Política
Esto es lo que se puede comprar con el bono que van a recibir los diputados salientes
La junta directiva de la Asamblea Legislativa aprobó el pago de un bono parcial a los 29 diputados salientes, algo que ha generado polémica en la opinión pública debido a los montos que se han destinado.
Según el reporte financiero del Órgano Legislativo, serán 25 diputados que tendrán derecho a recibir un pago de $2,616.72 cada uno, mientras que otros dos por ser secretarios se llevarían $3,156.56 cada uno y dos vicepresidentes salientes recibirán $3,396.35 cada uno.
El presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, confirmó que el pago que se hará a cada legislador es por el 65% del salario, esto considerando que por ley el pago de este bono se hará efectivo en junio, mes en el que se pagará este incentivo a quienes lograron la reelección y siguen en el Órgano Legislativo.
Este porcentaje para los salientes incluso es superior a lo devengado, porque si se tomara en cuenta solo el tiempo laborado el porcentaje debería representar una tercera parte, es decir, 33% y no el 65%.
Desde la jefatura de la fracción del FMLN se ha señalado que sus 19 diputados salientes no tienen contemplado cobrar este bono. No obstante, son pocos los que han demostrado su renuncia a este derecho de manera escrita.
Este escenario ya se presentó en la Asamblea Legislativa en diciembre, en ese entonces El Salvador Times logró comprobar que de los 84 diputados solo Jackeline Rivera no lo cobró. Aunque varios de estos dijeron no haberlo tomado, no han demostrado su renuncia por escrito.
El dinero que van a recibir los diputados de la llanura ($2,616.72) implicaría para una persona que trabaja ganando el salario mínimo ($300) un esfuerzo de ocho meses. Esto sin contar las deducciones de ley.
Este mismo bono serviría para darle a 13 familias la canasta básica completa, la cual según una de las últimas proyecciones de la Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) está valorada en $198.20.
Un diputado saliente que cobre los $2,616.72 tendría la capacidad de, como mínimo, darle un tambo de gas de 16 libras –cuyo precio sin subsidio es de $16.19- a 161 familias. Asimismo, podría llenar el tanque completo de hasta 87 carros de motor 1.7 con gasolina regular.
Con esa cantidad se podría pagar la prima de una casa de vivienda popular, que por lo general representa un 10% del costo global. Es decir que se podría dar la prima de una vivienda de $26,000. Asimismo, se podrían pagar siete cuotas de $350 de un carro de agencia que como precio total sea de $13,000.
Y para quienes tengan gustos más exigentes, el bono podría significar el boleto de ida a Rusia, país en el que en junio se comienza a jugar el mundial y cuyo precio de boleto anda por encima de los $4,000.
A continuación presentamos la lista de los diputados que tienen derecho a esta prestación, remarcando que el FMLN ha dicho que no cobrará el bono ni tampoco en la legislatura que está por entrar.
FMLN (Han dicho que no recibirán bono)
Vicepresidentes salientes (Salario neto: $5,225.15 / 65%= $3,396.35)
Lorena Peña
Santiago Flores
Secretarios y jefa de fracción salientes (Salario neto $4,854.30 / 65%= $3,156.56)
Guillermo Mata
Jackeline Rivera
Norma Guevara
Diputados de pleno (Salario neto: $4,025.72 / 65%= $2,616.72)
Ana María Alvarenga
Blandino Nerio
Yohalmo Cabrera
Omar Cuéllar
Medardo González Trejo
Estela Hernández
Rolando Mata
Misael Mejía
Calixto Mejía
José Santos Melara
Zoila Quijada
Nelson Quintanilla
Sonia Rodríguez
Jaime Valdez
ARENA
Diputados de pleno (Salario neto: $4,025.72 / 65%= $2,616.72)
Ana Vilma de Escobar
Carmen Elena Calderón
Arístides Corpeño
Jorge Escobar
Vicente Hernández Gómez
Ernesto Muyshondt
Carolina Rodríguez
Juan Valiente
Johnny Wright
GANA
Diputados de pleno (Salario neto: $4,025.72 / 65%= $2,616.72)
Juan Pablo Herrera
PCN
Diputados de pleno (Salario neto: $4,025.72 / 65%= $2,616.72)
Cristina López
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
