Política
Director de Centros Penales insiste en necesidad de tener medidas extraordinarias por más tiempo: «No bastan seis meses»
El director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, señaló que el país tiene la necesidad que las medidas extraordinarias en seis centros penales se vuelvan permanentes, esto ya que van acorde a los planes de prevención y reinserción que se han diseñado.
El funcionario también dejó ver la necesidad que se tienen de otros seis meses para la vigencia de las medidas, tomando en cuenta que la Asamblea Legislativa decidió dar una prórroga de seis meses.
«No bastan seis meses, se van a dar cuenta de en qué nivel de avance van a ir», señaló el director de Centros Penales, quien agregó que «el plazo lo veíamos en vista de los planes y proyectos que están en desarrollo en los centros penitenciarios».
Según el criterio del Ejecutivo, las medidas incluso habían evitado nuevas masacres, esto debido a la poca comunicación que los internos tienen con sus compinches en el exterior y recordó que «las medidas ayudaron a la depuración interna de miembros que se prestaban a cometer ilícitos».
El funcionario también señaló la necesidad que hay de cumplir con el bloqueo de señales telefónicas, ya que “hay dos centros en los que se ha instalado la tecnología, pero quedan cuatro pendientes».
Otro de los puntos que se tiene en discusión es el de las visitas controladas y programadas que se podrían permitir en cierto tipo de reos que se encuentran recluidos e los seis centros penitenciarios con medidas.
“La visita va a ser programada, controlada y aislada con una estructura para aislar el contacto de la visita con el interno», explicó el funcionario, quien señaló que se han tenido casos de traslado de reos a cárceles con un régimen menor debido a su comportamiento.
«Estamos reclasificando, separando a los sujetos más violentos, que dañan más a la sociedad, los que han estado ordenando crímenes y los estamos ubicando en un nivel de mayor seguridad», anunció Lima.
Según los números señalados por Lima, «estamos llegando casi a los 39,000 privados de libertad en penales y en las bartolinas andamos cerca de los 4,000l; la población privada de libertad anda en las 44,000 personas».
Lima rindió estas declaraciones en la entrevista del Noticiero Hechos de canal 12.
Por: El Salvador Times.
Warner Velásquez
Diversos estudios de opinión realizados en períodos preelectorales y poselectorales evidencian un respaldo mayoritario de la población salvadoreña a la reelección presidencial, ahora permitida de forma indefinida tras las reformas constitucionales avaladas por la Asamblea Legislativa en julio pasado.
El Centro de Estudios Ciudadanos (CEC) de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) reportó en octubre de 2022 que el 77.2 % apoyaba la reelección del presidente Nayib Bukele para los comicios de 2024. Un año después, en junio de 2023, la cifra se mantuvo en niveles similares, con un 76.5 % de respaldo.
Por su parte, el Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la UCA señaló en noviembre de 2023 que casi el 70 % de los encuestados estaba de acuerdo con que Bukele optara por un segundo mandato (2024-2029). La más reciente encuesta de junio de 2025 reafirmó esta tendencia, al mostrar que el 70.6 % de la ciudadanía respalda su eventual postulación a un tercer período presidencial, frente a un 25.4 % que expresó desacuerdo.
Entre los principales motivos de apoyo, los salvadoreños mencionaron los avances en seguridad pública, la continuidad de proyectos sociales y la negativa a retornar a los gobiernos de ARENA y FMLN.
Para el analista político Nelson Flores, la aceptación responde a que la población “necesita obras sociales que solventen sus necesidades, y eso es lo que el presidente les entrega”. En la misma línea, el sociólogo Mauricio Rodríguez afirmó que los ciudadanos respaldan la reelección indefinida porque “están satisfechos con el trabajo del presidente y buscan dar continuidad a los programas y proyectos de nación”.
El sistema de salud pública salvadoreño experimentará una transformación con la aprobación de la Ley de Creación de la Red Nacional de Hospitales, avalada por 57 votos en la Asamblea Legislativa. La normativa busca mejorar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios médicos en el país mediante una estructura moderna y con autonomía administrativa.
La red operará de forma independiente al Ministerio de Salud, aunque en coordinación con esta institución. Incluirá atención integral en prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos.
El presidente del Congreso, Ernesto Castro, afirmó que la construcción del nuevo Hospital Rosales marcará el inicio de esta reforma y descartó que se trate de una privatización del sistema. Según explicó, la ley permitirá agilizar la compra de medicamentos, contratación de médicos y equipamiento hospitalario.
El marco legal contempla además la creación de un Sistema de Becas para la Formación y Especialización Médica, que obligará a estudiantes y especialistas formados en la red a prestar un servicio de cinco años en el sistema a partir de 2026. Los profesionales recibirán salarios entre $3,800 y $4,500, dependiendo de sus especialidades.
La Red Nacional será dirigida por una junta directiva encabezada por un presidente ejecutivo, designado por el Presidente de la República. También participarán el ministro de Salud y representantes de instituciones como la Dirección de Obras Municipales y la Dirección Nacional de Compras Públicas.
Entre sus principales funciones estarán administrar fondos, adquirir insumos médicos, supervisar hospitales, promover la formación especializada y regular la práctica profesional. Los médicos de la red estarán sujetos a sanciones en caso de negligencia, impericia o mala praxis.
Con esta reforma, el Gobierno busca consolidar un nuevo modelo hospitalario que, según sus promotores, garantizará mayor eficiencia y atención digna a la población salvadoreña.
Nacionales
Fiscal General presenta opinión técnica sobre reformas a la Ley contra el Crimen Organizado
El Fiscal General, Rodolfo Delgado, participó este día en la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa para brindar su opinión técnica sobre las reformas a la Ley contra el Crimen Organizado, propuestas por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública.
Delgado destacó que estas modificaciones representan la mayor reforma en materia procesal penal desde 1998, y permitirán iniciar juicios contra personas detenidas en el marco del Régimen de Excepción. “Estas reformas son importantes porque priorizan el combate a las organizaciones criminales con estructuras jerárquicas y permiten la persecución de grupos transnacionales que operan de manera sistemática en el país”, señaló.
Asimismo, el Fiscal General resaltó la inclusión de un rol definido para el juez de menores dentro del proceso penal, asegurando que se respeten los derechos de adolescentes detenidos vinculados a pandillas. “El juez de menores garantiza los derechos previstos en tratados y convenciones internacionales, mientras que el juez de crimen organizado dirige el proceso y analiza la evidencia”, explicó Delgado.
El Fiscal General consideró que las reformas fortalecerán la labor de los fiscales y mantendrán el equilibrio de las garantías procesales para los detenidos, además de facilitar el manejo de los más de 600 procesos judiciales relacionados con las 88,750 personas capturadas hasta la fecha.
