Judicial
ÚLTIMA HORA: Condenan a 18 años de internamiento en el Hospital Psiquiátrico al «decapitador» del centro de San Salvador
El joven fue condenado por decapitar a un empleado de una cervecería situada en el centro de San Salvador. Al ser entrevistado al momento de su captura admitió ser el responsable del crimen. La madre del agresor ya no vivía junto a su hijo, debido a que en una ocasión la intentó violar.
El Tribunal Tercero de Sentencia condenó, este miércoles, a Ronald Alexander López Hernández a 18 años de internamiento en el Hospital Nacional Psiquiátrico “Dr. José Molina Martínez”, de San Salvador, luego de ser encontrado culpable de decapitar a un hombre en el centro capitalino. El delito señalado fue homicidio agravado.
El joven de 26 años de edad fue condenado por decapitar a Rogelio Cabrera Gómez, de 64 años, un empleado de una cervecería situada en el centro de San Salvador. Al ser entrevistado al momento de su captura admitió ser el responsable del crimen.
Los hechos ocurrieron el 5 de abril de 2018, entre la 17a. avenida Norte y la 3a. calle Poniente, en el Centro de San Salvador, mismos que fueron cometidos con lujo de barbarie tras utilizar un machete.
López Hernández decapitó a Cabrera Gómez, lo desnudó y luego se vistió con su ropa. Además, estuvo a punto de cercenarle los testículos por completo.
El hombre, con notorios problemas mentales, explicó que la razón que lo llevó a decapitar a la víctima fue porque había perdido su Documento Único de Identidad (DUI) y por ese motivo debía llamar la atención de la Policía Nacional Civil (PNC).
Al momento en que ocurrieron los hechos, agentes de la Policía realizaron un registró la casa de López Hernández, ubicada en el proyecto Santa Teresa, en San Martín. En el sitio encontraron, en una de las habitaciones, gabachas del Hospital Psiquiátrico, esto como una muestra que el hombre era paciente del nosocomio.
Una vecina del sujeto relató a la policía que la madre del agresor, una vendedora de flores, ya no vivía junto a su hijo, debido a que en una ocasión la intentó violar. Luego del hecho, la mujer llegaba únicamente a dejarle la comida por temor a ser atacada de nuevo.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
