Nacionales
PNC detiene a una mujer por el delito de resistencia en Santa Ana

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a una joven la noche del domingo por el delito de resistencia.
De acuerdo con oficiales de la PNC, el procedimiento fue desarrollado por efectivos de la subdelegación del municipio de Texistepeque, ubicado en el departamento de Santa Ana, al occidente de El Salvador.
La mujer fue arrestada en flagrancia, responde al nombre de Mabel Bernal Lucha, de 21 años de edad.
Según el artículo 337 del Código Penal salvadoreño, por este delito que se le atribuye a Lucha, una persona podría ser sancionada con una pena en prisión de seis meses a un año.
Bernal Lucha será puesta a las órdenes de los tribunales correspondientes en las próximas horas, donde deberá responder ante la ley por el ilícito que se le imputa.
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Inhabilitan a dos agentes y un exagente de la PNC por golpear y retener ilegalmente a una persona en Berlín, Usulután

Dos agentes activos de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en Berlín, Usulután Norte, y un exagente de la corporación, fueron inhabilitados por tres años para ejercer cargos públicos, luego de ser encontrados culpables de privar de libertad y agredir a una persona durante una fiesta en abril de 2024.
Los sancionados son Mario Orlando Soriano, José Luis Luna Zelaya y Baltazar Antonio Castellón Argueta, quienes, según la Fiscalía General de la República (FGR), fueron procesados por el delito de privación de libertad por funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública.
De acuerdo con la acusación fiscal, el 7 de abril de 2024, los tres imputados brindaban seguridad en una fiesta local en Berlín cuando retuvieron a la víctima sin causa justificada, la trasladaron a la delegación policial, la insultaron y agredieron físicamente durante aproximadamente dos horas. Posteriormente, la persona fue liberada al confirmarse que no había cometido ningún delito.
El Juzgado de Sentencia de Usulután determinó la culpabilidad de los tres procesados con base en pruebas documentales, periciales, testigos presenciales y la declaración anticipada de la víctima, quien actualmente reside en Estados Unidos.
Durante la vista pública, los implicados estuvieron presentes. Con esta sentencia, la FGR reafirmó su compromiso de proteger los derechos de las víctimas y garantizar que se sancione a quienes cometen abusos, incluso desde el interior de las instituciones de seguridad.