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ÚLTIMA HORA: Ratifican que exfiscal Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz utilizaron pruebas falsas en varios casos, torturaron personas y amenazaron a funcionarios

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Los abogados Tania Pastor y Roberto Claros, representantes del exgerente financiero de casa presidencial Francisco Rodríguez Arteaga, denunciaron penalmente en Fiscalía al exfiscal general Douglas Meléndez Ruiz, a su primo Wil Walter Ruiz, al exfiscal ajunto Aquiles Parada y a los fiscales Jorge Cortez y Mario Hueso, por  actos arbitrarios, coacción, violación al derecho de defensa, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica y falsedad documental agravada.

De acuerdo con la publicación de Diario El Mundo, en la denuncia se ratifica que varios funcionarios fueron amenazados por el exfiscal general Meléndez utilizando ilegalmente el Centro de Escuchas Telefónicas, tales son los casos de la Procuradora General de la República y de la Procuradora de Derechos Humanos. De igual forma, que algunas personas y fiscales fueron sometidos a torturas para que se prestaran a la fabricación de casos, como el denominado “Corruptela”.

En el caso de la procuradora general, la nota periodística detalla que “cuando Rodríguez Arteaga pidió abogado en la Procuraduría General de la República se lo negaron ya que supuestamente Douglas Meléndez tenía amenazada a la procuradora, que su teléfono estaba intervenido y que habían escuchado que su esposo andaba haciendo “transes” con su cargo en la Corte Suprema de Justicia”.

“A la procuradora general en la investigación que se hizo de escuchas telefónicas aparece expuesto el caso de ella, que desde que entró, Meléndez la había amenazado porque el esposo andaba haciendo tratos en nombre de ella”, dijo Tania Pastor.

Amenazas a la Procuradora de Derechos Humanos para no auditar centro de escuchas

Los abogados develan también el mal uso de las escuchas telefónicas por parte del exfiscal general y su equipo cercano, el cual utilizaron para intervenir teléfonos de personas por intereses políticos o económicos.

La procuraduría de Derechos Humanos tiene por mandato realizar auditorías a dicho centro de escuchas; sin embargo, en las denuncias en Fiscalía queda claro que la procuradora Raquel Caballero de Guevara no actuó conforme al mandato constitucional, supuestamente por estar amenazada por Douglas Meléndez Ruiz. Ella misma denunció públicamente que tenía amenazas.

Nota tomada de El Blog

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Prisión para pandillero que obligó a familia de Panchimalco a abandonar su vivienda

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El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.

La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.

Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.

El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.

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Pandillero enfrenta juicio por asesinar a siete personas en La Paz

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El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.

Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.

El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.

«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.

El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.

Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.

 

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Fidel Zavala deberá regresar más de $50,000 a sus víctimas

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El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.

La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.

Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.

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