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Personas con discapacidad y adultos mayores pagarán el 50% en el costo del pasaje
La nueva ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial garantizará que las personas con discapacidad y los adultos mayores solo paguen el 50 % del valor del pasaje en los buses y microbuses del sistema público de pasajeros.
La nueva normativa —que sustituirá a la ley vigente desde 1995— está en estudio en la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la comisión y diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón, explicó a «Diario El Salvador» que se reunieron con los empresarios del transporte y se mostraron a favor de que este segmento de la población pague medio pasaje, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.
El costo de esa reducción lo asumirá el empresariado del transporte público y no será subsidiado por el Gobierno. Además, se comprometieron a adecuar la infraestructura de los buses y microbuses para facilitar el ingreso, el desplazamiento y la estancia de los adultos mayores y de las personas con discapacidad a las unidades.
«Los adultos mayores y personas con discapacidad prácticamente se desplazan para ir a una consulta, para ir a un control médico. Con la mayoría [de los empresarios] que hemos tenido acercamientos, con los que hemos ido trabajando han dicho que están en la total disposición de modernizar el transporte y quieren trabajar de la mano con la visión del presidente [Nayib Bukele] y de la Asamblea», anunció el presidente de la comisión.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), en El Salvador había —hasta 2015— 410,798 personas con discapacidad, con edades entre 25 y 64 años.
La propuesta para pagar medio pasaje fue presentada por el Conaipd, el Consejo Nacional del Adulto Mayor y los usuarios durante la fase de consultas públicas que la comisión de obras públicas llevó a cabo para construir el nuevo cuerpo normativo.
En esas consultas también participaron la Dirección de Transporte Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC), alcaldes de todo el país y organizaciones no gubernamentales.
En esos foros públicos, tres fueron las principales quejas de la población salvadoreña en contra del transporte público de pasajeros.
«Las quejas se basan en tres cosas: primero, que las unidades que prestan el servicio no están acordes a las necesidades, algunas son viejas, los asientos están dañados. La población lo que quiere es que se modernice. Lo segundo, es el trato al usuario; y lo tercero, es que no se respetan las señales de tránsito», relató el presidente de la comisión.
REGISTRO DE CONCESIONES
Aparte de la reducción de la tarifa, la comisión de obras públicas ha propuesto que la nueva ley contemple la creación de un registro con el historial de las concesiones y de los traspasos de cada unidad del transporte colectivo.
El historial será administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT) y servirá para tener un registro actualizado del estado de las unidades.
La directora ejecutiva del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en La Entrevista de Noticiero El Salvador que en el 100 % de los casos que han atendido por vulneración a los derechos de la niñez, han buscado la permanencia de los menores de edad en el sistema educativo.
«Durante estos tres años, el 100 % de los casos se ha buscado la restitución de sus derechos, además tienen un seguimiento porque la idea es que deje de haber deserción escolar, no solo es el tema de reincorporar a la educación, sino asegurarnos de que se mantengan dentro del sistema educativo», expresó.
De acuerdo con Amaya, trabajan de manera articulada con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) para dar un seguimiento a los casos de los niños que han sufrido vulneraciones para garantizar su permanencia en las escuelas.
«Es un trabajo que también el Ministerio de Educación lo ha retomado con mucha fuerza y trabajar de manera articulada nos ha permitido ir asegurando seguimientos en esta población», afirmó la titular del Conapina.
Por otra parte, Amaya afirmó que los equipos de la institución han recibido actualizaciones en su formación para fortalecer sus capacidades y dotarlos de herramientas modernas para abordar óptimamente cada caso en el que la niñez salvadoreña se encuentre en riesgo.
«Los equipos del Conapina se han actualizado, hemos contado con el apoyo de organismos que nos han dado herramientas modernas y actuales para poder hacer valoraciones de carácter forense donde ya no te pregunto a ti, pero puedo observar qué es lo que jugás y cómo te expresás para ir determinando si has sido vulnerado», explicó la directora del Conapina.
Amaya recordó que la institución cuenta con 16 juntas de protección a escala nacional y con la línea telefónica gratuita 119 para que los ciudadanos den avisos o denuncien casos de maltratos o abusos a la primera infancia, niñez y adolescencia.
Dos centros educativos del distrito de San Jorge, en San Miguel Oeste, serán renovados con una inversión conjunta que supera los $1.3 millones, como parte del programa nacional de modernización de infraestructura escolar. Las obras corresponden a la Escuela #571, Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, y a la Escuela #572, Centro Escolar Caserío El Mogote.
La primera intervención corresponde al Centro Escolar Cantón Joya de Aventura, que atiende a 63 estudiantes desde parvularia hasta básica. El proyecto contempla una inversión de $806,000 para renovar 620 metros cuadrados de infraestructura educativa, bajo la ejecución de la Dirección General de Centros Penales.
Además, se desarrolla la renovación del Centro Escolar Caserío El Mogote, que beneficia a 65 estudiantes y abarca un área de construcción de 412 metros cuadrados. En este caso, la inversión asciende a $535,000.
Las obras en ambos centros incluyen escarificación de paredes para retirar pintura deteriorada, repello y nuevos acabados; nivelación de pisos e instalación de porcelanato de alto tráfico; colocación de ventanas corredizas tipo francesa y sustitución de puertas por modelos metálicos. Asimismo, se renovará la red eléctrica con iluminación LED y ventiladores en cada aula, además de mejoras en los sistemas hidrosanitarios.
El proyecto también contempla obras exteriores como andenes, canchas deportivas, espacios lúdicos y jardines, además de la dotación de mobiliario para estudiantes y docentes, juegos didácticos y áreas de cocina, con el objetivo de garantizar instalaciones modernas, seguras y funcionales para la comunidad educativa.
El uso correcto del sistema de retención infantil (SRI) reduce el riesgo de muerte y de lesiones graves en niños, ya que en el caso de un accidente protege zonas vulnerables, especialmente la cabeza, el cuello y la columna. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los traumatismos por accidentes de tránsito son la principal causa de muerte de niños y jóvenes a escala mundial.
En ese sentido, la directora del Fondo para la Atención a las Víctimas de Accidentes de Tránsito (Fonat), Bessy Guzmán, destacó que los SRI reducen hasta un 71 % el riesgo de muerte. Asimismo, el Gobierno salvadoreño ha sumado esfuerzos para impulsar una estrategia nacional de seguridad vial infantil para reducir los índices de siniestralidad.
«Actualmente nos encontramos en el Decenio de Acción para la Seguridad Vial [2021–2030], el cual busca reducir la siniestralidad vial y la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito a la mitad. Medidas como usar el cinturón de seguridad, la utilización de cascos certificados y de los sistemas de retención infantil están encaminadas a ayudarnos a llegar a esa reducción», dijo Guzmán.
Desde el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Fonat se ejecutan medidas preventivas para garantizar la seguridad vial de los niños. Entre estas destacan capacitaciones sobre el uso de las SRI, la conformación de comités de seguridad vial en centros escolares y la intervención de conductores y peatones sobre la movilidad segura en las calles y carreteras. Asimismo, trabajan en la toma de conciencia sobre la importancia de usar correctamente estos sistemas en el vehículo.
A partir de diciembre de 2025, en El Salvador usar el SRI es obligatorio. Como pasajeros de vehículos, los menores de 12 años no podrán viajar en el asiento delantero, mientras que los niños menores de cinco años deben ser trasladados en un SRI de acuerdo con su peso y estatura.
El incumplimiento de esta normativa se considera una falta muy grave y se sancionará con una multa de $150. Para garantizar la seguridad de los menores de edad, el Fonat recomienda no poner en marcha el vehículo antes de que todos los ocupantes tengan puesto el cinturón de seguridad y los niños estén colocados en el SRI.
De igual manera, ningún ocupante puede tomar bebidas calientes en el carro, ya que podría lesionar a los niños en un choque o un frenado brusco.
«Los sistemas de retención infantil no deben utilizarse si ya han sido parte de un siniestro vial o si alguna de sus piezas ha caducado; vea la fecha de vencimiento en la parte de atrás», indicó el Fonat
