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Primer día de trabajo escabroso para Juan Carlos Turcios como comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública, «por conflictos de interés»
El primer día de trabajo de Juan Carlos Turcios, como comisionado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ha sido escabroso: los demandantes pidieron fuera recusado de tres casos «por conflictos de interés» ya que tienen que ver con información sobre Nayib Bukele, Osiris Luna y Michelle Sol, y él llega de trabajar con sectores cercanos a los demandados.
En la mañana, la IAIP sostuvo una breve audiencia por la apelación de una periodista contra la Corte Suprema de Justicia por información de probidad del Presidente de la República, Nayib Bukele.
Durante dicha audiencia, la apelante, pidió que el recién electo comisionado de la IAIP, Juan Carlos Rodríguez, no estuviera presente debido a que no hay garantía de imparcialidad debido a que su anterior jefe era el ministro de Gobernación, Mario Duran, quien depende actualmente de Nayib Bukele.
Los cuatro comisionados restantes deliberaron y decidieron apartar al comisionado Rodríguez Turcios de dicho caso, por lo que se retiró de la sala y fue reemplazado por su suplente, Mauricio Fuentes.
Tras la salida de Rodríguez Turcios de la sala, los cuatro comisionados restantes deliberan si se admite la recusación planteada por las partes en la audiencia. Sin embargo, el comisionado Alirio Cornejo aseguró que no se podía recusar al comisionado Turcios solo por haber tenido un cargo en la administración pública.
Posteriormente, en horas de la tarde, la IAIP suspendió una audiencia en la que los abogados del director general de Centros Penales, Osiris Luna, pidieran recusar a los comisionados Cristina Pérez, Liduvina Escobar y Grégori Rodríguez, quienes horas antes habían pedido a su vez recusar al comisionado Juan Carlos Turcios “por conflicto de intereses”.
La presidenta en funciones del IAIP, Cristina Pérez, suspendió la audiencia y remitieron el caso a la Sala de lo Contencioso para que resuelva la petición de los abogados de Luna Meza que piden que los tres comisionados en mención, menos el que apoyara a Turcios Rodríguez, sean apartados de conocer el caso del director de Centros Penales.
Turcios, juramentado por el presidente Nayib Bukele para el cargo de comisionado en representación del gremio periodístico, fue retirado hoy en tres ocasiones de conocer los casos debido a que estos tienen que ver con información acerca de Bukele, Michelle Sol y Luna Meza, y él ha estado cerca de estos políticos al fungir como director de comunicaciones del ministerio de Gobernación en este gobierno.
El IAIP analiza este martes proporcionar información requerida sobre las declaraciones patrimoniales de Nayib Bukele cuando fue alcalde de Nuevo Cuscatlán y de San Salvador, y la declaración de Probidad al asumir la presidencia de la República.
Los otros dos requerimientos son acerca de la ministra de Vivienda, Michelle Sol por publicar en su cuenta de Twitter información confidencial de una ciudadana; y el último punto de la agenda era para que el IAIP desclasifique información sobre los viajes oficiales realizados por Luna Meza del 2 de junio al 18 de noviembre de 2019 y sus acompañantes, así como para conocer la idoneidad de sus asesores.
Turcios, por su parte, señaló que existe “prejuicio” hacia su trabajo y recordó que él laboró también en el anterior gobierno de Salvador Sánchez Cerén. «Me parece un prejuicio sobre mi parcialidad como para que estén pidiendo mi recusación. También trabajé para el Gobierno anterior», se defendió.
Los abogados de Luna Meza pidieron la recusación de los 3 comisionados porque a su juicio estos han emitido opiniones jurídicas previas sobre la información en cuestión “lo que mina su independencia”.
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Denuncian al rector y vicerrectora de la UES por presunto nepotismo, sobornos y malversación
Una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) coloca bajo escrutinio a las dos principales autoridades de la Universidad de El Salvador (UES). El escrito señala al rector Juan Rosa Quintanilla Quintanilla y a la vicerrectora académica Evelyn Beatriz Farfán Mata por la presunta comisión de actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos públicos desde el inicio de su gestión en octubre de 2023.
En su primer apartado, la denuncia solicita esclarecer una posible relación marital entre ambos funcionarios. Según el documento, serían pareja desde hace varios años y estarían casados desde aproximadamente 2023, lo de confirmarse, podría representar un conflicto de interés, debido a la relación jerárquica entre los cargos que ocupan dentro de la institución.
El escrito también menciona que dicha relación no habría sido informada oficialmente, lo que, a criterio de los denunciantes, podría afectar la imparcialidad en la toma de decisiones administrativas en la universidad.
En un segundo punto, la denuncia pide investigar posibles beneficios otorgados por la empresa Huawei, en el marco de contratos vinculados a proyectos tecnológicos en la UES. Entre los señalamientos se incluyen viajes y otros gastos que habrían sido asumidos por la compañía, por lo que se solicita determinar si estos constituyen dádivas prohibidas por la legislación vigente.
Finalmente, el documento expone posibles irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a la universidad. Se señala que recursos destinados a investigación científica y fortalecimiento docente no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido, por lo que se pide trasladar el caso a la Corte de Cuentas de la República para una auditoría especial que permita verificar el manejo de estos fondos.
Hasta el momento, las autoridades mencionadas no han emitido una postura oficial sobre los señalamientos contenidos en la denuncia.
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Avanzan en levantamiento de información para ejecutar Plan Maestro La Bretaña, en San Martín
El Ministerio de Vivienda informó que equipos técnicos y sociales, con acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), realizan el levantamiento de información para la elaboración del Plan Maestro La Bretaña, en el distrito de San Martín, en San Salvador Este.
De acuerdo con la titular de la institución, Michelle Sol, el proceso incluye un censo comunitario y de vivienda mediante formularios georreferenciados que permitirán recopilar datos clave para la planificación del territorio.
El levantamiento de información se desarrolla en tres niveles:
– Hogar: se evalúan condiciones de habitabilidad y el acceso a servicios básicos.
– Manzana: se analiza la infraestructura urbana, equipamientos y espacios públicos disponibles.
– Asentamiento: se revisan aspectos como conectividad, riesgos y cobertura de servicios.
Las autoridades señalaron que estos datos permitirán priorizar futuras intervenciones para fortalecer el desarrollo urbano, con un enfoque más ordenado, resiliente y sostenible para las comunidades del sector.
Además, el Sistema de Vivienda destacó que en la zona ya se han impulsado diferentes acciones, entre ellas la construcción de un proyecto de apartamentos, procesos de legalización de comunidades y la edificación de viviendas, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones habitacionales de las familias.
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Sala de lo Constitucional fija criterios legales y éticos para el uso de inteligencia artificial en instituciones públicas y tribunales
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador emitió una resolución que fija criterios éticos y legales para el uso de la inteligencia artificial generativa en instituciones públicas y en el sistema judicial.
La decisión se adoptó el 13 de marzo de 2026 dentro del proceso de inconstitucionalidad 57-2025. El caso surgió después de que ciudadanos utilizaron inteligencia artificial para redactar una demanda.
Ante esa situación, el tribunal analizó el alcance del uso de esta tecnología. Además, explicó qué se entiende por inteligencia artificial, cuáles son sus tipos y cómo funciona.
Análisis de la relación entre inteligencia artificial y derechos fundamentales
Durante el proceso, la Sala revisó normas nacionales e internacionales sobre el desarrollo y uso de inteligencia artificial.
El tribunal también examinó cómo estas herramientas interactúan con los derechos fundamentales de las personas.
Según la resolución, la inteligencia artificial puede ofrecer beneficios en la gestión pública. Sin embargo, también puede generar riesgos si no existen controles adecuados.
Por ello, la Sala subrayó la necesidad de aplicar criterios éticos y jurídicos en su implementación.
Uso de inteligencia artificial en la administración pública
La resolución indicó que la inteligencia artificial puede agilizar trámites, mejorar la eficiencia institucional y apoyar la gestión pública.
No obstante, el tribunal advirtió que el uso de sistemas automatizados debe evitar riesgos como la discriminación algorítmica causada por sesgos en los sistemas.
Por esa razón, las instituciones deben aplicar controles que garanticen transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Límites al uso de IA en la administración de justicia
En el ámbito judicial, la Sala señaló que toda persona tiene derecho a un juez humano y a un procurador humano.
Por lo tanto, el uso de inteligencia artificial en tribunales debe mantenerse bajo supervisión humana obligatoria.
El tribunal estableció varios principios para el uso responsable de esta tecnología. Entre ellos destacan transparencia, responsabilidad, privacidad, control humano y prevención de riesgos.
Además, incluyó criterios de igualdad, verificación, ética, buenas prácticas y adaptación constante.
Con esta resolución, la Sala busca equilibrar el avance tecnológico con las obligaciones del Estado y la protección de los derechos de los ciudadanos.
