Judicial
Suspenden audiencia preliminar contra Mario Huezo por el asesinato de periodista Karla Turcios por falta de pruebas de ADN que solicitó la defensa
El Juzgado Especializado de Instrucción para una vida libre de violencia para las mujeres suspendió de nueva cuenta la audiencia preliminar contra Mario Huezo, acusado del feminicidio agravado de la periodista Karla Turcios.
La Fiscalía General de la República informó que la decisión se debe a que el tribunal no ha recibido los resultados de las pruebas de ADN que solicitó la defensa el agosto pasado.
Las autoridades no revelaron la fecha en que será reprogramada la diligencia.
Huezo es acusado de asesinar en abril de 2018 a su esposa, por odio y menosprecio a la mujer, según determinó el Ministerio Público.
Mario Alberto Huezo fue detenido la noche del lunes 23 de abril, en la zona de Metrocentro San Salvador, nueve días después que supuestamente asesinara a Turcios en el interior de la vivienda que compartían en la colonia Costa Rica, de esta capital.
En su momento el exfiscal General, Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, dijo que las investigaciones ubican a Huezo como responsable de asesinar a su esposa la mañana del sábado 14 de abril en la colonia Costa Rica y luego tirar su cadáver en la calle Longitudinal de Norte, que cruza el cantón Santa Rosa Guachipilín, en el departamento de Santa Ana.
Las autoridades siguieron la activación de las antenas telefónicas de los celulares del imputado y de la fallecida, y que los lleva hasta Santa Rosa Guachipilín.
Eso mismo indican las cámaras de video vigilancia de la ruta que siguió Mario Alberto Huezo para deshacerse del cuerpo y en algunas de las imágenes se observa la figura del hijo de ambos.
Karla Turcios fue asesinada el sábado 14 de abril y su cadáver fue reconocido por su esposo al día siguiente en la morgue de Medicina Legal de Santa Ana.
Los hechos son negados por Mario Huezo y ante las cámaras de los medios de comunicación aseguró que era incapaz de hacerle daño a su compañera de vida.
Sin embargo, la FGR sostienen que Huezo cuenta con «suficientes indicios» de que el ahora imputado fue el ejecutor del crimen.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
