar la integridad de nuestra economía y proteger a los trabajadores de la explotación», subrayó Schrank.

Corea del Sur, la cuarta mayor economía de Asia, es un fabricante clave de automóviles y productor de productos electrónicos, con múltiples plantas en Estados Unidos.

En julio, Seúl se comprometió a invertir 350.000 millones de dólares en territorio estadounidense tras las amenazas arancelarias de Trump, quien busca revivir el sector manufacturero en Estados Unidos.

El mandatario republicano inició un segundo mandato en enero con la promesa de implementar el programa de expulsión de inmigrantes más grande en la historia de su país.-

Desde entonces, su gobierno ha aplicado con la mayor firmeza medidas contra los aproximadamente 11 millones de personas en situación migratoria irregular presentes en Estados Unidos.

La Antorcha Centroamericana de la Paz y la Libertad continúa su paso por El Salvador y este día llegó a la zona oriental del país.

En los departamentos de Usulután y San Miguel, la actividad contó con el acompañamiento de elementos de la Fuerza Armada de El Salvador , quienes se sumaron como símbolo del compromiso con la unidad, la paz y la libertad de los pueblos centroamericanos.

El recorrido de la antorcha forma parte de las celebraciones patrias en el marco de la independencia, fortaleciendo el espíritu cívico y la hermandad regional.

El Juzgado de Paz de Concepción de Ataco dictó una condena de 25 años de cárcel contra Carlos Alfonso Jiménez Arévalo, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su hijo de 44 años. La sentencia se emitió tras un procedimiento abreviado, en el que el imputado confesó los hechos.

El crimen ocurrió el 22 de agosto de 2025, cuando Jiménez Arévalo llegó por la noche al bar de su hijo, ubicado en el barrio El Centro de Concepción de Ataco, supuestamente para dejar unos documentos. Una discusión por motivos personales escaló rápidamente y el padre sacó un arma de fuego, disparando contra la víctima, quien falleció de manera inmediata. La esposa del fallecido presenció los hechos, intentó auxiliarlo y logró contactar a la Policía Nacional Civil, que capturó al agresor en flagrancia.

El condenado, exmiembro de la extinta Guardia Nacional y posteriormente empleado de seguridad privada, aceptó su responsabilidad mediante el procedimiento abreviado, permitiendo que la sentencia se resolviera en menos de 15 días. Este caso marca la primera condena en el país resuelta con este mecanismo, destacando la rapidez y eficiencia del sistema judicial salvadoreño.