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Por presunción de culpabilidad, bancos no pueden cerrar las cuentas de sus clientes de forma arbitraria
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) emitió nuevas directrices Para evitar abusos y hasta la violación de disposiciones constitucionales por parte de los bancos locales.
“No se podrá dar por terminada una relación comercial motivada por la mención de un cliente, socio o asociado en un medio de comunicación masiva o la existencia de un requerimiento de información realizado por autoridad competente o únicamente por su calidad de Persona Políticamente Expuesta”, reza una de las nuevas disposiciones de la SSF que deben tomar en cuenta los bancos.
Sin embargo, la citada disposición no quiere decir que se relajarán las normativas relativas a la lucha contra el lavado de dinero, ya que en el mencionado documento la SSF inmediatamente advirtió que “previo a establecer una relación comercial, las entidades deberán cumplir con su obligación de verificar los listados de personas naturales o jurídicas involucradas en delitos relacionados con el Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo”, entre otros requisitos estipulados en la ley.
El documento de la SSF agregó que no se podrá dar por terminada la relación comercial con los clientes, basados en la sospecha de culpabilidad, sin que haya de por medio una sentencia judicial.
“Solo podrá requerirse a los clientes, socios o asociados la actualización de información de manera justificada, ya sea porque se ha cumplido el plazo para actualizar establecido conforme al riesgo que representa el cliente, socio o asociado o por algún tipo de operación inconsistente con su perfil que requiera información adicional”, se previene en el citado documento.
A juicio de los abogados, las nuevas disposiciones de la SSF evitarán abusos de los bancos hacia sus clientes a los que les cierran de forma arbitraria sus cuentas bancarias, violando incluso disposiciones constitucionales relativas al principio de inocencia.
En julio de 2024, Luis Carlos Olmedo Escobar asesinó a su pareja quien se encontraba en estado de embarazo.
Por estos hechos, la fiscalía logró que sea condenado a 70 años de prisión.
Olmedo Escobar ejercía violencia psicológica, emocional y física en contra de la víctima.
Luego de quitarle la vida, con arma blanca, dejó el cuerpo abandonado, bajo un puente.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de Santa Ana lo condeno de la siguiente manera:
➡️ 50 años por el delito de feminicidio
➡️ 10 años por el delito de aborto sin consentimiento
➡️10 años por el delito de fraude procesal.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele cuenta con un equipo de 150 inspectores del Cuerpo de Bomberos, quienes se encuentran desplegados a nivel nacional para verificar coheterías, salas de venta y kioscos, con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad y evitar la comercialización de pólvora prohibida.
Las inspecciones forman parte de las acciones preventivas impulsadas durante las fiestas de fin de año, con el objetivo de reducir riesgos, prevenir accidentes y proteger la vida de los salvadoreños.
Como parte de las verificaciones, los inspectores evalúan el almacenamiento seguro de la pirotecnia, que incluye el orden y la clasificación técnica de los productos, el mantenimiento de una distancia adecuada respecto a fuentes de calor y materiales inflamables, así como la separación correcta conforme a la normativa vigente.
Asimismo, se comprueba que los establecimientos cuenten con extintores adecuados y con mantenimiento vigente, equipos contra incendios suficientes, rutas y salidas de emergencia debidamente señalizadas y despejadas, además de una instalación eléctrica segura, sin sobrecargas ni cables expuestos.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a adquirir únicamente productos autorizados y a seguir las recomendaciones de seguridad, como parte del compromiso gubernamental de salvaguardar la integridad de las familias durante la temporada festiva.
Principal
El Salvador mejora significativamente su posición en el ranking mundial de combate al crimen organizado
El Salvador alcanzó su mejor calificación histórica en el Índice Mundial de Crimen Organizado, posicionándose como el país menos expuesto al crimen organizado transnacional en la región, gracias a las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno.
Este reporte es desarrollado por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional y es financiado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Programa ENACT de la Unión Europea y el Gobierno de Noruega. La herramienta se lanzó en el 2021 y se han publicado tres índices mundiales desde entonces.
En el Índice Mundial de Crimen Organizado, El Salvador ocupa la posición número 77, una mejora sustancial con respecto al 2023, cuando se ubicaba en el puesto 52. Este índice ordena a los países del peor al mejor desempeño, por lo que avanzar hacia números más altos en la clasificación indica una mejora.
El Salvador ha logrado un avance significativo en este ranking mundial, escalando 25 posiciones. Este resultado refleja una tendencia sostenida de mejora, ya que en 2021 se encontraba entre los países con menor calificación, ocupando el puesto 46. Estos avances están estrechamente vinculados a las medidas de seguridad implementadas desde el 2022, que han marcado un antes y un después en la percepción internacional del país.
El informe de estos expertos sobre El Salvador en el 2025 muestra mejoras significativas en el combate a la extorsión, las pandillas, el contrabando y el comercio ilícito, las redes criminales y los crímenes relacionados con la flora y la fauna, entre otros aspectos.
“La ofensiva estatal contra el crimen organizado ha reducido significativamente el control de las pandillas en los barrios, lo que ha provocado una disminución en los casos de extorsión. Muchos negocios ya no incluyen los pagos de extorsión en sus costos operativos, y el sector del transporte reporta ahorros significativos gracias a la reducción de las demandas de extorsión de las pandillas”, dice el documento.
“El comercio ilícito de productos de tabaco ha servido durante mucho tiempo como una fuente de ingresos para las pandillas. En particular, se sabe que la MS-13 utiliza cigarrillos ilícitos para financiar sus actividades, a veces obligando a individuos a participar en el contrabando y la venta de cigarrillos ilícitos si no pueden pagar las extorsiones. Según informes, la represión al crimen organizado ha disminuido la participación de las pandillas en el contrabando de cigarrillos, trasladando sus operaciones a Guatemala y Honduras”, añaden los expertos.
Entre otros detalles, el reporte sobre El Salvador también menciona que las actividades de comercio de cannabis y otras drogas “se han visto gravemente afectadas por las medidas de seguridad adoptadas por el gobierno, que han debilitado la operatividad de estas pandillas”.
