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Personas con discapacidad y adultos mayores pagarán el 50% en el costo del pasaje
La nueva ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial garantizará que las personas con discapacidad y los adultos mayores solo paguen el 50 % del valor del pasaje en los buses y microbuses del sistema público de pasajeros.
La nueva normativa —que sustituirá a la ley vigente desde 1995— está en estudio en la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la comisión y diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón, explicó a «Diario El Salvador» que se reunieron con los empresarios del transporte y se mostraron a favor de que este segmento de la población pague medio pasaje, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.
El costo de esa reducción lo asumirá el empresariado del transporte público y no será subsidiado por el Gobierno. Además, se comprometieron a adecuar la infraestructura de los buses y microbuses para facilitar el ingreso, el desplazamiento y la estancia de los adultos mayores y de las personas con discapacidad a las unidades.
«Los adultos mayores y personas con discapacidad prácticamente se desplazan para ir a una consulta, para ir a un control médico. Con la mayoría [de los empresarios] que hemos tenido acercamientos, con los que hemos ido trabajando han dicho que están en la total disposición de modernizar el transporte y quieren trabajar de la mano con la visión del presidente [Nayib Bukele] y de la Asamblea», anunció el presidente de la comisión.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), en El Salvador había —hasta 2015— 410,798 personas con discapacidad, con edades entre 25 y 64 años.
La propuesta para pagar medio pasaje fue presentada por el Conaipd, el Consejo Nacional del Adulto Mayor y los usuarios durante la fase de consultas públicas que la comisión de obras públicas llevó a cabo para construir el nuevo cuerpo normativo.
En esas consultas también participaron la Dirección de Transporte Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC), alcaldes de todo el país y organizaciones no gubernamentales.
En esos foros públicos, tres fueron las principales quejas de la población salvadoreña en contra del transporte público de pasajeros.
«Las quejas se basan en tres cosas: primero, que las unidades que prestan el servicio no están acordes a las necesidades, algunas son viejas, los asientos están dañados. La población lo que quiere es que se modernice. Lo segundo, es el trato al usuario; y lo tercero, es que no se respetan las señales de tránsito», relató el presidente de la comisión.
REGISTRO DE CONCESIONES
Aparte de la reducción de la tarifa, la comisión de obras públicas ha propuesto que la nueva ley contemple la creación de un registro con el historial de las concesiones y de los traspasos de cada unidad del transporte colectivo.
El historial será administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT) y servirá para tener un registro actualizado del estado de las unidades.
Principal
Ocho sujetos fueron condenados hasta con 95 años de cárcel por diversos delitos en San Salvador
Penas de prisión de hasta 95 años de cárcel logró la Fiscalía para ocho personas -cuatro de ellas en calidad de reos ausentes-, a quienes se les procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, lavado de dinero y activos, asimismo, estafa y hurto de identidad, en perjuicio de varias víctimas.
De acuerdo a la información fiscal, esta investigación inició en 2023 a raíz de avisos por parte familiares de personas detenidas, donde manifestaron haber sido víctimas de estafas y otros delitos.
Según las investigaciones, los imputados crearon una página en una red social y se hicieron pasar como abogados. Bajo este mecanismo de engaño ofrecían sus servicios legales para poder sacar de la cárcel a personas detenidas, a cambio de que los familiares de los presos les pagaran grandes cantidades de dinero.
Con esta modalidad los sujetos estafaron al menos a cuatro personas, quienes finalmente decidieron denunciarlos ante las autoridades.
En este caso, Ana Elizabeth Rodríguez Umaña (presente) fue condenada a la pena de 33 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos.
Por esos mismos delitos se condenó a 35 años a Jennifer Gabriela Sandoval y a 26 años de prisión a Karla Cristina Aguirre Quintanilla y Blanca Mirian Menjívar Pineda (todas presentes).
En ausencia fue condenado Marco Sebastián Pintor Rodríguez, alias “tatuado”, quien fue perfilado como cabecilla de la estructura y miembro de la pandilla Barrio 18. A él se le procesó por los delitos de agrupaciones ilícitas, estafa, extorsión agravada y lavado de dinero y activos, además de hurto de identidad.
Jennifer Guadalupe Menjívar Pineda (también ausente) recibió una condena de 50 años de prisión; Gabriela Alexandra Pintor Rodríguez (ausente) deberá cumplir una pena de cárcel de 25 años y Frania Elizabeth Pintor fue condenada a 5 años de prisión solo por lavado de dinero y activos.
Asimismo, se les condenó al pago de $30,500 dólares y de no pagar esta cantidad, se aumentará un tercio de la pena impuesta a cada imputado, según lo estipula la respectiva ley.
Las condenas de prisión fueron impuestas por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador al valorar toda la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR en juicio.
El Fondo Solidario para la Salud (Fosalud) informó que ha recibido la certificación del Sistema de Gestión Antisoborno, alineado con la norma internacional NTS ISO 37001:2016.
El ministro de salud, Francisco Alabi, junto a la viceministra de operaciones en Salud y directora ejecutiva ad honorem de Fosalud, Karla Díaz, recibieron la certificación por parte de la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), a través de su director general para Centroamérica, Arnulfo Pino.
De acuerdo con la institución, este logro forma del esfuerzo institucional en la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y al cumplimiento de los criterios internacionales orientados a la transparencia, integridad, la prevención del soborno y la confianza ciudadana, como pilares de una gestión pública moderna y responsable, alineada con las directrices presidenciales.
Fosalud explicó que el proceso de implementación y certificación del Sistema de Gestión Antisoborno duró un aproximado de 14 meses, concluyendo satisfactoriamente en octubre de 2025.
También detalló que esta certificación abarca todas las gerencias y unidades organizativas, los procesos relacionados con la prestación de los servicios de salud en los diferentes establecimientos con cobertura Fosalud y los procesos administrativos, considerados críticos desde la perspectiva de riesgos de soborno.
El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Agencia de El Salvador para la Cooperación Internacional (ESCO), invitó a los salvadoreños en el exterior que desean continuar sus estudios, que apliquen al programa de becas con Panamerican University.
Este ofrece una oportunidad para estudiar una licenciatura o maestría. Las becas son en modalidad online, con clases en vivo y en español.
La fecha última para postularse es el próximo 20 de febrero de este año. Algunas de las carreras disponibles son: administración de empresas, ciencias de la computación e inteligencia artificial.
Mientras que, las maestrías son: global executive MBA, gestión estratégica de recursos humanos y analítica de personas, ciencias en gestión financiera corporativa y FinTech.
