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Pacientes renales exigen al ISSS proveer medicina que descontinuó para bajar costos
Los pacientes con insuficiencia renal crónica que han sido amparados por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron una nueva demanda pública a las autoridades del Seguro Social (ISSS) en el sentido que les provea la medicina que descontinuó con la intención de bajar costos en la institución.
Por medio de un comunicado, los pacientes aglutinados en la Asociación de Pacientes Renales de El Salvador (Apredesal) se acogen al fallo favorable que recibieron el pasado 2 de julio en el cual se señala que el ISSS estaría vulnerando sus derechos a la salud y a la vida luego de cambiar una de las medicinas que recibían como parte de su tratamiento.
Los magistrados de la Sala dicen haber comprobado que el Seguro modificó la provisión de medicamentos, no obstante, el actual también daría los mismos resultados. Se trata de epoetina beta, el cual fue sustituido por eritropeyitina alfa.
Los pacientes renales señalan “al devolvernos el medicamento de epoetina beta de aplicación mensual, nos devuelven la calidad de vida que como derechohabientes merecemos”. Según ellos, esta medicina ha comprobado dar mejores resultados y reduce los efectos secundarios.
El fallo de la Corte establece que ambos medicamentos (epoetina beta y eritropeyitina alfa) pueden mantenerse dentro del listado oficial de medicamentos del Seguro Social y que dependerá del cuadro clínico de cada paciente determinar cuál de ellos aplicar.
Sin embargo, con su nuevo pronunciamiento público, los pacientes aglutinados en Apredesal exigen que solo se les aplique una de las medicinas: epoetina beta.
“Exigimos que se cumpla el fallo dictado por la Honorable Sala de lo Constitucional en favor nuestro, garantizándonos el acceso al tratamiento médico adecuado para nuestro padecimiento considerando el análisis de la evolución de nuestra enfermedad, el resultado obtenido con los tratamientos anteriores, los efectos secundarios del medicamento que actualmente nos administran y el impacto que este produce en nuestra calidad de vida”, exponen los pacientes renales en su pronunciamiento, ideas que retoman de la sentencia de la CSJ.
Durante meses, los pacientes renales señalaron diversas críticas en contra de las autoridades del ISSS por el cambio en sus tratamientos para lo cual realizaron una campaña mediática, además de presentar denuncias a la Procuraduría de Derechos Humanos y la Sala de lo Constitucional.
El pasado 2 de julio, los magistrados constitucionales resolvieron “ha lugar” el recurso presentado por tres pacientes renales.
En la sentencia publicada (de 20 páginas) se expresa, entre otras cosas: “En consecuencia, fue atentatorio contra los derechos a la salud y a la vida de los peticionarios y del resto de paciente renales en tratamiento de hemodiálisis que las autoridades demandadas (ISSS) incluyeran en el LOM (Listado Oficial de Medicamentos) y posteriormente universalizaran la aplicación del medicamento eritropeyitina alfa por motivos puramente económicos”.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
