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Judicial

MISTERIO Y CONSPIRACIÓN: Capturan a médico y joven vinculados al feminicidio de Fernanda Nájera

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Foto Red Informativa SV

La Fiscalía General de la República ordenó hoy la captura de un médico y una joven por su vinculación al caso de feminicidio de Melvi Fernanda Nájera Quezada, asesinada en el pasado 31 de enero de 2019 en Ahuachapán.

Según el informe de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la oficina fiscal de Santa Ana, los detenidos son Jacqueline Alejandra Martínez Herrera, de 18 años de edad, y el médico, Roberto Arturo Valdivieso López, de 57 años de edad. Ambos por alterar las investigaciones, por lo que serán procesados por el delito de Fraude Procesal.

Durante el procedimiento de las capturas, las autoridades realizaron siete registros y allanamientos en Ahuachapán y San Salvador.

El cadáver de la víctima de 23 años de edad, fue encontrado con múltiples lesiones  ocasionadas con arma blanca, el 1 de febrero de este año, en el kilómetro 99 de la carretera que de Ahuachapán conduce a Sonsonate, en el cantón El Molino del municipio de Concepción de Ataco.

El hijo de la víctima, de un año y 7 meses de edad, fue rescatado cuatro días después, el 4 de febrero, en estado de abandono, deshidratado y en mal estado de salud en el interior de un cafetal de la misma zona donde se encontró el cuerpo de su madre.

Capturan a médico y joven vinculados al feminicidio de Fernanda Nájera

Por el momento se desconocen mayores detalles, pero según lo establece el artículo 306 del código penal, ambos de ser encontrados culpables de haber cometido este delito podrían enfrentar una pena en prisión de 2 a 10 años.

Autoridades Fiscales confirmaron que la investigación continúa abierta para otros posibles involucrados en el feminicidio.

Nota tomada de SoloNoticias.com

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Sujeto es enviado a prisión por asesinato en La Unión

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Noé David Meléndez fue detenido por la Policía, acusado de quitarle la vida a un hombre en Anamorós, La Unión. Según las investigaciones, tras una discusión, Meléndez golpeó a la víctima con un trozo de madera, provocándole la muerte.

El acusado enfrentó la audiencia inicial en el Juzgado de Paz de Anamorós, donde la jueza determinó que permanezca en prisión provisional mientras continúan las investigaciones.

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Demandarán a Manuel Flores por $250,000

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El secretario general del FMLN, Manuel Flores, será demandado por $250,000 en los próximos días por el delito de difamación, informó ayer el Círculo de Reflexión Política Siglo XXI.

«[Será demandado] por haber afirmado que el Círculo de Reflexión Política es financiado por instituciones del Estado, lo cual constituye una difamación que causa daño moral, perjudica la imagen pública y el buen nombre de los miembros del Círculo de Reflexión Política», sentenció ayer la entidad.

El señalamiento lo hizo Flores en una reciente entrevista televisiva; mientras que la entidad de académicos adelantó que los fondos serán donados al Hospital Nacional Psiquiátrico, para contribuir en la atención psicológica y psiquiátrica de los pacientes.

La demanda es «una acción disuasiva para los opositores políticos que realizan difamaciones en los medios de comunicación y en las redes sociales», advirtió la entidad.

Asimismo, lamentó los constantes ataques de los opositores políticos que se niegan a reconocer las transformaciones sociales de El Salvador. «Expresan absurdos, exabruptos, incluso hasta insultos contra los ciudadanos salvadoreños que residen en el país y ofenden hasta nuestros hermanos salvadoreños que residen en el extranjero», concluyó.

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Tribunal condena a dos personas por vender una propiedad que no les pertenecía

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El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana condenó a Mauricio Edgardo Galán Martínez a 12 años de prisión por los delitos de uso y tenencia de documentación falsa, falsedad ideológica y estafa.

Además, el tribunal ordenó que Galán Martínez pague $35,000 en concepto de responsabilidad civil a la víctima del caso.

En el mismo proceso, Karla Elizabeth Erazo de Urrutia fue declarada culpable del delito de estafa y condenada a tres años de trabajos de utilidad pública, además de pagar $1,200 como reparación económica.

De acuerdo con la investigación, ambos implicados vendieron una propiedad ubicada en un condominio del lago de Coatepeque sin ser sus propietarios, utilizando documentos falsificados.

Los hechos ocurrieron en el año 2021, según informó la fuente judicial.

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