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Sala de lo Constitucional inicia proceso para blindar candidaturas de diputados acusados de corrupción y negociaciones con pandillas
La Sala de lo Constitucional inició el proceso para blindar las candidaturas de los candidatos de Arena, Margarita Escobar, Carlos Reyes y Norman Quijano, además del democristiano Rodolfo Parker, acusados de los delitos de corrupción, negociación con pandillas y encubrimiento de asesinato.
El tribunal constitucional ha puesto reparos a seis demandas de inconstitucionalidad presentadas por ciudadanos, en las se pide inhabilitar a estos aspirantes por conductas que riñen con la ética y la honradez, lo que podría derivar en un fallo en favor de los legisladores de parte de dicha Sala.
En el caso de Quijano y Parker fueron presentadas dos demandas, mientras que contra Reyes y Escobar fue una para cada uno. Estas decisiones de la Sala fueron tomadas por los magistrados propietarios Óscar Armando Pineda, Carlos Avilés Velásquez y Carlos Sánchez Escobar, junto con la suplente Sonia Cortez de Madriz.
Quijano, aspirante al Parlamento Centroamericano, ha sido señalado de negociar con pandillas, mientras que Parker fue acusado por un tribunal español de haber sido cómplice de la masacre de los jesuitas de la UCA y dos de sus colaboradoras en 1989.
En tanto, Reyes tiene un proceso abierto por enriquecimiento ilícito durante los 24 años que ha sido legislador, al acumular una fortuna que le permitió obtener 113 propiedades y cuatro sociedades, mientras que Escobar confesó haber recibido sobresueldos durante la administración de Antonio Saca.
La sala emitió los seis escritos dando un plazo de 24 horas a los demandantes para que aclaren si la petición de inhabilitar a algunos de estos aspirantes fue previamente impugnada por alguna autoridad electoral, antes de tomar una decisión definitiva para permitir a estos legisladores participar en las elecciones.
Todo parece indicar que, de acuerdo a cómo ha resuelto en otras ocasiones este órgano de Justicia, la resolución final será en favor de que los aspirantes tengan luz verde para participar en las elecciones.
La Policía reportó la detención de cuatro sujetos en diferentes zonas del país, tras ser sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad, poniendo en riesgo la seguridad vial y la integridad de terceros.
En Chinameca, San Miguel Oeste, fue arrestado Herberth Antonio Paredes Chávez, quien manejaba con 238° de alcohol y terminó impactando su vehículo contra otro que se encontraba estacionado. El hecho ocurrió en horas de la madrugada, sobre la 11 calle poniente y 1ª Avenida Norte.
Asimismo, en la calle hacia Río Chiquito, en San Ignacio, Chalatenango Norte, fueron intervenidos José Luis Rivera Chávez, con 91° de alcohol, y Joel de Jesús Vásquez Rivera, quien registró 24° de alcohol.
En Santa Ana Oeste, sobre la calle que conduce del cantón El Coco hacia Chalchuapa, fue detenido Luis Ángel Lemus Barrera, quien manejaba una motocicleta con 101° de alcohol.
La dirigente del FMLN, Lorena Guadalupe Peña, reapareció públicamente en La Habana, Cuba, donde ofreció un discurso centrado en la “dignidad de las mujeres”.
Su intervención ocurre mientras en El Salvador ella y su hija, Ana Virginia Guardado Peña, enfrentan una condena civil por enriquecimiento ilícito. La Cámara Primero de lo Civil ordenó que ambas reintegren al Estado 150,762.86 dólares tras no justificar el incremento de su patrimonio. La resolución también inhabilitó a Peña para ejercer cargos públicos durante los próximos diez años.
La reaparición de Peña coincide con el proceso electoral celebrado recientemente en Honduras, país donde, según información difundida en redes sociales, habría recibido asilo político. Peña, junto a otras dos exdirigentes del FMLN, ha sido mencionada en ese contexto debido a que el partido de la presidenta Xiomara Castro no logró mantenerse en el poder, quedando en la tercera posición. Este resultado ha generado nuevas discusiones públicas sobre la situación migratoria de las exdirigentes salvadoreñas y el futuro de su presunto exilio.
