Judicial
Raúl Mijango, mediador de la tregua de pandilleros: “Si por eso voy a pasar preso toda mi vida, con gusto la paso”
Raúl Mijango fue uno de los mediadores que buscaban llegar a un acuerdo con los miembros de los distintos grupos de pandillas que operan en el país, con el fin de disminuir en ese momento la delincuencia y asesinatos.
Mijango, mediador de la tregua de pandilleros: “Si por eso voy a pasar preso toda mi vida, con gusto la paso”
El exdiputado por el FMLN Mario Alberto Mijango (Raúl Mijango) aseguró que no se arrepiente de haber sido uno de los mediadores que buscaban llegar a un acuerdo con los miembros de los distintos grupos de pandillas que operan en el país, con el fin de disminuir en ese momento la delincuencia y asesinatos.
“No me arrepiento de nada, al contrario me enorgullezco, creo que eso es lo mejor que he hecho en toda mi vida”, comentó el exguerrillero, minutos antes de entrar a un nuevo proceso judicial del caso denominado “Tregua”. “Si por eso voy a pasar preso toda mi vida, con gusto lo paso”, agregó.
Este miércoles el Juzgado Especializado de Sentencia “A” de San Salvador inició por segunda vez el juicio en contra de 19 imputados, entre ellos Mijango y el exdirector de Centros Penales, Nelson Rauda, quienes son acusados por los delitos de tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios y agrupaciones ilícitas.
A Rauda, además, la Fiscalía General de la República (FGR) le adhiere el delito de actos arbitrarios, que según la institución fue cometido –como el resto de faltas- en el periodo de la “tregua”.
“Me traen a continuar con este circo barato que montó Luis Martínez y Douglas Meléndez (ambos exfiscales generales) y acá estamos para enfrentar nuevamente el caso”, dijo Mijango.
“Ya fuimos absueltos la primera vez y espero que de nuevo siga prevaleciendo la justicia. El único delito que cometí es el de haber querido contribuir en la pacificación de este país. Si eso es delito, entonces que me condenen”, dijo.
El 29 de agosto de 2018, los imputados fueron absueltos, luego de que el juez Godofredo Salazar Torres emitiera así lo decidiera, pero la FGR emitió un recurso de apelación debido a que sostuvo que el funcionario no valoró unas pruebas durante el juicio.
El ahora exfiscal general Douglas Meléndez cuestionó la decisión de Salazar Torres e indicó que este formaba parte de la lista de los 10 juzgadores más denunciados, por lo que una Sala de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó que lo investigaran.
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
