Nacionales
Por presunción de culpabilidad, bancos no pueden cerrar las cuentas de sus clientes de forma arbitraria
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) emitió nuevas directrices Para evitar abusos y hasta la violación de disposiciones constitucionales por parte de los bancos locales.
“No se podrá dar por terminada una relación comercial motivada por la mención de un cliente, socio o asociado en un medio de comunicación masiva o la existencia de un requerimiento de información realizado por autoridad competente o únicamente por su calidad de Persona Políticamente Expuesta”, reza una de las nuevas disposiciones de la SSF que deben tomar en cuenta los bancos.
Sin embargo, la citada disposición no quiere decir que se relajarán las normativas relativas a la lucha contra el lavado de dinero, ya que en el mencionado documento la SSF inmediatamente advirtió que “previo a establecer una relación comercial, las entidades deberán cumplir con su obligación de verificar los listados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, entre otros requisitos estipulados en la ley.
El documento de la SSF agregó que no se podrá dar por terminada la relación comercial con los clientes, basados en la sospecha de culpabilidad, sin que haya de por medio una sentencia judicial.
“Solo podrá requerirse a los clientes, socios o asociados la actualización de información de manera justificada, ya sea porque se ha cumplido el plazo para actualizar establecido conforme al riesgo que representa el cliente, socio o asociado o por algún tipo de operación inconsistente con su perfil que requiera información adicional”, se previene en el citado documento.
A juicio de los abogados, las nuevas disposiciones de la SSF evitarán abusos de los bancos hacia sus clientes a los que les cierran de forma arbitraria sus cuentas bancarias, violando incluso disposiciones constitucionales relativas al principio de inocencia.
Judicial
Exsecretario privado de Funes y su esposa condenados a devolver $3.87 millones por enriquecimiento ilícito
La Fiscalía General de la Republica (FGR) logró que el exfuncionario Francisco José Cáceres Zaldaña y su esposa, Reyna Guadalupe Flores de Cáceres sean declarados culpables de enriquecimiento ilícito y deberán restituir al Estado $3,872,095.46 dólares.
Como parte de la condena civil, la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla resolvió que Francisco Cáceres deberá devolver $3,539,407.87 dólares, asimismo, lo inhabilitó por 10 años para ejercer cualquier cargo público.
En cuanto a su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres debe reintegrar US$332,687.59.
Cáceres fue secretario privado de la presidencia, durante la gestión de Mauricio Funes, entre el 1 de junio 2009 al 31 de mayo del 2014.
La condena civil ha sido impuesta por la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
Dos personas resultaron con lesiones leves tras un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 8 de la carretera Troncal del Norte, informaron los Comandos de Salvamento.
De acuerdo con el reporte, el conductor de un vehículo particular y su acompañante chocaron en la parte trasera de un camión, luego de que el motorista se distrajera al volante.
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, recordó que la distracción sigue siendo la principal causa de percances viales en el país. Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron al lugar para inspeccionar la escena y establecer responsabilidades.
El Viceministro de Transporte, Nelson Reyes, informó que El Salvador contabiliza cerca de los dos millones de vehículos en circulación, lo que representa un crecimiento anual del 8.5 % en el parque vehicular del país.
“Nos estamos acercando a los dos millones de vehículos en nuestro parque vehicular. Actualmente, el número de vehículos es de 1.9 millones en el país”, detalló Reyes en la entrevista del programa Frente a Frente.
Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, del total de 1,959,103 vehículos registrados, 1,299,043 corresponden a automóviles y 660,060 a motocicletas. Este incremento plantea nuevos desafíos en materia de tránsito y seguridad vial.
