Política
Asamblea Legislativa aprueba reforma al decreto de emergencia nacional para facilitar las compras directa
En medio de una discusión por la transparencia, la Asamblea Legislativa aprobó esta noche una reforma al decreto de emergencia nacional para facilitar las compras directas que pueda hacer el Poder Ejecutivo en la emergencia por la pandemia del Covid-19.
La reforma permite al Gobierno obviar las disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap), autoriza las compras en línea y permite al Gobierno dar un anticipo a los proveedores.
La reforma aprobada al artículo 13 del decreto 593 reza: “Autorízase temporalmente la aplicación de lineamientos específicos para compras de emergencia que serán emitidos por el Ministerio de Hacienda a través de la UNAC” relacionadas a la prevención, tratamiento, contención y detección de la pandemia por Covid-19. La UNAC es la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
La modificación autoriza a “efectuar los pagos correspondientes de manera anticipada”, siempre que haya un documento que garantice que el suministro. Así mismo, indica que se podrán “usar medios tecnológicos y electrónicos”.
El decreto también exige que las compras sean publicadas en el sitio web y a informar a la Asamblea Legislativa en 30 días, una vez culminada la emergencia, sin menoscabo de la revisión de la Corte de Cuentas de la República.
Luego de una discusión, los diputados acordaron que el Gobierno deberá rendir informe cada 30 días con el detalle de los bienes y servicios adquiridos, como el proveedor y el monto erogado.
En el decreto se menciona que la compra de equipo para los hospitales que atenderán la emergencia estará exento de impuestos, aranceles, IVA, entre otros, enumerando algunos: dispositivos médicos, respiradores o ventiladores mecánicos, bombas de infusión continua, monitores cardíacos, electrocardiogramas, camas hospitalarias, insumos médicos, mascarillas quirúrgicas, mascarillas numero 95, trajes de protección especial y aislamiento, guantes, gafas de protección, medicamentos, entre estos, Interferón Alfa 2-B.
El diputado René Portillo Cuadra, de Arena, propuso que “las compras se realizaran bajo los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública”, observación que fue aceptada por la mayoría.
También, aprobaron que la ley tendrá “carácter especial y prevalecerá sobre cualquiera que la contraríe, inclusive sobre los procedimientos de contratación y adquisición establecidos en la Lacap con base en el artículo 173 de esta ley”. En un inicio, el diputado Rodolfo Parker, del PDC, calificó la aprobación como un congelamiento temporal de la Lacap, algo que fue rechazado por el resto de diputados.
El diputado Guillermo Gallegos, de Gana, reveló que un motivo de la reforma es que el proveedor de unos respiradores artificiales de Brasil solicitó adelanto.
Política
Presidente Nayib Bukele envía una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa
El presidente Nayib Bukele anunció que este miércoles envió una propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea Legislativa, con la que buscará reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante «medidas claras y contundentes», según informó en su cuenta oficial de X.
Esta ley tiene el objetivo de «obligar a los servidores públicos y a sus familiares a presentar una declaración patrimonial junto con su declaración anual de renta», de forma anual, y que será publicada y accesible para cualquier ciudadano.
El presidente Bukele también propone crear una nueva categoría de delito sancionado con prisión para el testaferrato, es decir, uso de prestanombres. Esta ley busca endurecer las penas por delitos de corrupción entre los funcionarios públicos.
La ley también propone crear un Centro Nacional Anticorrupción que estará encargado de realizar tareas relacionadas a «inteligencia con tecnología avanzada» a cargo de la Fiscalía General de la República. Asimismo, este centro tendría acceso en tiempo real a bases de datos y registros públicos de propiedades, vehículos, entre otros, para detectar actividades sospechosas de forma inmediata.
Este día envié a la Asamblea Legislativa la propuesta de Ley Anticorrupción, un paso decisivo para continuar combatiendo este flagelo en El Salvador.
Esta ley busca reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos mediante medidas claras y contundentes.… pic.twitter.com/9ZEwL92fwE
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 30, 2025
El presidente Bukele también pretende, bajo esta ley, establecer un mandato anticorrupción para la Corte de Cuentas, con vínculo directo a la Fiscalía General de la República, con el objetivo de «perseguir» a los funcionarios acusados de corrupción desde las auditorías.
La de Ley Anticorrupción también propone habilitar ventanillas de denuncia para fomentar la participación activa de la ciudadanía.
«Esta ley es solo el comienzo de un esfuerzo firme para erradicar la corrupción en El Salvador, así como hicimos con las pandillas, los homicidios, las violaciones, los secuestros, la extorsión y la delincuencia, que han quedado en el pasado de nuestro país», concluyó el presidente Nayib Bukele.
La Asamblea Legislativa aprobó la reforma al inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de República, lo que permitirá que una misma legislatura apruebe y ratifique las modificaciones a la Carta Magna.
Con 57 votos a favor fue aprobado esta reforma, que se coloca como un primer paso para la eliminación de la deuda política en el país.
De aprobarse la eliminación de la deuda política en el país, los partidos políticos ya no recibieran fondos públicos para realizar sus campañas electorales, los cuales provenían de una asignación fija en el Presupuesto General de la Nación.
Al eliminarse la deuda política los partidos tendrán que buscar mecanismos para el autofinanciamiento de sus campañas, tal como lo hizo en su momento Nuevas Ideas.
«Prometimos eliminar la deuda política. La gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa. Nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo», dijo el presidente Nayib Bukele.
La deuda política está contemplada en la Constitución de la República, en el artículo 210 que establece que es un mecanismo de financiamiento encaminado a promover la libertad e independencia de los partidos que compiten en una elección.
«No más financiamiento de partidos políticos con el dinero del pueblo», añadió el mandatario salvadoreño.
El debate sobre la deuda política en El Salvador ha cobrado fuerza en los últimos días, impulsado por las declaraciones del presidente Nayib Bukele y la reciente iniciativa del diputado Christian Guevara, jefe de la bancada Nuevas Ideas.
Según el parlamentario, la eliminación de este mecanismo de financiamiento es una necesidad urgente para responder al clamor popular que exige una mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda políticahttps://t.co/LJ1g0JVJeW
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
«Es un honor, en nombre de la @BancadaCyan y del pueblo salvadoreño, solicitar la modificación de agenda para que este pleno, ELIMINE LA DEUDA POLÍTICA y que el #RégimenDeExcepción, siga para proteger a los buenos salvadoreños», dijo Guevara.
#CRONIO Diputado @ChrisGuevaraG jefe de la bancada @nuevasideas informa que ha solicitado a la @AsambleaSV la respectiva reforma para eliminar la deuda política https://t.co/gkdTkuRXFq
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 29, 2025
De acuerdo con datos publicados en los portales de Transparencia del Ministerio de Hacienda y de la Corte de Cuentas de la República (CCR), los partidos ARENA y FMLN manejaron $57,952,913.16 de deuda política entre 2012 y 2018.
Estos recursos fueron entregados a los partidos que gobernaron por 30 años para que financiaran sus campañas presidenciales, de concejos municipales, diputados de la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A detalle, el instituto tricolor recibió en total $32,443,460.05, mientras que para el FMLN fueron $25,509,453.11. El Ministerio de Hacienda transfirió en 2018 de deuda política para ARENA $5,354,777.18, mientras que $4,818,470.77 fueron para el FMLN. Ese año los ciudadanos eligieron diputados y alcaldes para el trienio 2018-2021.
Un año antes, en 2017, al tricolor le fueron transferidos $3,143,284.19 y al FMLN $2,930,749.19. De 2016 no hay reporte de erogaciones para ambos partidos, mientras que en 2015 (año en que se desarrollaron las elecciones de alcaldes y diputados legislativos) ARENA obtuvo $6,777,205.24 y el FMLN $3,799,383.33.
Las elecciones presidenciales de 2014, que dieron como ganador a Salvador Sánchez Cerén, segundo presidente del FMLN y ahora prófugo de la justicia, significaron inicialmente para el partido de izquierda $5,722,760.56 y para el instituto de derecha $4,581,694.32, según datos de Transparencia del Ministerio de Hacienda.
Un informe de la Dirección de Auditoría Uno de la CCR puntualiza que el monto final transferido en concepto de deuda política al FMLN, del 1.° de enero de 2014 al 31 de diciembre de ese año, fue de $8,469,320.90; y para el tricolor -según auditoría de la misma dirección- $9,176,665.60.
En 2013 ARENA percibió $3,694,971.28 y el FMLN $4,843,258.00, mientras que el año anterior, para las elecciones de diputados de la Asamblea Legislativa y concejos municipales para el trienio 2012-2015, Hacienda dio $4,296,556.56 para ARENA y $648,270.92 al FMLN.
La deuda política es reconocida por la Constitución de la República y leyes secundarias. En el artículo 210 de la Carta Magna el Estado reconoce la deuda como un mecanismo de financiamiento «encaminado a promover su libertad e independencia» de los partidos que compiten en una elección.
Mientras que la Ley de Partidos Políticos determina en su artículo 55 que cada instituto o coalición contendiente tendrá derecho a un anticipo del 75 % según los votos obtenidos en la elección anterior del mismo tipo en la que haya participado; en el caso de los partidos o coaliciones que participan por primera vez en un tipo de elección reciben $50,000 de anticipo.
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