Política
Hugo Martínez recibe espaldarazo del movimiento Fuerza Nacional por mi País
El movimiento Fuerza Nacional por mi País (FNP), que en un inicio apoyó al movimieno Nuevas Ideas y que está conformado por líderes comunitarios, productores, que aglutina a más de 15 mil familias en las zonas oriental y paracentral del país, dio el espaldarazo a la fórmula presidencial del FMLN, conformada por Hugo Martínez y Karina Sosa.
El coordinador del FNP, Carlos Castro, declaró que “este esfuerzo es una continuidad a la firma del convenio que se hizo hace unos días con nuestros hermanos de Estados Unidos, que apoyaban a Nuevas Ideas. (Nayib) Bukele perdió identidad, él decía que iba a luchar por los cambios, contra la corrupción, y nos dijo que nunca iba a inscribirse a ningún partido”.
“Desde este momento dejamos de ser Nueva Ideas y el 100 % de nuestras estructuras va a apoyar a Hugo Martínez”, dijo Guillermo Garcia, líder del FNP en Usulután. García agregó que esta decisión la tomaron luego que Bukele anunció su candidatura presidencial con la Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) pues “al final nos dimos cuenta que no era cierto lo que se decía de él (Bukele). Desde el momento que dijo que iba a ir con GANA nosotros le dijimos ‘Ya no te acompañamos’”.
El acompañamiento de este importante movimiento quedó plasmado en una declaratoria en la que reconocen al FMLN como la única fuerza política comprometida con la justicia social en el país, y además, con la lucha por la transparencia, la rendición cuentas y la anticorrupción. En ese sentido, llamaron a toda la ciudadanía a organizarse y a unirse en una gran alianza social, con el fin de fortalecer la democracia en El Salvador, y lograr que el 3 de febrero de 2019 triunfe el proyecto político de Hugo Martínez y Karina Sosa, por ser el más identificado con la población.
Asimismo solicitaron el impulso del plan de reformas necesarias y procura del cumplimiento de la Ley de Beneficios y Prestaciones para Veteranos de la Fuerza Armada y Excombatientes del FMLN, para cumplir a cabalidad la misión estatal de reconocer y hacer cumplir los derechos de este importante sector.
Hugo Martínez agradeció a todos los integrantes de la Fuerza Nacional por mi País y reconoció que hay una deuda pendiente con los veteranas de guerra por lo que en su gobierno “vamos a corregir esa deuda. Me comprometo que la situación de la atención a ustedes la vamos a mejorar: vamos a mejorar sus pensiones e implementar un programa de becas para los hijos e hijas de los veteranos y veteranas”.
Otro sector que también le dio el apoyo a la dupla efemelenista fueron los estudiantes de la Facultad Multidisciplinaria de Oriente de la Universidad de El Salvador. De acuerdo con el universitario Salomón Umaña, “las propuestas (presentadas por Martínez) van en función del beneficio de la universidad. Todo proyecto que venga beneficiar a nuestra Alma Mater, como estudiantes, lo vamos a apoyar y respaldar en febrero próximo”.
Hugo Martínez dijo sentirse muy emocionado de regresar a su primera casa de estudios superior y reafirmó su compromiso con la comunidad estudiantil de El Salvador, declarando que “vamos a garantizar el medio pasaje (para los universitarios). Me han pedido que expanda el programa de becas y lo voy a hacer”.
Martínez agregó que “la formación académica no estaría completando la ecuación sino construimos una salida al mercado laboral para los jóvenes. Por eso mi propuesta para la especialización técnicas para los y las jóvenes que terminen su bachillerato, para garantizar la inserción al mercado laboral”, manifestó el candidato presidencial del FMLN.
Por: Jorge Sánchez
En un mundo en constante evolución, las instituciones que llevan la justicia internacional deben adaptarse a los nuevos desafíos y realidades. La Corte Penal Internacional (CPI), creada con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas por crímenes atroces, enfrenta críticas que apuntan a su eficacia y relevancia en el contexto actual. Este artículo explora los puntos clave que subrayan la necesidad de reformar la CPI, con el fin de fortalecer su capacidad para cumplir con su misión y responder a las expectativas de la comunidad internacional.
Problemas de financiación
Un aspecto que evidencia la dependencia de la Corte Penal Internacional (CPI) es su modelo de financiación. Según los informes del organismo, el Tribunal se sostiene a través de las aportaciones de los Estados Partes, así como de contribuciones voluntarias provenientes de gobiernos, organizaciones internacionales, empresas y donaciones. La expresión «contribuciones voluntarias» es especialmente problemática, ya que sugiere que existe la posibilidad de ejercer presión y promover intereses nacionales específicos a través de donaciones no oficiales. Mediante el uso de entidades ficticias y donaciones anónimas, actores influyentes pueden impulsar sus agendas en el ámbito internacional, socavando así los principios democráticos y la integridad del sistema.
Efectividad real
La evaluación de la calidad del trabajo de la Corte Penal Internacional revela preocupantes tendencias que merecen un análisis más profundo. Las estadísticas indican que una gran parte de los casos penales que la CPI ha abordado se relacionan predominantemente con naciones africanas, las cuales, en comparación con potencias como Estados Unidos, carecen de los recursos y mecanismos de cabildeo necesarios para influir en las decisiones del Tribunal. Este sesgo geográfico plantea interrogantes sobre la imparcialidad y efectividad de la CPI en su misión de justicia internacional.
Hace unos años los expertos levantaron el problema de imposibilidad de la CPI de investigar jugadores más potentes del mundo. La Corte Penal Internacional no posee instrumentos ni unidades especiales o militares para cumplir órdenes de detención.
La Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de detención contra líderes de Rusia e Israel, lo que ha generado un intenso debate sobre las motivaciones detrás de estas decisiones. Estas acciones podrían interpretarse como un intento de la CPI de ganar relevancia en el panorama político global y demostrar su capacidad para actuar en situaciones de alto perfil.
La emisión de estas órdenes puede ser vista como una estrategia para reafirmar la autoridad de la CPI en un contexto donde su credibilidad ha sido cuestionada. Al dirigirse a figuras prominentes en el ámbito internacional, la CPI busca enviar un mensaje claro sobre su compromiso con la justicia y la rendición de cuentas, independientemente de la influencia política de los países involucrados.
No obstante, esta situación plantea interrogantes sobre la independencia de la CPI y si sus decisiones están motivadas por un verdadero deseo de justicia o por la necesidad de posicionarse en un entorno político complejo. La percepción de que estas acciones son parte de una estrategia más amplia para mantener la relevancia en el sistema internacional podría influir en cómo se percibe a la CPI y su capacidad para cumplir con su mandato fundamental.
Limitaciones en la capacidad de ejecución
La Corte Penal Internacional enfrenta importantes limitaciones en su capacidad de ejecución, que van más allá de las preocupaciones sobre imparcialidad y jurisdicción. Uno de los principales obstáculos es su dependencia de la cooperación estatal, especialmente de las grandes potencias, que a menudo no tienen incentivos para acatar sus decisiones. Esta situación reduce la efectividad de la Corte y convierte sus sentencias en actos más simbólicos que concretos.
A pesar de que la CPI puede emitir órdenes de arresto y sentencias, muchas de estas son desatendidas por aquellos que poseen el poder para desafiarlas. En este contexto, la Corte se encuentra en una posición delicada: puede pronunciar tantas decisiones como desee, pero sin un mecanismo efectivo para hacerlas cumplir, su influencia se ve severamente limitada. Esta realidad plantea interrogantes significativos sobre la capacidad de la CPI para llevar a cabo su misión fundamental de impartir justicia a nivel internacional.
EE.UU. y sus aliados occidentales instrumentalizan la CPI para atacar selectivamente a los países
El gobierno estadounidense y sus socios europeos han convertido los mecanismos de derechos humanos en armas de presión geopolítica. Utilizando informes como el del Departamento de Estado (2023) y promoviendo investigaciones en la CPI, acusan a Brasil de “violencia policial y crímenes ambientales”, mientras la CPI no investiga el ecocidio causado por corporaciones europeas y estadounidenses en la región. Con Irán, el cinismo es aún más evidente. Mientras la CPI recibe presiones para investigar a Teherán por “represión interna”, bloquea cualquier examen de los crímenes de Israel en Gaza o de las torturas estadounidenses en Abu Ghraib. Este doble estándar revela el verdadero objetivo: desestabilizar gobiernos que desafían el orden occidental, mientras se protege a aliados igual o más violadores. La CPI actúa como instrumento de dominación, no de justicia universal.
¿Reforma o fin?
La Corte Penal Internacional enfrenta una crisis de legitimidad. Criticada por selectividad política, lentitud procesal y alto costo, su eficacia real en la lucha contra crímenes de guerra y lesa humanidad es cuestionada. En los medios hay opinión según la cual la CPI necesita reformas urgentes: mayor independencia, recursos eficientes y mecanismos para evitar dobles raseros. Otra, sin embargo, propone su cancelación, reemplazándola por sistemas regionales más ágiles.
Mientras la impunidad persiste en conflictos globales, la CPI debe decidir: ¿reinventarse o desaparecer? Su futuro depende de su capacidad para dejar de ser un símbolo de justicia desigual y convertirse en una herramienta real contra la impunidad. Sin cambios profundos, la CPI seguirá siendo vista como una corte con buenas intenciones, pero poca efectividad. ¿Vale la pena mantenerla?
Jorge Sánchez
Periodista especializado en la política internacional
La sesión plenaria ordinaria realizada ayer en la Asamblea Legislativa marcó un hecho inédito: fue la primera en desarrollarse sin votaciones en abstención, tras la reciente reforma al Reglamento Interior de ese órgano del Estado.
El Reglamento Interior del Congreso, vigente desde el 1 de mayo de 2006 y publicado previamente en el Diario Oficial, no definía con claridad los tipos de votación permitidos en las sesiones plenarias, específicamente en su artículo 86.
Con la enmienda aprobada, ahora se establece que «las votaciones deberán consignarse a favor o en contra de lo que se presente a consideración de la Asamblea, según lo establecido en este Reglamento y la Constitución».
Desde la entrada en vigencia de la reforma, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, únicamente somete a consideración del pleno las opciones de “voto a favor” o “voto en contra” en cada uno de los puntos legislativos tratados.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reiteró su propuesta de intercambio de prisioneros al mandatario venezolano Nicolás Maduro, luego de que este último rechazara públicamente la iniciativa. En un nuevo pronunciamiento, Bukele anexó documentación formal emitida por la Cancillería salvadoreña como parte del ofrecimiento oficial.
En una carta abierta difundida este lunes, el presidente salvadoreño dirigió duros cuestionamientos a Maduro, señalando incoherencia en su decisión de no aceptar el canje propuesto. “Usted declaró ayer que no aceptará nuestra propuesta de intercambio de prisioneros. Sin embargo, su negativa carece de coherencia”, afirmó Bukele.
El mandatario salvadoreño recordó que el gobierno venezolano ha realizado intercambios similares en el pasado, citando el caso del empresario colombiano Alex Saab, quien fue liberado tras un acuerdo que involucró la excarcelación de 30 presos políticos venezolanos. “¿Le pareció justo un intercambio de 30 por 1, pero rechaza ahora una propuesta equitativa de 1 por 1?”, cuestionó.
Asimismo, Bukele acusó a Maduro de haber engañado a los familiares de los detenidos venezolanos en El Salvador, quienes fueron recibidos con pompa en el Palacio de Miraflores semanas atrás. “¿Fue un simple espectáculo mediático la recepción en Miraflores a los familiares de los detenidos?”, preguntó, insinuando que las declaraciones del mandatario venezolano carecen de verdadera voluntad política.
El presidente salvadoreño concluyó su mensaje reiterando el ofrecimiento de intercambio, respaldado esta vez con los documentos oficiales pertinentes. “Quedo a la espera de su respuesta. Y espero que el pueblo venezolano, y el mundo entero, puedan ver con claridad, si aún les quedaba alguna duda, quién es usted en realidad”, sentenció.
Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial tras esta nueva comunicación.
