Política
Ministerio de Trabajo investiga empresas que no pagan ISSS ni AFP de sus trabajadores debido a denuncias
Rolando Castro, ministro de Trabajo, dijo el lunes que hay empresas que no están pagando las retenciones del ISSS y AFP de sus empelados como lo dicta la ley.
Según Castro, hay casos específicos en los que esos fondos se retienen al trabajador pero no llegan al ISSS ni a las AFP y que todo eso cuenta para la atención médica y en el proceso para el retiro de la vida laboral.
La ley salvadoreña referente al empleo y sus condiciones contempla como una obligación que el trabajador aporte una parte y el empleador la otra de los pagos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las AFP; sin embargo, en El Salvador hay empresas privadas y hasta entidades públicas que se están quedando con el dinero de entre 60,000 y 100,000 personas, según lo afirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
“Hay empresas que no están mandado, e incluso instituciones públicas, que no mandan las retenciones legales ni al Seguro Social, ni a las administradoras… de 950 mil personas que en el Seguro Social están registradas y que deberían de tener retención legal, el dato preliminar es que son cerca entre 60 mil y 100 mil personas a los que no les está llegando eso. Nos quedamos anonadados», aseguró el ministro Rolando Castro.
El funcionario dijo que esas prácticas no son problemas administrativos sino que constituyen delitos y deben ser penados como corresponde.
“Eso no solamente es una sanción de tipo administrativa, sino un delito de carácter penal. A esas empresas que se estén quedando, o instituciones públicas, con las retenciones legales de los trabajadores vamos a proceder de forma directa con la Fiscalía General de la República”, dijo el titular de Trabajo.
“Hay personas que están teniendo serias dificultades de salud con enfermedades terminales producto de esta irresponsabilidad… Vamos a entrar en este problema y no solo los inspectores, este ministro va a andar en muchos de ellos (inspecciones)”, advirtió Castro.
La noche del lunes el ministro viajó hasta La Unión para verificar que se estén respetando los derechos de los trabajadores en la empra de atún Calvo.
La Asamblea Legislativa aprobó este martes la 42ª prórroga del régimen de excepción, que estará vigente hasta el 2 de octubre próximo. La medida, solicitada por el Ejecutivo a través del Consejo de Ministros, fue avalada con los votos de las bancadas de Nuevas Ideas, PCN y PDC.
Durante la sesión plenaria, la solicitud fue ingresada con modificación de agenda propuesta por el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, y aprobada con dispensa de trámites. La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, votó en contra, mientras que los legisladores de ARENA, Marcela Villatoro y Francisco Lira, no participaron en la votación.
Según la petición del Ejecutivo, la extensión del régimen busca mantener el combate contra remanentes de pandillas que aún operan en algunas comunidades y garantizar la seguridad ciudadana.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida señalando que gracias al régimen de excepción y al Plan Control Territorial, El Salvador cerró 2024 con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, y proyecta finalizar 2025 con un índice entre 1 y 1.3.
El régimen de excepción fue decretado por primera vez el 27 de marzo de 2022 y desde entonces ha sido prorrogado de manera continua.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
