Judicial
RELATO Y CONDENA: Policía se hace el muerto para escapar de pandilleros que lo habían herido en el rostro y espalda
Hacerse el muerto le salvó la vida frente a una jauría de 10 pandilleros de la Mara Salvatrucha.
Policía se hace el muerto para escapar de pandilleros que lo habían herido en el rostro y espalda
Un policía tuvo que fingir estar muerto para librarse de un nutrido grupo de pandilleros que le dispararan en el rostro y en la espalda cuando regresaba a su vivienda en una colonia de San Salvador.
Cristóbal (nombre modificado por seguridad) es un agente con 10 años de servicio que tras el ataque perpetrado por Cristian Kevin Martínez quien junto a 10 compinches lo torturaron por el trabajo que tiene.
«¿Verdad que vos sos jura?», fue la pregunta con la que los delincuentes interceptaron al agente el 26 de mayo de 2017, día en el que había salido de licencia y esperaba descansar junto con su esposa e hija,
Nervioso, el agente negó que su trabajo fuera el de policía, algo que alteró a Martínez quien le exigía a otros los dos pandilleros que apuntaban al rostro de la víctima que la ejecutaran rápidamente.
El primer disparo ejecutado por un pandillero identificado como Roberto impactó en el pómulo de Cristóbal quien inmediatamente cayó al suelo e intentó sacar su arma, pero esta había caído lejos. Mientras buscaba la pistola un segundo proyectil impactó en su humanidad.
Los dos disparos hicieron creer a los malhechores que su trabajo estaba culminado, Cristóbal quedó tendido sin respirar y sin moverse, así lo constató uno de los atacantes quien recogió la pistola del agente y dio el aval para que sus compinches se retiraran del lugar.
El escape
Cuando los delincuentes comenzaron a alejarse, Cristóbal se levantó y comenzó a correr sin importarle las heridas de gravedad que le causaron sus verdugos que al verlo con vida lo intentaron seguir sin tener éxito.
El policía logró llegar hasta su casa en la que fue auxiliado por su compañera de vida quien llamó al 911 para que la víctima fuera trasladada a un centro asistencial donde se recuperó, pero ya nunca regresaron a esa colonia.
Cristóbal comenzó una nueva vida junto a su familia, pero aseguró que las heridas provocadas por los delincuentes aún lo afectan y que no se siente al 100% para ejercer su trabajo.
Durante la investigación, el agente logró identificar a todos los que habían participado en el hecho, especialmente a Martínez quien fue capturado y señalado como el principal responsable del intento de homicidio.
Actualmente, el pandillero se encuentra recluido en el centro penal de Chalatenango y durante el juicio realizado a través de una videoconferencia señaló que no había participado en los hechos como la víctima lo decía, ya que durante esa hora estuvo trabajando como auxiliar de albañilería en una empresa de transporte.
El juzgado del Segundo de Sentencia de San Salvador señaló que existían suficientes indicios que vinculaban como coautor en el intento de homicidio contra el agente por lo que determinó que debía de cumplir una pena de 20 años de prisión.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
