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Pacientes renales exigen al ISSS proveer medicina que descontinuó para bajar costos
Los pacientes con insuficiencia renal crónica que han sido amparados por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron una nueva demanda pública a las autoridades del Seguro Social (ISSS) en el sentido que les provea la medicina que descontinuó con la intención de bajar costos en la institución.
Por medio de un comunicado, los pacientes aglutinados en la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesal) se acogen al fallo favorable que recibieron el pasado 2 de julio en el cual se señala que el ISSS estaría vulnerando sus derechos a la salud y a la vida luego de cambiar una de las medicinas que recibían como parte de su tratamiento.
Los magistrados de la Sala dicen haber comprobado que el Seguro modificó la provisión de medicamentos, no obstante, el actual también daría los mismos resultados. Se trata de epoetina beta, el cual fue sustituido por eritropeyitina alfa.
Los pacientes renales señalan “al devolvernos el medicamento de epoetina beta de aplicación mensual, nos devuelven la calidad de vida que como derechohabientes merecemos”. Según ellos, esta medicina ha comprobado dar mejores resultados y reduce los efectos secundarios.
El fallo de la Corte establece que ambos medicamentos (epoetina beta y eritropeyitina alfa) pueden mantenerse dentro del listado oficial de medicamentos del Seguro Social y que dependerá del cuadro clínico de cada paciente determinar cuál de ellos aplicar.
Sin embargo, con su nuevo pronunciamiento público, los pacientes aglutinados en Apredesal exigen que solo se les aplique una de las medicinas: epoetina beta.
“Exigimos que se cumpla el fallo dictado por la Honorable Sala de lo Constitucional en favor nuestro, garantizándonos el acceso al tratamiento médico adecuado para nuestro padecimiento considerando el análisis de la evolución de nuestra enfermedad, el resultado obtenido con los tratamientos anteriores, los efectos secundarios del medicamento que actualmente nos administran y el impacto que este produce en nuestra calidad de vida”, exponen los pacientes renales en su pronunciamiento, ideas que retoman de la sentencia de la CSJ.
Durante meses, los pacientes renales señalaron diversas críticas en contra de las autoridades del ISSS por el cambio en sus tratamientos para lo cual realizaron una campaña mediática, además de presentar denuncias a la Procuraduría de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional.
El pasado 2 de julio, los magistrados constitucionales resolvieron “ha lugar” el recurso presentado por tres pacientes renales.
En la sentencia publicada (de 20 páginas) se expresa, entre otras cosas: “En consecuencia, fue atentatorio contra los derechos a la salud y a la vida de los peticionarios y del resto de paciente renales en tratamiento de hemodiálisis que las autoridades demandadas (ISSS) incluyeran en el LOM (Listado Oficial de Medicamentos) y posteriormente universalizaran la aplicación del medicamento eritropeyitina alfa por motivos puramente económicos”.
A través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento que desarrolla la Dirección de Integración a escala nacional, más de 500 salvadoreños al día tienen acceso a espacios culturales.
«Este no es un esfuerzo aislado, sino un proceso integrador que amplía miradas, fortalece relaciones y naturaliza el acceso a la cultura como parte de la vida, asegurando que cada persona pueda conocer, vivir y hacer propia la riqueza cultural del país», indicó la institución.
Esta iniciativa posibilita el acceso a miles de personas de todas las edades de las zonas urbanas y rurales para que asistan por primera vez a cines, teatros, conciertos y museos.
Asimismo, estudiantes acompañados de sus padres y docentes de diferentes centros educativos del país visitan diferentes espacios como el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán (MUNA), a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento.
«Con estas experiencias promovemos el intercambio entre comunidades y el mundo del arte y la cultura, fortaleciendo relaciones integradoras y naturalizando este acceso como parte de la vida», agregó.
Asimismo, 100 personas de diferentes comunidades de Usulután y Santa Ana visitaron el parque Saburo Hirao, en San Salvador, con el objetivo de fortalecer experiencias que les permitan redescubrir y naturalizar estas actividades como parte de la vida.
«100 salvadoreños de Jiquilisco, Usulután y Chalatenango vivieron una experiencia inolvidable al visitar Sunset Park, a través del programa Mundo de Arte y Entretenimiento», añadió.
De acuerdo con Integración, la participación de las personas en la naturalización con el arte no se limita a presenciar y a reflexionar sobre los espectáculos; también, aspira a que cada salvadoreño sea capaz de producir arte lo enriquezca de forma personal y a la cultura del país.
«Para alcanzar el desarrollo e ir saliendo de la pobreza, una aspiración del país debería ser que el arte llegue a las comunidades. Se producirá un cambio cultural porque nace una relación naturalizada del pueblo con la cultura», afirmó Integración.
La ministra de Educación, Karla Trigueros, llegó esta noche hasta el Centro Escolar El Congo, en el distrito del mismo nombre de Santa Ana Este, para verificar la matrícula de la modalidad flexible y supervisar la entrega de paquetes escolares que por primera vez reciben los estudiantes de este sector, que realizan sus estudios en horarios nocturnos.
Para este año, este centro educativo registra una matrícula de 83 estudiantes en los niveles desde primero a noveno grado, en su mayoría jóvenes y adultos, lo que representa un incremento en el número de estudiantes bajo esta modalidad comparado al año pasado.
La ministra destacó que con la entrega de los paquetes, el gobierno del presidente Nayib Bukele garantiza el beneficio para todos los estudiantes del sector público, ya que los estudiantes de esta modalidad recibirán el mismo paquete, con excepción de los uniformes, que recibe el resto de estudiantes en modalidad normal
La ministra Trigueros señaló además que los paquetes representan un incentivo importante para la continuidad de los estudiantes de esta modalidad, que ahora cuentan con herramientas esenciales para avanzar en sus estudios, como las tablets y laptops que se incluyen en el paquete, además de todo el material educativo, que usarán en sus estudios
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio al importador de lácteos William Giovany Cruz Molina, por defraudar al fisco con un monto de $1,702,451.46, según la acusación presentada por la Fiscalía General de la República.
El imputado quien tiene la calidad de ausente ante el juez de la causa, comenzó a ser investigado por el ministerio público, luego que el 3 de febrero de 2022, recibiera un informe del director y subdirector de Impuestos Internos informando que tras un procedimiento de fiscalización del impuesto sobre la renta correspondiente al 1 de enero y 31 de diciembre de 2018, habían detectado irregularidades en la declaración presentada por Cruz Molina.
En la fiscalización, los auditores determinaron que el contribuyente del impuesto sobre la renta defraudó al fisco al haber declarado información falsa y ocultar documentos necesarios para la determinación de las obligaciones de pago.
Según la fiscalización de la administración tributaria, el 25 de marzo de 2019, en un formulario declaró cero valores, pero en la misma fecha modificó esa declaración de impuesto sobre la renta para reportar un valor por $1.62, tomándose de esa manera como la última declaración.
En ese formulario el imputado incluyó información falsa ya que no declaró operaciones por rentas gravadas por un monto de $4,591,245.12, de los cuales comprende rentas gravadas por compras no registradas por un valor de $3,108,281.82 proveniente de la compra de queso morolique de origen nicaragüense según declaraciones de mercancías.
También detectaron rentas gravadas no declaradas originadas de incremento patrimonial no justificado por depósitos en cuentas bancarias por un valor de $1,482,963.30.
Ese dinero depositado en dos cuentas en un banco, no fue justificado, Cruz Molina, pese a que le requirieron que detallara el origen de los fondos, no presentó la documentación. Hacienda le pidió comprobante de crédito fiscal o facturas de consumidor final al cual corresponde cada uno de los depósitos, pero no accedió.
Por todos esos hechos, la Fiscalía ordenó la detención el 30 de noviembre de 2022, la Policía Nacional Civil (PNC), lo ubicó y fue puesto a la orden de un juzgado donde le decretaron medidas, pero a la audiencia preliminar ya no se presentó.
