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Secretaria de Seguridad de EE. UU. realizará visita al Cecot hoy
Los analistas Nelson Flores y Mauricio Rodríguez consideraron que la reunión que sostendrá hoy la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EE. UU.), Kristi Noem, con el presidente Nayib Bukele, reafirmará las buenas relaciones diplomáticas y fortalecerá la cooperación entre el Gobierno salvadoreño con el Gobierno de Donald Trump.
«La visita de la secretaria de Seguridad Nacional viene a reafirmar las buenas relaciones que el presidente Bukele tiene con el Gobierno del presidente Trump. Y su visita forma parte de un proceso de verificación para asegurar que se están cumpliendo los pactos acordados en los acuerdos de ambos gobiernos», interpretó Flores, especialista en administración pública.
El anuncio de la visita oficial lo hizo el domingo pasado la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin quien subrayó también la importancia de que «nuestros países socios ayuden a expulsar a los inmigrantes ilegales y criminales violentos de los Estados Unidos».
La vista de la alta funcionaria ocurre luego de que el 16 de marzo pasado, el Gobierno de Trump deportó y trasladó 238 miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y 23 miembros de la MS-13 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) por un período de un año, renovable.
De hecho, como parte de su agenda oficial, la secretaria de Seguridad Nacional visitará el Cecot junto con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. «Es claro que este tipo de visitas se van a producir con frecuencia, para asegurar la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos, es parte del proceso», añadió Flores.
Para Rodríguez, sociólogo de profesión, la vista de la funcionaria estadounidense también es para conocer de primera mano la política de seguridad del presidente Bukele, la que se basa en el Plan Control Territorial y en el estado de excepción. Ambas medidas están vigentes desde junio de 2019 y marzo de 2022, respectivamente.
«Vienen a conocer cómo El Salvador ha resuelto en poco años el problema de la inseguridad. La reunión fortalece los lazos de amistad, cooperación y las relaciones entre El Salvador y los Estados Unidos. Nada más nos queda esperar los resultados [de la región] para ver de qué manera El Salvador contribuye a la pacificación de la región y también sigue siendo ejemplo como país más seguro del hemisferio occidental», valoró Rodríguez.
La deportación y traslado de los sujetos al Cecot ocurrió después de que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio se reunió en febrero pasado con el presidente Bukele para alcanzar importantes acuerdos en materia migratoria. Además de visitar El Salvador, la secretaria de Seguridad Nacional viajará a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro, y el 28 de marzo se reunirá con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La prolonganción de esta herramienta legal fue avalada con los votos de 57 diputados de los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, que consideraron válidos los argumentos planteados por el Órgano Ejecutivo al solicitar la extensión por 30 días, entre esos que «existen intentos de reorganización de grupos criminales».
En el decreto se expone que las autoridades recientemente capturaron a sujetos que tenían la aspiración de formar y operar pandillas cerca de los centros escolares, o sus entornos, a través de acciones como la «intimidación, reclutamiento y promoción de actividades ilícitas».
Agrega que el contexto regional demanda de atención especial, debido a que se «ha elevado y acelerado la actuación criminal en distintos países de la región, particularmente en la República de Guatemala».
Se subraya que «estos acontecimientos evidencian un incremento progresivo de la actividad de las pandillas en la región, y ponen en riesgo la paz, el orden y la seguridad en El Salvador».
Durante la discusión de la iniciativa, en la sesión plenaria 95, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, destacó el respaldo de los diputados que han acompañado el proyecto de seguridad del presidente Bukele, desde el 27 de marzo de 2022, cuando se aprobó por primera vez el régimen de excepción con «votos que están cambiando la vida de los salvadoreños».
Castro añadió que el clima de seguridad permite que ahora los niños puedan jugar frente a sus casas, las comunidades recuperar sus canchas, entre otras actividades que se han retomado y han mejorado la convivencia.
Caleb Navarro, diputado de Nuevas Ideas, puntualizó que en 2025 se registraron 82 homicidios a escala nacional, y todos fueron resueltos, alcanzando una tasa de efectividad del 100 %.
Agregó que antes nadie se preocupaba los homicidios y quedaban en la impunidad «ahora hablamos con números y los números no mienten», detalló.
Con 54 votos el congreso autorizó ayer al Ministerio de Hacienda para que suscriba un contrato de préstamo, por $16.7 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
El decreto aprobado permitirá al país recibir el denominado «segundo financiamiento adicional del Programa Crecer y Aprender Juntos, desarrollo de la primera infancia de El Salvador».
Dicho programa plantea el propósito de continuar mejorando las prácticas de enseñanza, educación y cuidado en la primera infancia a escala nacional, así como los ambientes físicos de aprendizaje de centros seleccionados de educación y primera infancia.
En el decreto aprobado se establece que el contrato que suscriba Hacienda, o quien designe, deberá someterse al aval posterior de la Asamblea Legislativa.
La iniciativa del Ejecutivo, a través de Hacienda, fue ingresada ayer a la plenaria a través de modificación de agenda, en la que se solicitó su aprobación con dispensa de trámite.
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Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
