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Ministerio de Trabajo sancionará a empresas de seguridad por no pagar el día de asueto nacional del pasado viernes
Las inspecciones que autoridades del Ministerio de Trabajo realizaron el pasado viernes a empresas de seguridad privada, para verificar el pago de día de asueto nacional decretado por la Asamblea Legislativa, reveló que algunas de ellas no cumplieron con la normativa laboral, por lo que serán sancionadas.
Se detectó que en varias de estas empresas hay trabajadores obligados a laborar todo el día sin descanso, sin pago de horas extra ni nocturnidad, confirmó el ministro de Trabajo, Rolando Castro, quien añadió que se hará uso de toda normativa legal, para defender los derechos de los trabajadores.
«La mayoría de las empresas de seguridad son de exmilitares y exguerrilleros o sea (ARENA-FMLN); potenciaron la violencia y crearon sus empresas como alternativa, todo un negocio y hasta crearon una ley especial con sus diputados y ésta les permite violentar los derechos de sus Trabajadores, obligándolos a trabajar día y noche sin descanso y sin pagar hora extra ni nocturnidad», dijo el funcionario.
Ministro de Trabajo, @RolandoCastroSv reitera que hay trabajadores obligados a laborar todo el día sin descanso, no se les paga horas extras ni nocturnidad. El Ministerio de Trabajo hará uso de toda normativa legal, para defender los derechos laborales 👇🏻 https://t.co/Kht8l6GNlZ
— Ministerio de Trabajo (@TrabajoSV) September 17, 2022
En la jornada de verificación, que continuó este sábado, también se encontró que algunas compañías no pagan los días de asueto oficial y no conceden vacaciones anuales remuneradas, como lo establece el Código de Trabajo.
Otra anomalía detectada en la jornada de inspecciones es que, en la mayoría de las empresas, las personas, hombres y mujeres, contratados como vigilantes son obligados a comprar los uniformes.
El titular de esa cartera de Estado agregó que, ante las violaciones de los derechos de los empleados, «el Ministerio de Trabajo hará uso de toda normativa legal, pero no seguiré esperando el ‘tiempo idóneo’ mientras humillan y maltratan a los trabajadores de la seguridad privada».
«Seguiremos trabajando para proteger a empleados de seguridad privada, no vamos a tolerar estás acciones, venga de donde venga», reiteró el titular de esa cartera de Estado, quien agregó que «quienes no cumplan la ley, serán sancionadas».
Debido a las jornadas extendidas, hasta por 48 horas continuas, se han registrado casos en que algunos vigilantes han sufrido desmayos debido al exceso de trabajo.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
