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Nuevo sistema de transporte reordenará recorrido de rutas y zonas
La nueva ley de transporte, de la cual ya hay un dictamen favorable pendiente de ser aprobado, tiene como objetivo generar las condiciones idóneas para que peatones y conductores se desplacen de forma segura por las diferentes arterias del país. En la referida ley se establece que se creará la Dirección General de Movilidad y Seguridad Vial y que esta tendrá diferentes divisiones operativas.
Dos de esas divisiones serán la Dirección General de Transporte Terrestre y la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial, que tendrán bajo su supervisión el funcionamiento y la operación de las unidades del transporte colectivo de pasajeros.
En la propuesta de ley dictaminada se establece que ambas divisiones trabajarán de forma articulada para definir el ordenamiento de la circulación de los buses y microbuses que deberán cumplir con los permisos respectivos.
Según el proyecto legal, podrán crearse nuevas rutas, las cuales se definirán acordes con la necesidad que exista y la demanda del servicio.
La ley explica que si la Dirección General de Transporte Terrestre lo considera, podrán habilitarse recorridos por zonas geográficas y que no serán los mismos de las rutas de buses o microbuses, como parte de un proceso de reordenamiento de la circulación vehicular.
Estrictamente, la normativa menciona que los nuevos recorridos podrán habilitarse con base en la necesidad técnica comprobada y sin que haya una solicitud de concesión.
El diputado Salvador Chacón, quien es presidente de la comisión de obras públicas, transporte y vivienda, explicó que esta nueva forma de ordenar el transporte tendrá como enfoque prioritario al peatón y que se fomente el uso del transporte colectivo.
«En el pasado existía una serie de burocracia en el sector transporte. Desde la comisión de obras públicas estamos analizando qué territorios necesitan mayor cobertura de este servicio», expuso el legislador.
Bajo la nueva ley, el proceso de concesión de rutas se regirá bajo varios elementos, entre los que se mencionan el detalle del recorrido, el punto de inicio del viaje y el punto de llegada, así como las paradas para abordaje y desabordaje.
Además, el peticionario o concesionario deberá contar con unidades de transporte que no sobrepasen los 15 años de fabricación, con un sistema de videovigilancia y caja única, y personal certificado para transportar a pasajeros.
El viceministro de Transporte, Saúl Castelar, detalló al ser llamado ante la comisión en la etapa de análisis de la propuesta que cuando la ley entre en vigor se emitirá un reglamento general de transporte terrestre en el que se van a detallar los tipos de recorridos que estarán habilitados para el transporte masivo, colectivo, selectivo, especial, alternativo local y transporte excepcional de pasajeros con carga en pick-up.
Castelar hizo mención de que el objetivo es incentivar a que la población vuelva a usar el transporte público para trasladarse y así reducir el movimiento de vehículos privados.
«Sabemos que el parque vehicular en El Salvador creció porque la población ya no quería viajar en bus. Hablamos de un transporte colectivo inseguro, desordenado, irrespetuoso. Con la nueva ley se va a garantizar que los empresarios cuenten con buses modernos, seguros, en los que los ciudadanos puedan trasladarse y no requerir un vehículo privado», expresó a los legisladores.
En cuanto a la clasificación del transporte público terrestre también se definió que el masivo es el que tendrá la mayor capacidad de movilización de personas e incluirá unidades con ruedas neumáticas o en rieles, previendo la inclusión de trenes; le seguirá el colectivo, que solo incluirá buses y microbuses. Estas dos formas de transporte serán las que atenderán la mayor demanda de la población, ya que estarán en todo el territorio nacional.
Por otra parte, el transporte especial estará destinado a determinados grupos, como iglesias o escuelas; el selectivo será en un acuerdo entre un cliente y un prestador de servicio privado de transporte con un precio y un recorrido ya acordados.
El alternativo local será el que se desarrolle en una determinada zona donde no funcione ni el masivo, ni el colectivo o el selectivo.
La última forma de transporte contemplada en la nueva ley será el excepcional, para suplir la necesidad de movilizar a pasajeros o cargas de un lugar a otro en donde ninguno de los anteriores puede dar el servicio.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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