Política
Asamblea Legislativa aprueba reforma al decreto de emergencia nacional para facilitar las compras directa
En medio de una discusión por la transparencia, la Asamblea Legislativa aprobó esta noche una reforma al decreto de emergencia nacional para facilitar las compras directas que pueda hacer el Poder Ejecutivo en la emergencia por la pandemia del Covid-19.
La reforma permite al Gobierno obviar las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), autoriza las compras en línea y permite al Gobierno dar un anticipo a los proveedores.
La reforma aprobada al artículo 13 del decreto 593 reza: “Autorízase temporalmente la aplicación de lineamientos específicos para compras de emergencia que serán emitidos por el Ministerio de Hacienda a través de la UNAC” relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y detección de la pandemia por Covid-19. La UNAC es la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
La modificación autoriza a “efectuar los pagos correspondientes de manera anticipada”, siempre que haya un documento que garantice que el suministro. Así mismo, indica que se podrán “usar medios tecnológicos y electrónicos”.
El decreto también exige que las compras sean publicadas en el sitio web y a informar a la Asamblea Legislativa en 30 días, una vez culminada la emergencia, sin menoscabo de la revisión de la Corte de Cuentas de la República.
Luego de una discusión, los diputados acordaron que el Gobierno deberá rendir informe cada 30 días con el detalle de los bienes y servicios adquiridos, como el proveedor y el monto erogado.
En el decreto se menciona que la compra de equipo para los hospitales que atenderán la emergencia estará exento de impuestos, aranceles, IVA, entre otros, enumerando algunos: dispositivos médicos, respiradores o ventiladores mecánicos, bombas de infusión continua, monitores cardíacos, electrocardiogramas, camas hospitalarias, insumos médicos, mascarillas quirúrgicas, mascarillas numero 95, trajes de protección especial y aislamiento, guantes, gafas de protección, medicamentos, entre estos, Interferón Alfa 2-B.
El diputado René Portillo Cuadra, de Arena, propuso que “las compras se realizaran bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública”, observación que fue aceptada por la mayoría.
También, aprobaron que la ley tendrá “carácter especial y prevalecerá sobre cualquiera que la contraríe, inclusive sobre los procedimientos de contratación y adquisición establecidos en la Lacap con base en el artículo 173 de esta ley”. En un inicio, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, calificó la aprobación como un congelamiento temporal de la Lacap, algo que fue rechazado por el resto de diputados.
El diputado Guillermo Gallegos, de Gana, reveló que un motivo de la reforma es que el proveedor de unos respiradores artificiales de Brasil solicitó adelanto.
Política
Mientras Claudia Ortiz se defiende, el Gobierno sigue combatiendo a las pandillas con resultados
El 8 de abril de 2024, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, ofreció una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa para abordar las acusaciones que vinculan a su partido con pandillas, en respuesta a un reportaje publicado por el medio digital El Faro.
Ortiz inició su intervención rechazando categóricamente las afirmaciones del Diario El Salvador, medio estatal que, en una columna titulada «Ganó el pueblo» publicada el 19 de febrero, acusó a VAMOS de ser aliado político de las pandillas. La diputada calificó estas aseveraciones como «una rotunda mentira» y anunció que su partido interpuso una demanda de derecho de respuesta ante el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, la cual fue admitida por el órgano judicial .
Durante la conferencia, Ortiz enfatizó que VAMOS solicitó al Diario El Salvador la publicación de una aclaración elaborada por el partido, pero que el medio no ha accedido a dicha petición. Por ello, decidieron elevar el tema a una instancia judicial para que, con base en la ley, se ordene la publicación de la aclaración.
La diputada también abordó el reportaje de El Faro, que incluye una entrevista con un pandillero conocido como «Charlie», quien supuestamente mencionó a VAMOS en sus declaraciones. Ortiz cuestionó la veracidad de la información y expresó su preocupación por el uso de testimonios de criminales para vincular a partidos políticos con actividades ilícitas.
Ortiz reiteró que su partido ha sido firme en condenar cualquier tipo de pacto o negociación con pandillas y ha exigido investigaciones transparentes sobre posibles vínculos entre funcionarios del gobierno y estructuras criminales .
En relación con la seguridad pública, la diputada manifestó que VAMOS aboga por un enfoque que garantice justicia y respeto a los derechos humanos. Señaló que su propuesta es que los criminales sean sancionados conforme a la ley y que los inocentes sean liberados, enfatizando la importancia de no pasar del temor a las pandillas al temor al Estado .
Ortiz también destacó que su partido está comprometido con la construcción de una democracia que beneficie a la población y no solo sea una etiqueta. Hizo un llamado a diversos sectores y liderazgos a unirse a VAMOS para crear un bienestar para el país, señalando que los partidos políticos que ya tuvieron una oportunidad no necesariamente son los más legitimados para abanderar el avance hacia un futuro y una alternativa .
La diputada concluyó su intervención reafirmando el compromiso de VAMOS con la transparencia, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Aseguró que continuarán trabajando para ofrecer una alternativa política que represente los intereses de la ciudadanía y promueva un país más justo y seguro para todos.
La conferencia de prensa de Claudia Ortiz refleja la postura de VAMOS frente a las acusaciones de vínculos con pandillas y su compromiso con la legalidad y la transparencia en el ejercicio político.
Nacionales
Analistas critican a El Faro por favorecer a pandillas y desacreditar avances en seguridad
Los analistas Francisco Góchez y René Martínez cuestionaron duramente una reciente publicación del periódico digital El Faro, la cual expone presuntos vínculos entre el Gobierno y estructuras pandilleriles. Ambos expertos coincidieron en que el reportaje busca desacreditar los avances en materia de seguridad pública y perpetuar una narrativa centrada en los victimarios, dejando de lado a las víctimas de la violencia.
“El reportaje de El Faro, además de ser perverso y pervertidor, forma parte de su permanente narrativa de los victimarios, una narrativa que minimiza sus asesinatos e invisibiliza a las víctimas”, afirmó Martínez, quien también es sociólogo y docente. En su opinión, la publicación intenta restar valor a los resultados del Plan Control Territorial (PCT) y del Régimen de Excepción implementado desde marzo de 2022.
Martínez también atribuyó intenciones políticas y económicas al medio digital: “Buscan generar ingobernabilidad en el país y dañar la imagen del presidente. En el fondo, quieren hacer creer que los tiempos de criminalidad eran mejores y que la paz social lograda no vale nada”.
Analista René Martínez
El Faro ha publicado una serie de reportajes en los que, según sus fuentes, funcionarios del actual gobierno habrían sostenido pactos similares a los que en su momento se atribuyeron a los partidos ARENA y FMLN, lo que ha generado diversas reacciones tanto a nivel político como en la opinión pública.
Por su parte, Góchez sostuvo que los periodistas del medio buscan restar legitimidad a los logros del Gobierno en seguridad, pese a que El Salvador es actualmente considerado uno de los países más seguros del hemisferio occidental. “No solo minimiza el esfuerzo de la Policía Nacional Civil y de todas las instituciones involucradas, sino que, más grave aún, parece anteponer los intereses de estructuras criminales al sufrimiento histórico del pueblo”, expresó.
Según datos oficiales, el régimen de excepción ha permitido la captura de más de 85,900 presuntos pandilleros y ha sido prorrogado en 38 ocasiones. Las autoridades sostienen que esta medida ha sido clave en la reducción sostenida de los homicidios y otros delitos.
Analista Francisco Góchez
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció que en los próximos días dará a conocer el calendario oficial de cara a las elecciones generales del 28 de febrero de 2027, en las que los salvadoreños elegirán a 60 diputados de la Asamblea Legislativa y 44 concejos municipales.
A través de una publicación en su página oficial de Facebook, el organismo electoral señaló: “¿Estás listo para la fiesta electoral de 2027? Ya están definidas las fechas más importantes de cara a las elecciones del 28 de febrero de 2027. ¡Atención! Pronto anunciaremos las fechas previas a la fiesta electoral”.
El calendario, que fue aprobado por unanimidad de los magistrados del TSE el pasado 25 de febrero, incluirá las fechas clave como el cierre del registro electoral, el período para actualizar el domicilio en el Documento Único de Identidad (DUI), y el día en que se realizará la convocatoria oficial a elecciones.
De acuerdo con el artículo 20 del Código Electoral, el registro electoral deberá cerrarse definitivamente 120 días antes de los comicios, lo que sitúa esa fecha límite en octubre de 2026.
Una vez publicado el calendario, se detallarán también los plazos para la inscripción de candidaturas, los períodos de propaganda electoral, así como el inicio y cierre oficial de la campaña. La normativa electoral establece estos procedimientos en los artículos 160, 165 y 172 del Código Electoral, según el tipo de elección.
