Política
Ministerio de Trabajo investiga empresas que no pagan ISSS ni AFP de sus trabajadores debido a denuncias
Rolando Castro, ministro de Trabajo, dijo el lunes que hay empresas que no están pagando las retenciones del ISSS y AFP de sus empelados como lo dicta la ley.
Según Castro, hay casos específicos en los que esos fondos se retienen al trabajador pero no llegan al ISSS ni a las AFP y que todo eso cuenta para la atención médica y en el proceso para el retiro de la vida laboral.
La ley salvadoreña referente al empleo y sus condiciones contempla como una obligación que el trabajador aporte una parte y el empleador la otra de los pagos al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y las AFP; sin embargo, en El Salvador hay empresas privadas y hasta entidades públicas que se están quedando con el dinero de entre 60,000 y 100,000 personas, según lo afirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
“Hay empresas que no están mandado, e incluso instituciones públicas, que no mandan las retenciones legales ni al Seguro Social, ni a las administradoras… de 950 mil personas que en el Seguro Social están registradas y que deberían de tener retención legal, el dato preliminar es que son cerca entre 60 mil y 100 mil personas a los que no les está llegando eso. Nos quedamos anonadados», aseguró el ministro Rolando Castro.
El funcionario dijo que esas prácticas no son problemas administrativos sino que constituyen delitos y deben ser penados como corresponde.
“Eso no solamente es una sanción de tipo administrativa, sino un delito de carácter penal. A esas empresas que se estén quedando, o instituciones públicas, con las retenciones legales de los trabajadores vamos a proceder de forma directa con la Fiscalía General de la República”, dijo el titular de Trabajo.
“Hay personas que están teniendo serias dificultades de salud con enfermedades terminales producto de esta irresponsabilidad… Vamos a entrar en este problema y no solo los inspectores, este ministro va a andar en muchos de ellos (inspecciones)”, advirtió Castro.
La noche del lunes el ministro viajó hasta La Unión para verificar que se estén respetando los derechos de los trabajadores en la empra de atún Calvo.
Durante la jornada de elecciones internas del Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), en redes sociales circuló un video en el que se observa una de las sedes habilitadas sin afluencia de personas para la elección del nuevo COENA, lo que ha generado señalamientos y cuestionamientos sobre la participación en el proceso.
Sin embargo, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA), Carlos García Saade, confirmó que el partido competirá en todas las elecciones del próximo año, incluida la presidencial, como parte de su estrategia política de cara a los comicios.
García Saade detalló que la selección de candidatos estará a cargo de la Comisión Electoral Nacional (CEN) y que las elecciones internas se desarrollarán en julio, en conjunto con la definición de aspirantes a diputaciones y concejos municipales.
El dirigente también afirmó que el objetivo del partido es incrementar su caudal de votos y ampliar su representación a nivel nacional. “Vamos a crecer, vamos a ganar más diputados, más alcaldías y más concejales en oposición”, expresó, al tiempo que señaló la necesidad de generar un mayor equilibrio de poder en el país.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
En el marco del proceso electoral 2027, la Corte de Cuentas de la República (CCR) se prepara para implementar la contraloría respectiva.
Walter Sosa, presidente de la CCR, afirmó que se reforzarán los mecanismos para la emisión de constancias a los aspirantes de candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la república, diputados y concejos municipales.
«En términos prácticos, esto implica que la CCR verifica que los aspirantes a candidatos no tengan sentencias condenatorias pendientes de pago. Es decir, revisamos en las siete Cámaras de Primera Instancia y en la Cámara de Segunda Instancia que los aspirantes a candidatos no tengan al momento de la solicitud sentencia ejecutoriada pendiente de pago», explicó.
Lo anterior se ejecuta de conformidad con los artículos 152, 160 y 166 del Código Electoral, los que establecen que los aspirantes deben presentar una constancia extendida por el presidente de la CCR, en cumplimiento de un requisito indispensable para su inscripción.
«Para garantizar el cumplimiento de esta disposición legal, la Corte de Cuentas mantiene de forma permanente el servicio de emisión de constancias y, durante los períodos electorales, refuerza su capacidad operativa para agilizar este proceso emitiendo un instructivo que socializaremos en el momento propicio de acuerdo con el calendario electoral, contribuyendo así a la transparencia y legalidad del evento electoral», puntualizó el presidente del ente contralor.
