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Ministerio de Agricultura y PNC fortalecen el combate de contrabando de productos lácteos
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron un esfuerzo coordinado para enfrentar con mayor dureza el contrabando de productos agropecuarios.
El Plan Anticontrabando es una iniciativa que se enfocará en impedir que grupos criminales ingresen mercadería en los puntos ciegos, o de manera ilícita. Cuando comercializan estos productos, los venden a un precio artificialmente bajo.
“Nos hemos propuesto con la Policía de que vamos a endurecer la vigilancia y vamos a tratar de evitar que pasen más furgones de contrabando”, comentó el ministro de Agricultura, Pablo Anliker.
El día del anuncio de este nuevo Plan, las autoridades de la PNC y del MAG también informaron sobre la incautación de 26 mil libras de queso, valoradas en $90 mil.
Roberto Membreño, jefe del departamento de aduanas de la División de Seguridad Fronteriza de la PNC, explicó que entre julio de 2019 y julio de 2020 han incautado 151 mil libras de queso que había entrado de manera ilícita, por contrabando. Todo este producto está valorado en más de $454 mil. En ese mismo período, han capturado a nueve personas por contrabando de mercadería y han decomisado ocho vehículos.
Aunque los quesos están entre los productos que con mayor frecuencia se comercializan en este oscuro mercado, el Plan Anticontrabando incluye a todos los productos agropecuarios.
Este trabajo interinstitucional beneficiará a los productores, pues contribuirá a reducir la competencia desleal en el mercado y así podrán obtener un precio justo por su trabajo.
En tanto, los consumidores accederán a productos que cumplen con todos los requisitos de legalidad y de higiene. También, el Estado recibirá los ingresos que ha perdido por las acciones delictivas del contrabando. Finalmente, el Plan obedece a la instrucción que dio el Presidente Nayib Bukele a todos sus funcionarios de trabajar coordinados en beneficio de la población.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
