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MIDES solicita oficialmente al alcalde de San Salvador que acepte la intervención de la CICIES
Carlos Miranda, Apoderado Judicial de la empresa MIDES, propietaria del Relleno Sanitario de Nejapa, informó que este día la referida sociedad, presentó en las oficinas de la COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN EN EL SALVADOR (CICIES) de manera oficial, la solicitud para que el Organismo Internacional dependiente de la ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) intervenga con sus buenos oficios, mediando, fiscalizando e investigando el fondo de los hechos y controversias que han tenido en conflicto a MIDES y la Alcaldía Municipal de San Salvador, con la finalidad de encontrar una solución razonable, justa y apegada a la ley, en el conflicto por la grave crisis sanitaria por los desechos sólidos en la capital.
De acuerdo con el apoderado legal, MIDES, está reiterando la hoja de ruta que el propio Alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, ya ha manifestado que es la mejor opción por el bien de los ciudadanos de la capital, a través de permitir que sea CICIES quien fiscalice todo lo relacionado a los puntos de controversia entre las partes, basados en la neutralidad, transparencia y combate a la corrupción como principios rectores de la Comisión.
Precisamente, el 14 de octubre recién pasado, Ernesto Muyshondt publicó en su cuenta personal de Twitter, con respecto a su reunión en Washington D.C, Estados Unidos de América, sostenida con el Dr. Luis Almagro -Secretario General de la OEA- que: “Hablamos con el Secretario Luis Almagro de la convulsionada situación actual en nuestro país y región, el convenio que la Alcaldía firmará con CICIES, y el importante rol que él y OEA puedan jugar para promover el diálogo en El Salvador y a acompañar nuestro proceso electoral”.
Para el abogado Miranda, esta es la oportunidad que el Señor Alcalde en total coherencia con sus expresiones anuncie la aceptación de esta mediación, brindándole a CICIES el rol protágonico que ya anunció previamente en esa reunión. Finalmente reiteró que MIDES por su parte, con su solicitud ha demostrado el interés que tiene que se resuelve la problemática que ha estado reflejada a nivel de medios sobre los incumplimientos que se le señalan a la Municipalidad de San Salvador, pero que como acto de buena fe, no quieren ser discutiendo de forma mediática, sino con la seriedad, objetividad y transparencia que representa la CICIES.
Información importante para todos los Miembros, Fundadores o Activos de la Sociedad de Comerciantes de Industriales Salvadoreños:
Padres de familia del Instituto Nacional General Francisco Menéndez (Inframen) expresaron su respaldo a los operativos ejecutados esta semana por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Nacional Civil (PNC), mediante los cuales se desarticuló una estructura pandilleril en formación conocida como “La Raza Estudiantil”.
El centro educativo, que atiende a aproximadamente 1,700 estudiantes, ha sido escenario de hechos relacionados con pandillas en años anteriores. Varios padres coincidieron en que estas acciones brindan mayor seguridad y tranquilidad a los alumnos y sus familias.
“Con este tipo de acciones resguardan a miles de estudiantes. Yo me siento más segura y ellos también”, opinó Briseyda, madre de dos jóvenes que estudian en el Inframen.
Rosa, madre de una estudiante de primer año, también apoyó los operativos, señalando que el instituto en décadas pasadas fue golpeado por la violencia de las pandillas. “El que anda metido en problemas, tiene sus consecuencias, pero uno de padre tiene que estar pendiente de sus hijos”, agregó otra madre, Ana.
Por su parte, Ruth Carranza explicó que decidió matricular a su hija en el Inframen por las mejoras en seguridad implementadas en el país desde 2019. “Avalo que las autoridades estén cortando de raíz estas conductas delictivas. Que esto sirva como ejemplo”, afirmó.
#DePaís | Este es el panorama afuera del INFRAMEN donde el pasado martes la @FGR_SV ejecutó un operativo para desarticular una nueva pandilla en formación. Los padres de familia aprueban que las autoridades lleven a cabo este tipo de acciones para evitar ilícitos. 📹: Gadiel… pic.twitter.com/mGpNVpY72d
— Diario El Salvador (@elsalvador) June 26, 2025
El caso
El pasado martes, las autoridades capturaron a 40 estudiantes vinculados con la estructura criminal, procedentes de cuatro institutos nacionales de San Salvador: 28 del Inframen, 6 del Instituto Nacional Albert Camus, 4 del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y 2 del Instituto Nacional Acción Cívica Militar..
Según la FGR, los jóvenes pretendían reclutar más miembros y organizaban actos delictivos. Las investigaciones revelan que amedrentaban a sus compañeros, y algunos están acusados de agresiones sexuales, consumo de drogas y violencia física. Entre los capturados hay tres que ya no eran estudiantes, pero que anteriormente cursaron estudios en el Inframen y ahora se presume estaban colaborando desde fuera.
Los imputados serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos relacionados. Las autoridades reiteraron su compromiso de erradicar toda manifestación delictiva en los centros educativos del país.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador sentenció a 10 años de cárcel a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, por los delitos de incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante el juicio, la Fiscalía demostró que Montano tomó decisiones arbitrarias para destinar fondos municipales, priorizando gastos en eventos artísticos y fiestas patronales por encima del pago de prestaciones laborales a empleados de la alcaldía. La malversación asciende a $282,621.52 dólares.
La investigación surgió tras denuncias de empleados municipales por impago de salarios y prestaciones durante 2022. Además, se reveló que Ricardo Arturo Roque Baires, otro de los imputados, asesoraba jurídicamente al concejo a cambio de un nombramiento como jefe de transporte, y que Montano le adjudicó ilegalmente un proyecto.
Aunque Montano enfrentaba cargos adicionales por apropiación o retención de cuotas laborales, malversación y violaciones laborales, fue absuelta de estos debido a que la comuna no tenía liquidez para efectuar pagos y que se negociaron con las AFP para solventarlos después. También se aclaró que la aprobación de presupuestos para las fiestas patronales correspondía al concejo municipal, no solo a la exalcaldesa.
La condena se desglosa en 6 años por incumplimiento de deberes y 4 años por negociaciones ilícitas. Los otros tres imputados fueron absueltos y quedaron en libertad por orden del tribunal.
