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ÚLTIMA HORA: Ratifican que exfiscal Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz utilizaron pruebas falsas en varios casos, torturaron personas y amenazaron a funcionarios
Los abogados Tania Pastor y Roberto Claros, representantes del exgerente financiero de casa presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, denunciaron penalmente en Fiscalía al exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz, a su primo Wil Walter Ruiz, al exfiscal ajunto Aquiles Parada y a los fiscales Jorge Cortez y Mario Hueso, por actos arbitrarios, coacción, violación al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y falsedad documental agravada.
De acuerdo con la publicación de Diario El Mundo, en la denuncia se ratifica que varios funcionarios fueron amenazados por el exfiscal general Meléndez utilizando ilegalmente el Centro de Escuchas Telefónicas, tales son los casos de la Procuradora General de la República y de la Procuradora de Derechos Humanos. De igual forma, que algunas personas y fiscales fueron sometidos a torturas para que se prestaran a la fabricación de casos, como el denominado “Corruptela”.
En el caso de la procuradora general, la nota periodística detalla que “cuando Rodríguez Arteaga pidió abogado en la Procuraduría General de la República se lo negaron ya que supuestamente Douglas Meléndez tenía amenazada a la procuradora, que su teléfono estaba intervenido y que habían escuchado que su esposo andaba haciendo “transes” con su cargo en la Corte Suprema de Justicia”.
“A la procuradora general en la investigación que se hizo de escuchas telefónicas aparece expuesto el caso de ella, que desde que entró, Meléndez la había amenazado porque el esposo andaba haciendo tratos en nombre de ella”, dijo Tania Pastor.
Amenazas a la Procuradora de Derechos Humanos para no auditar centro de escuchas
Los abogados develan también el mal uso de las escuchas telefónicas por parte del exfiscal general y su equipo cercano, el cual utilizaron para intervenir teléfonos de personas por intereses políticos o económicos.
La procuraduría de Derechos Humanos tiene por mandato realizar auditorías a dicho centro de escuchas; sin embargo, en las denuncias en Fiscalía queda claro que la procuradora Raquel Caballero de Guevara no actuó conforme al mandato constitucional, supuestamente por estar amenazada por Douglas Meléndez Ruiz. Ella misma denunció públicamente que tenía amenazas.
Nota tomada de El Blog
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
Foto: Cortesía
Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
