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MIDES denunciará a alcaldesa de Apopa por los delitos de malversación de tasas municipales y desobediencia a orden judicial
De acuerdo al apoderado legal de MIDES, la municipalidad de Apopa dirigida por la alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez, no sólo sigue sin cumplir con el pago por el servicio de disposición final de basura al que fue condenada por sentencia del Tribunal Arbitral la cual asciende a más de $1,7 millones de dólares, sino que también continúa acrecentando la deuda pues tampoco paga la totalidad de la factura mensual, de manera que ya debe $100 mil dólares más y la deuda se sigue acrecentando.
A pesar del total adeudado, el apoderado expresa que MIDES sigue prestando diariamente el servicio de disposición de la basura recolectada en el municipio que es depositada en el relleno sanitario.
La deuda de la Alcaldía de Apopa inició en la administración anterior y ante el incumplimiento de pagos se ejerció el reclamo por la cláusula de arbitraje, el cual fue ganado por MIDES, que inició las diligencias para hacer efectivo el total del monto, de manera que el juzgado de lo civil de Apopa declaró su ejecución forzosa y ordenó a la alcaldesa incorporar el pago del monto total en el presupuesto 2022 lo que fue incumplido por la alcaldesa, lo mismo ocurrió en el presupuesto 2023 donde tampoco acató la resolución judicial, por lo que se ha pedido al juzgado de Apopa que certifique la “desobediencia” de mandato judicial en que ha incurrido la titular del municipio.
“De acuerdo al monto adeudado es claro que la municipalidad de Apopa, de la cual es titular la alcaldesa Jennifer Esmeralda Juárez, ha estado desviando los fondos recaudados en concepto de la tasa que es exclusiva para la disposición final para otros fines, lo que constituye una malversación, es por esa razón que hemos decidido también interponer una denuncia por este delito”, apuntó el abogado.
La Fiscalía General de la República (FGR) condenó a 15 años de prisión a tres pandilleros del Barrio 18, quienes se encuentran acusados de extorsionar a un comerciante en Apopa.
De acuerdo con información fiscal, estos sujetos llegaron al negocio de la víctima para exigirle el pago de la denominada renta, la cual tenía que pagar mensualmente y le amenazaron con atentar contra su vida o la de su familia, si no cumplía con los pagos. A través de las amenazas, la víctima los denunció y las autoridades lograron capturarlos.
Los condenados fueron identificados como Dennis Nehemías Carrillo Mejía, Manuel Antonio Acosta Mercado, y César Enrique Rivera Rivas, quienes son también procesados por otros delitos cuyas condenas se sumarán a la obtenida por este hecho.
El Salvador asumió el liderazgo del Plan Trifinio para encabezar los esfuerzos de protección de los recursos naturales, como reservas forestales y cuencas hidrográficas, que comparte con Guatemala y Honduras en las zonas fronterizas de los tres países.
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El nuevo secretario ejecutivo trinacional, Jorge Urbina, dirigirá el programa desde 2026 hasta 2030, priorizando iniciativas ambientalmente sostenibles en una región de aproximadamente 7,500 km².
El Plan Trifinio, vigente desde hace unos 35 años, se basa en un tratado que declaró la zona fronteriza de los tres países como una unidad ecológicamente indivisible, debido a su valor medioambiental estratégico.
Esta área constituye uno de los sistemas hídricos más relevantes de Centroamérica y alberga once reservas naturales donde convergen la producción agrícola y la conservación de la biodiversidad.
Prioridad hídrica y desafíos productivos
Jorge Urbina subrayó además que “nuestro eslogan es aguas sin fronteras”, reflejando la lógica de colaboración que inspira el Plan Trifinio en materia de recursos hídricos.
Urbina explicó durante una entrevista en Diálogo 21 que el principal reto institucional consiste en equilibrar el desarrollo económico regional con la protección ambiental.
El trabajo de asistencia técnica que impulsa el Plan Trifinio abarca todas las cadenas productivas, principalmente el cultivo de café, hortalizas, aguacate y melocotón, en una región donde las tierras altas presentan condiciones óptimas para la agricultura.
La participación de las familias rurales en la caficultura es significativa, según los datos presentados, el 26 % de las familias rurales dependen directamente de esta producción, la cual abarca cerca de 52,000 hectáreas y alcanza más de 1.2 millones de quintales de café anualmente entre los tres países.
Mantener el equilibrio entre el desarrollo económico derivado de estas actividades y la preservación ambiental es considerado clave por el nuevo liderazgo trinacional.
El 26 % de las familias rurales de la región depende directamente de la producción de café, que ocupa 52,000 hectáreas y supera 1.2 millones de quintales anuales. Foto cortesía Medio Ambiente.
El fortalecimiento de la gestión sostenible cuenta con el respaldo de la Cooperación Italiana, que ha impulsado un programa tecnológico en el municipio salvadoreño de Metapán.
Este programa no solo brinda asistencia técnica agrícola, sino que promueve la investigación y dispone de laboratorios de análisis foliar y de suelo, para determinar si existen contaminantes, falta de nutrientes u otros factores que afecten las cosechas.
El apoyo internacional se refuerza con la participación del Banco de Alemania KFW, que junto con los tres gobiernos destina una inversión de más de $22 millones hasta 2027 exclusivamente a la protección medioambiental.
Se han planificado proyectos para mejorar la seguridad hídrica, destacando la entrega de 180,000 filtros de agua en la región durante el primer trimestre del año; de estos, 60,000 permanecerán en El Salvador. Además, se desarrollan sistemas de captación de agua para abastecer a más de 100 familias locales del departamento de Santa Ana, subrayando la importancia de garantizar el acceso sostenible al recurso.
La cuenca alta del río Lempa, que nace en las montañas altas de Chiquimula, Guatemala, representa un área prioritaria para la distribución de agua en El Salvador.
Urbina enfatizó que más del 40 % del agua potable de la zona metropolitana de San Salvador se abastece de este río, el cual recorre aproximadamente 390 kilómetros en territorio salvadoreño y soporta cuatro represas hidroeléctricas así como dos distritos de riego.
La producción de 13 mil manzanas de frijol en 2025 representa uno de los principales logros del programa Aumento a la Producción, una estrategia implementada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para enfrentar el déficit alimentario en El Salvador. Según datos presentados por Mateo Rendón, representante de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, el plan permitió que gremiales y productores independientes colaboraran en la siembra anticipada y tecnificada, con el objetivo de estabilizar los precios y reducir la dependencia de las importaciones.
En entrevista con Radio YSUCA, el representante de la Mesa Agropecuaria explicó que la sequía proyectada para mediados de 2025 no se materializó, lo que facilitó condiciones favorables para el cultivo. Indicó que la experiencia de años anteriores, marcados por tormentas y pérdidas de hasta el 50% en granos básicos, llevó a una coordinación temprana entre la cartera de Estado y las organizaciones del sector. En noviembre de 2024, el MAG convocó a las gremiales para diseñar un programa que respondiera a la escasez de alimentos, especialmente de frijol y maíz.
El programa Aumento a la Producción se orientó a ofrecer insumos y semillas de calidad en los momentos clave del ciclo agrícola. “La siembra de frijoles de invierno fue un éxito porque seleccionamos las zonas y los productores, y las 500 manzanas iniciales lograron sortear la sequía”, dijo Rendón durante la entrevista. Sobre la fase de verano, el programa asignó siete mil manzanas a la Mesa Agropecuaria, distribuidas en 13 departamentos, y se impulsó la producción en otras seis mil manzanas adicionales por parte de varias gremiales.
“No solo nosotros sembramos, también otras gremiales, al final fuimos como cinco y se sembraron 13 mil manzanas (de frijol) el año pasado. A los productores se nos dotó de semilla…No fue un paquete agrícola, se verificó a las personas sobre cuánto sembró, dónde sembró y eso fue el éxito”, detalló Rendón.
Las cifras divulgadas por los representantes del sector indican que la cosecha de frijol aportó cerca de 300 mil quintales al mercado nacional, parte fundamental para atender el déficit registrado en años anteriores. Según el MAG, en 2024 El Salvador importó frijol por un valor de $50 millones, principalmente desde Nicaragua. Con la cosecha de 2025, el país tuvo una menor presión sobre las importaciones y una mayor estabilidad en los precios internos. “En estos momentos, el frijol puede encontrarse en los agromercados entre 70 centavos y un dólar la libra, dependiendo de la zona”, afirmó Rendón.
El plan de siembra incluyó la dotación de insumos verificados, como la fórmula triple quince, foliar, insecticidas y fungicidas, además de asistencia técnica y seguimiento a la comercialización. El modelo buscó superar las limitaciones del tradicional paquete agrícola, enfocándose en la productividad y la trazabilidad de los beneficiarios. “No era suficiente entregar insumos, sino asegurar que realmente llegaran a quienes cultivan”, sostuvo Rendón.
Para este año, el Ministerio de Agricultura y Ganadería proyecta incrementar el alcance del programa con la siembra de 20 mil manzanas de frijol, lo que permitiría acercarse al consumo anual estimado de 2.4 millones de quintales en el país. El consumo per cápita de frijol entre los salvadoreños adultos ronda las cuarenta libras al año. Las autoridades y los productores esperan que, si las condiciones climáticas se mantienen favorables y la distribución de insumos continúa siendo eficiente, El Salvador logre avanzar hacia una mayor autosuficiencia en la producción de granos básicos.
El programa también fomenta la mecanización y la adopción de nuevas tecnologías en el campo, incluyendo el uso de maquinaria agrícola, drones para riego y equipos de limpieza modernos. Este proceso responde a la dificultad creciente para encontrar mano de obra, un problema asociado a la migración y al envejecimiento de la población rural.
En palabras de Rendón, “el éxito de estas iniciativas depende de una mayor inversión, coordinación y formación técnica en el sector, así como de políticas públicas que prioricen la seguridad alimentaria”.
