Política
Calleja y Martínez a favor porque se revelen documentos de la guerra y en contra de pactar con pandillas
En el primer debate entre candidatos presidenciales en la Universidad de El Salvador (UES) los aspirantes se comprometieron a a revelar los documentos sobre el pasado conflicto armado para buscar la verdad de los hechos y reconocer a las familias de las víctimas. Por otro lado, reiteraron que pactar con las pandillas no será una solución en la lucha que cada uno propone para combatir la delincuencia.
El candidato del FMLN, Hugo Martínez, planteó que el derecho a la verdad es lo mínimo que se le debería dar a los familiares de las victimas y él, dijo, ha trabajado en programas de reparación moral
«Es importante conocer la verdad, es importante avanzar en un proceso de justicia restaurativa que permita que se conozca la verdad y se responsabilice a aquellos que ejecutaron esos atroces crímenes, en el Mozote no estamos hablando de un asesinado, de dos asesinatos, sino que de miles de personas que fueron asesinadas, entre ellos niñas y niños», dijo en su intervención.
Mientras que el candidato presidencial de la coalición de partidos ARENA, PCN, PDC y DS, Carlos Calleja, dijo estar de acuerdo en revelarlo, pero que se debe hacer de ambos bandos porque los crímenes lo hicieron ambos.
«Nuestro país ha sufrido mucho, se debe tener un objetivo y es la reconciliación de nación, el conflicto sigue en la sociedad, el dolor necesita sanear, como presidente lo que voy a buscar es como unimos en la sociedad, busco ser un puente entre ideologías, entre la sociedad… para construir un país tenemos que ver hacia atrás y enmendar los problemas del pasado que se dieron en ambos lados en el conflicto», dijo el tricolor.
Por su parte, el candidato presidencial de VAMOS, Josué Alvarado también estuvo de acuerdo y agregó: “Dejaremos a las instituciones para que den esa aclaración sobre la verdad”.
No quieren pactar con pandillas
Los tres candidatos fueron contundentes en sus discursos y aseguraron que no van a repetir estrategias como pactar con pandillas para combatir los altos índices de criminalidad que vive el país.
Alvarado dijo que se debe trabajar en la prevención y reinserción. «Sabemos que se han hecho cosas y que toda la clase política está envuelta en eso, mayormente en campaña, vamos a recuperar los territorios llevando lo social, básicamente, pero más de cerca con las comunidades para buscarle una solución al problema», señaló.
Mientras que el oficialista Martínez explicó que él con quien dialogará es con los jóvenes de este país, pero que no lo hará con «un tipo que tiene 25 asesinatos tras sus espaldas, no voy a dialogar con los que están presionando y chantajeando a esos jóvenes que los convierten en víctimas».
El tricolor Callejas dijo: «No podemos sentarnos a negociar con los capos o con las pandillas, pero tengo años de estar hablando con jóvenes, trabajando con ellos y lo que buscan es educación y trabajo y para eso vamos a articular todas las fuerzas de un país, todo un estado para construir una ruta a una mejor vida para no buscarlo en las pandillas».
Por: El Salvador Times.
Foto: Cortesía
El concejo municipal de San Miguel Centro aprobó un incremento en los salarios de sus miembros y de cinco de los seis jefes de los distritos que lo conforman, a partir de 2025, según confirmó la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la alcaldía.
El alcalde Alex Torres, del partido PDC, ha visto un aumento de su salario de $4,200 a $6,000, lo que representa un incremento de $1,800. Sin embargo, en una publicación de Facebook del 3 de mayo de 2024, Torres había prometido que no habría aumentos salariales para él, el síndico ni los concejales, afirmando que era necesario actuar con responsabilidad y coherencia. “Ese fue un acuerdo que tomé junto a mis concejales y mi equipo técnico desde la campaña”, declaró en ese momento.
El síndico también experimentó un aumento significativo, pasando de $2,500 a $4,000, un incremento de $1,500. Por su parte, los concejales, que recibían $328.57 por reunión, ahora obtendrán $500, pasando de $1,314.29 a $2,000 mensuales, con un máximo de cuatro sesiones al mes.
En cuanto a los salarios de los directores de distrito, el director de Chirilagua pasó de $1,200 a $1,700, mientras que el de Moncagua aumentó de $1,200 a $1,600. Los directores de Comacarán y Uluazapa, que recibían $900, ahora ganan $1,000, y el de Quelepa pasó a $1,300. Cabe destacar que el director del distrito de San Miguel no recibió aumento, manteniendo un salario de $2,000.
La administración municipal emitió un comunicado de prensa el 14 de marzo de 2025, donde se justificó el aumento salarial con la promesa de reducir gastos del concejo anterior para destinar esos fondos a obras y proyectos comunitarios. Se mencionó que el concejo anterior gastaba $28,000 anuales en alimentación y otros costos asociados, mientras que la nueva administración ha eliminado estos gastos, así como el uso de vehículos y combustibles municipales por parte de los funcionarios.
La polémica sobre los aumentos salariales en el concejo municipal de San Miguel Centro continúa generando reacciones entre la ciudadanía y los partidos políticos.
El Consejo Nacional del Partido Político Nuevas Ideas ha decidido expulsar de forma inmediata al alcalde José María Chicas, medida respaldada por su Comité de Ética. La decisión responde a la mala administración del edil y a su inacción frente a problemas urgentes en el municipio, destacando la insatisfactoria gestión del refugio en Ilopango, calificada como inaceptable.
A raíz de esta situación, el partido solicita urgentemente al Concejo Municipal de la Alcaldía de San Salvador Este la destitución inmediata de Chicas de su cargo. Nuevas Ideas reitera su compromiso con la transformación de las comunidades y el bienestar de la ciudadanía, subrayando que continuará supervisando que los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente y transparente.
Nacionales -deportes
Ley para prevenir dopaje en el deporte garantizará competiciones en igualdad de condiciones
La salud de los deportistas y las prácticas éticas en las distintas disciplinas son un tema prioritario para el Órgano Legislativo.
Por esa razón, los legisladores aprobaron la creación de la Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje, cuyo objetivo es establecer el marco legal para la prevención y lucha contra el dopaje en el deporte nacional.
La normativa está ligada a los compromisos internacionales asumidos por El Salvador para garantizar el desarrollo de competiciones deportivas en condiciones de igualdad y adaptación a las capacidades naturales de los participantes, evitando su adulteración mediante el uso de sustancias o métodos prohibidos.
Las disposiciones plasmadas en la normativa se interpretarán de acuerdo con la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, el Código Mundial Antidopaje, los estándares internacionales aprobados por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), así como cualquier otro reglamento internacional, aplicable en esta materia.
“Estamos aquí para respaldar este esfuerzo con leyes que protejan a nuestros deportistas y promuevan un ambiente de sana competencia. Tener una Ley de Protección de la Salud en el Deporte y Lucha contra el Dopaje es crucial para garantizar que nuestros atletas puedan competir de una manera justa, saludable y en igualdad de condiciones”, afirmó la diputada Sharon Salazar.
Agregó que valores como la ética deportiva, la igualdad de condiciones de los atletas y su integridad rigen esta normativa.
Por su parte, el parlamentario Raúl Chamagua destacó la importancia de contar con esta ley, porque El Salvador no tenía regulado el tema del dopaje deportivo, pese a que el país se encuentra suscrito a acuerdos internacionales en este tema y corría el riesgo de ser sancionado.
El legislador señaló que con la nueva ley se protegerá la salud de los atletas, se reafirmará la posición del país en contra de cualquier acción que atente contra la esencia del deporte, se envía un mensaje de cambio y compromiso y sobre todo se fomenta una cultura de prevención.
Organización Nacional Antidopaje de El Salvador
La nueva ley contempla la creación de la Organización Nacional Antidopaje de El Salvador (ONAD-ESA) como el máximo órgano técnico nacional con competencias en la prevención, control y sanción del dopaje en el deporte nacional.
La ONAD-ESA estará compuesta por un Comité Supervisor; un gerente general; un Panel Independiente de Audiencia de Primera Instancia, responsable de conocer los procedimientos sobre el cometimiento de las infracciones a las normas antidopaje y garantizar el debido proceso, así como por una Comisión de Atletas que colaborará en la formulación de políticas de prevención y antidopaje en el deporte.
Esta será una entidad desconcentrada del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), con independencia técnica, administrativa y operativa, con el propósito de promover acciones destinadas a garantizar el cumplimiento del principio de juego limpio, el respeto a las normas que rigen el deporte, a los demás competidores y la protección de la salud de quienes participan directa o indirectamente en torneos o eventos deportivos.
Entre sus principales funciones se encuentran las de prevenir, controlar y sancionar el dopaje a escala nacional, además de emitir los reglamentos internos que considere necesarios para garantizar su correcto funcionamiento; promover la investigación antidopaje y la implementación de programas educativos y campañas de divulgación sobre los peligros de esta práctica negativa que atenta la salud y los valores éticos y morales del deporte.
Violaciones de las normas antidopaje
Entre las violaciones a las normas antidopaje se encuentran la presencia de una sustancia prohibida o de sus metabolitos o marcadores en la muestra de un deportista; el uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido; así como el evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterse a la toma de muestras.
También se considerará una falta la manipulación de cualquier parte del proceso de control de dopaje que haga un deportista u otra persona; además de la posesión de una sustancia o método prohibido del deportista o de su personal de apoyo.
Entre otras de las faltas se incluyen el tráfico o intento de tráfico de cualquier sustancia o método prohibido; la administración, o intento de esto, a un deportista durante o fuera de una competición y cualquier tipo de complicidad o intento de esta.
