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Nueva iniciativa de ley del Gobierno absorberá el nuevo incremento del precio internacional de los combustibles
Con 78 votos a favor, la Asamblea Legislativa aprobó la noche de este lunes durante una sesión plenaria extraordinaria, fijar los precios de los combustibles a nivel nacional, con el objetivo de evitar que el alza internacional del precio del petróleo.
La iniciativa fue presentada por el presidente de la república, Nayib Bukele, a través de la ministra de Economía, María Luisa Hayem; y el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya.
Las autoridades especificaron que la iniciativa consta de dos componentes: fijar los precios máximos de los combustibles, y que el Gobierno pueda absorber ese incremento de los combustibles reciente.
Esto se suma a las otras medidas para intentar contener la inflación mundial.
La nueva iniciativa beneficiará a 1.2 millones de conductores, a la cadena de suministros, transporte de alimentos y mercaderías, transporte de personal, transporte público y toda la cadena de costos que se vería impactada por un incremento de precios en los combustibles.
La presente Ley tiene por objeto establecer disposiciones transitorias a efecto de fijar los precios máximos de venta de los combustibles hasta el 31 de mayo.
La Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda y la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía, desarrollarán los mecanismos que posibiliten el otorgamiento del subsidio.
Las importadoras de combustibles están obligadas a trasladar la reducción del valor correspondiente al subsidio en el precio de venta a los distribuidores mayoristas, clientes industriales y a las estaciones de servicio o gasolineras.
Así mismo, los distribuidores mayoristas deberán trasladar a sus clientes la reducción referida. Las estaciones de servicio deberán cumplir los precios máximos de venta establecidos ante tal medida implementada por el gobierno.
Las estaciones de servicio y las importadoras de combustibles que incumplan las obligaciones establecidas ante tal medida serán sancionados por el Ministerio de Economía.
A las importadoras y los distribuidores mayoristas, se les aplicará una multa de hasta el 1% del patrimonio del ejercicio anterior, para las personas jurídicas serán de hasta 500 salarios mínimos mensuales del sector comercio ($365.00) para las personas naturales las multas no podrán ser inferiores a 56 salarios mínimos mensuales del sector comercio.
A las estaciones de servicio, les será aplicable una multa que podrá ser de hasta el 0.7% del patrimonio del ejercicio anterior, para las personas jurídicas será hasta 280 salarios mínimos mensuales del sector comercio ($ 365.00) y para las personas naturales las multas no podrán ser inferiores a 28 salarios mínimos mensuales del sector comercio.
El español Daniel Arnavat Carbajallido y la salvadoreñas Patricia Elizabeth Cruz Andrade, fueron condenados a tres años y seis meses de prisión por el delito de administración fraudulenta.
Los dos fueron condenados en calidad de ausentes ya que luego de desfalcar a la empresa Livisto S.A de C.V., huyeron para evadir la justicia.
En el fallo emitido por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, se les declaró rebeldes y se les girará nueva orden de captura para que al ser localizados sean enviados a un centro penal a cumplir la condena.
Según la acusación que la Fiscalía General de la República presentó, la administración fraudulenta la cometieron entre el 2016 y 2018, cuando se aprovecharon de sus funciones gerenciales y de dirección en la empresa Livisto S.A de C.V., una sociedad ubicada en Zaragoza, La Libertad.
Las indagaciones realizadas por el ministerio público evidenciaron que los imputados incurrieron en anomalías contables para desfalcar a la empresa por un monto de $3 millones. La entidad afectada se dedica a fabricar y vender productos veterinarios.
Para ejecutar el desfalco constituyeron tres empresas las cuales las convirtieron en proveedores exclusivos de la sociedad afectada y le vendieron con sobreprecio, para así obtener un provecho personal, según la investigación que realizó el ministerio público y que fue judicializada en los tribunales del departamento de La Libertad.
En el caso de Claudia Rebeca Suárez Girón, el tribunal dictó un sobreseimiento, es decir que la pena se extingue por su fallecimiento, la mujer era la única que fue detenida por la Policía Nacional Civil (PNC), en septiembre de 2020.
El trabajo de la Fuerza Armada ha sido clave para la reducción de hechos delictivos. Foto Ministerio de Defensa.
El ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, aseguró que el apoyo de la Fuerza Armada en acciones de seguridad pública permite que la Policía se dedique a la investigación y desarticulación de bandas organizadas que pretenden surgir para dedicarse al hurto y robo.
«Las operaciones que se realizan con la Policía Nacional Civil van mucho más allá de perseguir pandilleros, de evitar que se cometan homicidios. También abarcan el área del respeto a la propiedad privada y evitar que se vayan formando bandas delincuenciales que afecten la paz y tranquilidad del pueblo salvadoreño», indicó el funcionario.
Agregó «la Fuerza Armada tiene una de las misiones, que es nuestro despliegue en todo el territorio nacional, de tal manera que con ese despliegue nosotros logramos mantener el control del territorio junto con la Policía, obviamente, pero le permite también a la Policía Nacional Civil dedicarle tiempo, el tiempo que se requiere a la investigación de este tipo de delitos [robo y hurto] que de igual manera afectan a la población».
Merino Monroy señaló que los grandes resultados, obtenidos en este sentido, se deben a la integración de la Policía, Fuerza Armada y la Fiscalía, impulsada desde el Gobierno.
«Este tipo de operaciones es un reflejo de esa política de seguridad del señor presidente de la república, la cual ha logrado, entre otras cosas, integrar dos instituciones vitales para la paz y tranquilidad de los salvadoreños, como son la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada y, por supuesto, el área que le corresponde a la Fiscalía General de la República», expresó el ministro.
Merino Monroy afirmó que la institución castrense continuará apoyando la Policía para llevar paz y tranquilidad a la población. «Cuando nosotros decimos que El Salvador es el país más seguro, a todos nos viene a la mente un país tranquilo, un país donde no nos tengamos que preocupar por ningún problema y no solamente, como repito, es la reducción de los homicidios, sino aquella tranquilidad que cualquier salvadoreño pueda dejar sus pertenencias en cualquier lugar y nadie debería de hurtársela o robársela», dijo Merino.
La Dirección de Obras Municipales (DOM) informó que llevan un 90 % de avance en la construcción del puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, municipio de La Libertad Este.
«Con la colocación de 67 metros cúbicos de concreto hidráulico en la losa de un puente sobre el río El Jute, en el distrito de Zaragoza, La Libertad Este, la DOM registra un 90% de avance de obra», señaló la institución.
El puente en construcción beneficiará a más de 2,000 habitantes de la zona, indicó la DOM.
Esta obra será de 26.80 metros lineales de longitud, 8.10 de ancho y 7 metros de altura; además contará con acera peatonal y se unirá a otros proyectos que ha hecho la DOM que consisten en el mejoramiento de más de 2.5 kilómetros de calles rurales.
También unirá la hacienda Corinto del distrito Zaragoza con la carretera al Puerto de La Libertad.
La DOM detalló que como parte del proceso de construcción se han colocado 30 centímetros de espesor de concreto y para ello han trabajado 35 miembros de las cuadrillas de la institución.
Además de la edificación del puente, las obras en la zona incluyen el mejoramiento vial de 120 metros con capa de suelo cemento de 20 centímetros, un espesor de concreto hidráulico de 15 centímetros y se ha dividido en 60 metros a cada costado.
