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Madre e hijo mueren en fatal accidente de tránsito
Walter Ernesto Serrano Alfaro, de 28 años, y su madre, Ana Silvia Alfaro, de 52, murieron ayer por la mañana en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera que de Santa Ana conduce hacia San Salvador, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
Ellos residían en el distrito de El Congo, en Santa Ana Este, y al momento del accidente se conducían en una motocicleta y se dirigían rumbo a su trabajo, en una zona franca de Ciudad Arce, La Libertad.
De acuerdo con fuentes policiales, el accidente ocurrió a las 6:30 de la mañana en el kilómetro 45.5 de la carretera Panamericana, en el sector del cantón Palo Negro, del distrito de Coatepeque, en Santa Ana Este.
Según las primeras indagaciones, Serrano Alfaro, conductor de la motocicleta, manejaba a excesiva velocidad, perdió el control, se salió de la vía e impactó con un árbol, lo que provocó que él y su copiloto murieran al instante.
Mientras que ayer, aproximadamente a las 5:30 de la mañana, ocurrió otro accidente en el kilómetro 85.5 de la carretera del Litoral, frente a una gasolinera del desvío del cantón San Nicolás Lempa, en el distrito de Tecoluca, en San Vicente Sur, en el que murieron un hombre y una mujer.
Las víctimas, identificadas como Cecy Rosibel Umaña y su sobrino Herbert Armando García, quedaron atrapados en la cabina de la camioneta en la que iban al chocar con un camión cuando se desplazaban de Usulután a San Salvador.
La PNC informó que el conductor de la camioneta invadió el carril contrario e impactó con el vehículo pesado. Personal del Cuerpo de Bomberos y del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil acudió al lugar y rescató los cuerpos, los cuales quedaron en la cabina de la camioneta.
Un accidente de tránsito múltiple se registró esta tarde en el distrito de Nueva Guadalupe, San Miguel Oeste, involucrando a un autobús de la ruta 333, un microbús de la ruta 16 y un camión.
Según informes de los socorristas de Comandos de Salvamento, tres personas resultaron lesionadas en el incidente. Las primeras investigaciones sugieren que la excesiva velocidad y la falta de distancia entre los vehículos podrían haber sido factores determinantes en el choque.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
Johao Carlos Marín Fuentes fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente y constantemente de una menor de edad de febrero a agosto del año 2024, en una colonia del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.
Con las abundantes pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, se evidenció que el imputado convivía con varios familiares de la víctima, por lo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor afectada para agredirle sexualmente en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras.
Marín Fuentes amedrentaba a la víctima para que no dijera nada a nadie de lo que estaba sucediendo, a la vez que le ofrecía usar una tableta electrónica, a cambio de su silencio.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador validó todas las pruebas presentadas por los fiscales del caso e impuso la pena de prisión en mención y el imputado está obligado a $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A Fuentes se le procesó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura de cuatro venezolanos y un ecuatoriano que estafaron a diez víctimas con la falsa promesa de venta de vehículos.
Los detenidos son los venezolanos: Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y el ecuatoriano Gabriel Andrés Ponce Ruiz.
Según las investigaciones, desde octubre del año 2024 a la fecha, los extranjeros crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de automóviles, y a las víctimas les hicieron creer que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los automotores que elegían.
Las víctimas hicieron pagos o depósitos desde los $5,000 a $10,000 dólares para adquirir los vehículos; sin embargo, luego les aseguraron que esos pagos eran en concepto de derecho para participar en asambleas en donde rifarían las compraventas de los vehículos. Ninguna de las víctimas recibió documento ni los autos, ni la devolución del dinero.
Los extranjeros serán procesados por cometer los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Las capturas y registros, realizados en San Salvador, se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Migración y Extranjería.
