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Un total de 100 mil entre rescatistas, guardavidas y colaboradores serán desplegados para atender emergencias en Semana Santa
Como ya es característico del Gobierno de prevenir antes de las emergencias y con la temporada vacacional de Semana Santa a la vuelta de la esquina, el director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, informó este miércoles que el Gobierno ha preparado un total de 100,000 colaboradores entre socorristas, rescatistas, guardavidas, policías y militares para atender todo tipo de percances mientras la población disfruta de un merecido descanso.
«Desde este fin de semana todos los equipos del Sistema Nacional de Protección Civil quedan activados para trabajar de forma articulada, siempre teniendo como principal línea de trabajo salvaguardar la vida de la población», señaló el funcionario.
Detalló que tienen preparada la Unidad de Guardavidas con presencia en más de 100 puntos en 28 playas en todo el país y con 232 elementos. Amaya enfatizó en la importancia de contar con los servicios de guardavidas no solamente en playas y sitios públicos, sino también en propiedades privadas como ranchos.
«A todas las personas que están planeando ir a la playa, si van a un rancho privado o a un hotel exijan que haya guardavidas. En el plan contingencial de verano, hemos estipulado que una de las obligaciones de restaurantes y hoteles de playa es que deben de tener sus guardavidas», expresó el director de Protección Civil.
Por su parte el director del Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), Carlos Núñez, informó que en Semana Santa estarán en funcionamiento 69 unidades de salud, las cuales trabajarán las 24 horas.
«Solo en las unidades de Fosalud serán 2,579 empleados los que trabajarán en la atención de las emergencias en el periodo comprendido entre el 1 y 11 de abril», destacó Núñez.
El equipo de 100,000 colaboradores también estará compuesto por personal del Viceministerio de Transporte y de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes implementarán los controles antidoping en el Área Metropolitana de San Salvador y carreteras, cerca de los destinos puntos de atracción turísticos.
Mientras que, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) pondrá a disposición de la población grúas para prestar auxilio cuando se presenten desperfectos mecánicos.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
