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Personas con discapacidad y adultos mayores pagarán el 50% en el costo del pasaje
La nueva ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial garantizará que las personas con discapacidad y los adultos mayores solo paguen el 50 % del valor del pasaje en los buses y microbuses del sistema público de pasajeros.
La nueva normativa —que sustituirá a la ley vigente desde 1995— está en estudio en la comisión de obras públicas de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la comisión y diputado de Nuevas Ideas, Salvador Chacón, explicó a «Diario El Salvador» que se reunieron con los empresarios del transporte y se mostraron a favor de que este segmento de la población pague medio pasaje, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley.
El costo de esa reducción lo asumirá el empresariado del transporte público y no será subsidiado por el Gobierno. Además, se comprometieron a adecuar la infraestructura de los buses y microbuses para facilitar el ingreso, el desplazamiento y la estancia de los adultos mayores y de las personas con discapacidad a las unidades.
«Los adultos mayores y personas con discapacidad prácticamente se desplazan para ir a una consulta, para ir a un control médico. Con la mayoría [de los empresarios] que hemos tenido acercamientos, con los que hemos ido trabajando han dicho que están en la total disposición de modernizar el transporte y quieren trabajar de la mano con la visión del presidente [Nayib Bukele] y de la Asamblea», anunció el presidente de la comisión.
De acuerdo con el Consejo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conaipd), en El Salvador había —hasta 2015— 410,798 personas con discapacidad, con edades entre 25 y 64 años.
La propuesta para pagar medio pasaje fue presentada por el Conaipd, el Consejo Nacional del Adulto Mayor y los usuarios durante la fase de consultas públicas que la comisión de obras públicas llevó a cabo para construir el nuevo cuerpo normativo.
En esas consultas también participaron la Dirección de Transporte Terrestre, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Policía Nacional Civil (PNC), alcaldes de todo el país y organizaciones no gubernamentales.
En esos foros públicos, tres fueron las principales quejas de la población salvadoreña en contra del transporte público de pasajeros.
«Las quejas se basan en tres cosas: primero, que las unidades que prestan el servicio no están acordes a las necesidades, algunas son viejas, los asientos están dañados. La población lo que quiere es que se modernice. Lo segundo, es el trato al usuario; y lo tercero, es que no se respetan las señales de tránsito», relató el presidente de la comisión.
REGISTRO DE CONCESIONES
Aparte de la reducción de la tarifa, la comisión de obras públicas ha propuesto que la nueva ley contemple la creación de un registro con el historial de las concesiones y de los traspasos de cada unidad del transporte colectivo.
El historial será administrado por la Dirección General de Transporte Terrestre del Viceministerio de Transporte (VMT) y servirá para tener un registro actualizado del estado de las unidades.
Principal
La ASA firma acuerdo con Universidad Zamorano para fortalecer la gestión de los recursos hídricos
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) y la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano firmaron un memorándum de entendimiento que establece una alianza estratégica orientada a fortalecer la gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador, a través de la formación académica, la investigación científica y la cooperación técnica.
Este acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones entre ambas instituciones que contribuyan al desarrollo de capacidades técnicas en el sector hídrico, promoviendo el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Entre las principales acciones incluye pasantías para estudiantes, programas de capacitación y formación continua, proyectos de investigación aplicada y actividades académicas vinculadas a la gestión sostenible del agua.
Asimismo, el convenio facilitará la participación de estudiantes, docentes y graduados de Zamorano en iniciativas impulsadas por la ASA, lo cual fortalece el vínculo entre la academia y la gestión pública del recurso hídrico.
«Con esta alianza, la ASA reafirma su compromiso de promover la innovación, el desarrollo de talento humano especializado y la generación de conocimiento técnico que contribuya a una gestión eficiente, sostenible y responsable del agua en beneficio del país», detalló.
Mauricio Iván Hernández Espinoza purgará 16 años de prisión por haber extorsionado a una víctima en Jayaque, La Libertad Oeste, durante el 2015. La pena carcelaria fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
La investigación fiscal determinó que la víctima estuvo pagando la extorsión semanalmente durante ocho años. Todo inició en el 2015, cuando la víctima iba rumbo a su trabajo a la altura de cantón Las Flores, Distrito de Jayaque.
«El imputado interceptó a la víctima y le manifestó ser miembro de la MS-13 y le dijo que para no atentar contra su vida y la de su famililla tenía que pagarle una alta suma de dinero semanal, a cambio de dejarlo trabajar en la zona», informó la Fiscalía General de la República.
Fue hasta en marzo de 2022 que la víctima decidió denunciar al pandillero ante la Policía Nacional Civil y mediante entrega controlada de dinero lo capturaron el 5 de julio del 2023 cuando recibía el pago de la extorsión.
En la vista pública, la Fiscalía General de la República presentó prueba documental, pericial y testimonial en la que se demostró la participación de Hernández y fue condenado por el delito de extorsión agravada.
Edwin Armando Santos Solano, de 39 años, fue condenado a 26 años de cárcel por intento de homicidio, así resolvió el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 31 de enero de 2021, a las 3:30 a. m., en Ilopango, San Salvador Este.
La víctima fue interceptada por pandilleros de la 18 Sureños cuando salía de su vivienda; entre los atacantes estaba Santos Solano. «Los sujetos lo golpearon con la cachas de las pistolas y le manifestaron que debía abandonar el lugar, ya que residía en un sector contrario al de ellos», detallaron las autoridades.
La víctima logró escapar; sin embargo, los agresores le realizaron disparos sin lograr herirla y posteriormente la alcanzaron, continuando con la agresión física con la intención de matarla. La víctima fue auxiliada por personas transeúntes.
Fuentes judiciales informaron que el reconocimiento de Salud, determinó que las lesiones sufridas por la víctima sanaron en un período de 90 días. Durante el juicio, la representación fiscal, desfiló abundante prueba documental, pericial y testimonial que permitió comprobar la participación del pandillero en el caso. Entre la prueba se contó con el testimonio de la víctima quien pudo identificar al ahora condenado.
