Política
Llevar niños menores de ocho años en la moto podría ser considerado una falta muy grave
El diputado del PCN Reynaldo Cardoza propuso considerar a como falta muy grave que los conductores que lleven a niños menores de ocho años cuando viajan en motocicleta.
Con el objetivo de evitar que niños resulten lesionados o muertos en accidentes de tránsito donde se ven involucrados motociclistas.
En el reglamento de tránsito se contempla como sanción llevar a un niño, pero el diputado Cardoza busca convertirlo en infracción administrativa que actualmente incluye una multa de $54. 14 dólares.
La ley actual prioriza el uso del casco como medida de seguridad, mientras que el legislador considera que su uso no asegura la integridad del menor, tal como manda la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA).
Por otra parte señala que al no contemplar la seguridad de los niños se incumple con la Ley Lepina “También la integridad física radica en temas de transporte terrestre, por lo que el Estado debe procurar medidas legislativas idóneas”, indicó.
Debido a que se pide tipificar una conducta como una infracción al reglamento de Tránsito, la misma debe de incorporarse dentro de las tres formas de infracción actualmente contempladas como lo son las faltas leves, graves y muy graves, con multas que van desde los $11 hasta los $57.14 la última.
“El simple hecho de poner en riesgo la integridad física de un niño que por la ley se ha catalogado como alguien que requiere especial cuidado consagrado en la LEPINA y la Convención sobre los Derechos del Niño, considero que esta acción es constitutiva de una infracción que debe estar tipificada en la ley y catalogarse como muy grave”, planteó.
En la correspondencia se deja a manos de los diputados de la comisión que atienda la petición el estipular qué tipo de falta es, a pesar del planteamiento de Cardoza.
Los diputados analizan desde hace semanas una propuesta para elevar las multas, que fue entregada a la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de la Asamblea por las anteriores autoridades de tránsito.
La propuesta de las autoridades de tránsito marcada desde los $500 para las leves, $1,000 para las graves y $1,500 para las muy graves. Otra de las propuestas contempla sanciones desde los $900 a los $1,000 a quienes transgredan las normas de tránsito.
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
