Política
CEPA prioriza la modernización de puertos y terminales áreas en su presupuesto 2023
Los diputados de la Comisión de Hacienda recibieron este lunes al presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), Federico Anliker, para conocer el uso que la institución hará de los fondos asignados para el próximo año.
El funcionario detalló que con la finalidad de prestar un servicio seguro y eficiente a los usuarios, las prioridades de la autónoma serán adquirir, mantener y mejorar la infraestructura y el equipo operativo en las instalaciones portuarias y aeroportuarias del país.
«Siguiendo con la modernización de las instituciones ordenada por el Presidente Nayib Bukele, vamos a continuar con la rehabilitación de la infraestructura y también adquirir equipo de alta tecnología para mejorar la atención a los usuarios», expuso el titular de CEPA.
Anliker señaló que la falta de interés de los gobiernos anteriores para promover al país como un destino atractivo para turistas e inversionistas provocó que las terminales portuarias y aeroportuarias estuvieran abandonadas.
«Tenemos un puerto de Acajutla que, desde que se construyó en la década de los sesenta, no había recibido ningún mantenimiento por parte de administraciones pasadas», reprochó el funcionario.
De acuerdo al proyecto de Presupuesto de 2023, los recursos asignados a la institución permitirán la ampliación del área de estacionamiento, la ampliación la zona de chequeo y además contribuirá a desarrollar programas y proyectos que vayan en concordancia con los planes de desarrollo nacional.
El diputado Nuevas Ideas, Carlos Bruch, reafirmó el compromiso de la nueva Asamblea por apoyar el trabajo de las instituciones que bajo el liderazgo del presidente Bukele siguen transformando la imagen de El Salvador ante el mundo.
«Esta Asamblea esta lista para seguir apoyando la modernización de nuestras terminales portuarias y aeroportuarias, ya que hemos visto cómo este trabajo impulsa el turismo y dinamiza la economía”, apuntó el legislador.
El politólogo Óscar Martínez Peñate reiteró ayer que la población eliminará, a través de su voto en los comicios generales de 2027, al FMLN y ARENA como partidos políticos.
Inicialmente planteó que el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, del cual es integrante, solicitaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la cancelación de ambos partidos, pues varios de sus dirigentes negociaron con las pandillas para tener respaldo en las urnas.
«Como Círculo de Reflexión Política Siglo XXI decidimos que no le vamos a quitar ese privilegio y derecho a la población, para que sea quien elimine a estos dos partidos, en las elecciones de 2027, por todo el daño que le han causado a El Salvador», reafirmó.
Ernesto Muyshondt, de ARENA, yasí como Benito Lara y Arístides Valencia, del FMLN, en su calidad de diputados se reunieron con pandilleros y negociaron el respaldo de las estructuras criminales para los comicios presidenciales de 2014, según investigación de la Fiscalía General de la República. Ya fueron dictadas sentencias por ese delito.
Los dos partidos gobernaron de 1989 a 2019, y ahora carecen de la preferencia ciudadana, según mostró la última encuesta de CID Gallup.
«No queremos quitarle la maravillosa oportunidad al pueblo salvadoreño de que vayan a las urnas y lo hagan de mano propia (eliminar a ARENA y FMLN)», declaró también el abogado Aldo Álvarez, integrante del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
Opinión | Óscar Martínez Peñate
Politólogo
Este artículo fue publicado originalmente por Diario El Salvador.
La Asamblea Legislativa aprobó ayer la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, propuesta por el Ejecutivo, para contribuir con la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador brindando alternativas innovadoras a los ciudadanos para la satisfacción de sus necesidades en cuanto al servicio básico de electricidad.
La normativa, que consta de 15 artículos y fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, busca «el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables, ya sea convencionales o no, así como para su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución».
Incentiva actividades económicas como la importación, la venta o la comercialización de sistemas o equipamientos de generación de energía eléctrica producida por fuentes renovables convencionales o no, la adquisición y la instalación de los referidos equipos para autoconsumo de los usuarios finales y el servicio de mantenimientos de estos.
Los usuarios finales de este tipo de energía gozarán de incentivos fiscales durante un período de 10 años por la importación, la comercialización, la instalación y el mantenimiento de los sistemas de generación de energía con fuentes renovables, que quedarán eximidos de todo gravamen.
La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) regulará los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios. La Defensoría del Consumidor, por su parte, se encargará de velar porque los beneficios otorgados a las empresas se reflejen en los precios al usuario.
El Salvador tiene vigente la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables en la generación de electricidad, pero la nueva normativa establece «beneficios fiscales claros, los derechos de los usuarios finales y las obligaciones de estos».
El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.
«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.
El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.
La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.
Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.
