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Operación antiextorsiones en Ahuachapán deja 33 capturas de pandilleros y sus cabecillas
La Policía arrestó este miércoles con orden judicial en Ahuachapán a 10 miembros de padillas acusados de los delitos de extorsión agravada, homicidio agravado, homicidio imperfecto o tentado y proposición y conspiración en el delito de extorsión agravada, en perjuicio de unas 100 víctimas, que incluirá, además, durante el día la intimación de 23 reclusos.
Investigadores de la División Antiextorsiones, en colaboración con otras unidades policiales, se desplazaron a los municipios de Guaymango y Atiquizaya donde arrestaron a 10 sujetos miembros de una estructura criminal.
Mientras que los intimados son personas que ya guardan prisión en los penales de Izálco, Sonsonate; Chalatenango, en la cabecera del homónimo departamento; Zacatecoluca, de La Paz; y Apanteos, Santa Ana, además de bartolinas policiales.
Otros crímenes que dieron origen a las capturas e intimaciones son los de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, tráfico ilícito, asociaciones delictivas y agrupaciones ilícitas.
Entre los detenidos e intimados, además de los cabecillas y demás integrantes, se hallan colaboradores y familiares de mareros.
Durante la operación se logró la incautación de 8 teléfonos celulares y
$2,000.00.
Según las investigaciones, las personas detenidas utilizaban distintas formas para cometer los delitos, entre estas se destacan las visitas a las víctimas y las llamadas telefónicas para amenazarlas a muerte y exigir el dinero.
Con estas detenciones se da respuestas a más de un centenar de victimas que denunciaron los hechos oportunamente, gracias al acercamiento realizado por las distintas unidades policiales.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
Un aparatoso accidente de tránsito se registró este jueves en el distrito de San Miguel, cuando un microbús que circulaba a excesiva velocidad se estrelló contra el muro perimetral de una vivienda en la zona de Chirilagua.
El siniestro fue captado por la cámara de seguridad de la propiedad afectada, y en las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad antes de impactar violentamente contra la estructura.
Según testigos, el microbús trasladaba a varios maestros que se dirigían hacia el centro escolar donde laboran. Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales, pero las autoridades investigan las causas del accidente y si hubo personas lesionadas.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a Rogelio Manfredo Sánchez Hércules a 11 años de prisión y a Diana Liseth Medrano Catedral a 10 años, por el delito de extorsión agravada.
Según la Fiscalía, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron la responsabilidad de ambos imputados, quienes pertenecen a la pandilla 18 y operaban en los distritos de Nejapa y Apopa, al norte de San Salvador.
El delito ocurrió en agosto de 2022, cuando los acusados amenazaron a la víctima con un arma de fuego exigiéndole pagos mensuales para no atentar contra su vida o la de sus familiares. Ante el temor, la víctima accedió al pago pero denunció inmediatamente el caso a las autoridades.
Tras las investigaciones, Sánchez y Medrano fueron capturados y procesados. El tribunal validó las evidencias y dictó la condena conforme al grado de participación de cada uno.
Además, ambos enfrentan otro proceso judicial por el delito de agrupaciones ilícitas.
