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Personas con discapacidad y adultos mayores pagarán el 50% en el costo del pasaje
La nueva ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial garantizará que las personas con discapacidad y los adultos mayores solo paguen el 50 % del valor del pasaje en los buses y microbuses del sistema público de pasajeros.
La nueva normativa —que sustituirá a la ley vigente desde 1995— está en estudio en la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la comisión y diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón, explicó a «Diario El Salvador» que se reunieron con los empresarios del transporte y se mostraron a favor de que este segmento de la población pague medio pasaje, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.
El costo de esa reducción lo asumirá el empresariado del transporte público y no será subsidiado por el Gobierno. Además, se comprometieron a adecuar la infraestructura de los buses y microbuses para facilitar el ingreso, el desplazamiento y la estancia de los adultos mayores y de las personas con discapacidad a las unidades.
«Los adultos mayores y personas con discapacidad prácticamente se desplazan para ir a una consulta, para ir a un control médico. Con la mayoría [de los empresarios] que hemos tenido acercamientos, con los que hemos ido trabajando han dicho que están en la total disposición de modernizar el transporte y quieren trabajar de la mano con la visión del presidente [Nayib Bukele] y de la Asamblea», anunció el presidente de la comisión.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), en El Salvador había —hasta 2015— 410,798 personas con discapacidad, con edades entre 25 y 64 años.
La propuesta para pagar medio pasaje fue presentada por el Conaipd, el Consejo Nacional del Adulto Mayor y los usuarios durante la fase de consultas públicas que la comisión de obras públicas llevó a cabo para construir el nuevo cuerpo normativo.
En esas consultas también participaron la Dirección de Transporte Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC), alcaldes de todo el país y organizaciones no gubernamentales.
En esos foros públicos, tres fueron las principales quejas de la población salvadoreña en contra del transporte público de pasajeros.
«Las quejas se basan en tres cosas: primero, que las unidades que prestan el servicio no están acordes a las necesidades, algunas son viejas, los asientos están dañados. La población lo que quiere es que se modernice. Lo segundo, es el trato al usuario; y lo tercero, es que no se respetan las señales de tránsito», relató el presidente de la comisión.
REGISTRO DE CONCESIONES
Aparte de la reducción de la tarifa, la comisión de obras públicas ha propuesto que la nueva ley contemple la creación de un registro con el historial de las concesiones y de los traspasos de cada unidad del transporte colectivo.
El historial será administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT) y servirá para tener un registro actualizado del estado de las unidades.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
