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Jueces han dejado en prisión a 18,785 pandilleros y colaboradores detenidos en marco del régimen de excepción
La Fiscalía General de la República confirmo el jueves que los jueces especializados de instrucción de San Salvador, Santa Ana y San Miguel, han resuelto que 18,785 pandilleros y colaboradores detenidos en el marco del régimen de excepción, continúen recluidos en los diversos penales mientras se robustecen las investigaciones.
Comparado con los más de 28,500 detenidos desde el 27 de marzo cuando se instauró el régimen de excepción, el 65.9% de los capturados ya han enfrentado la primera audiencia del proceso penal.
Los jueces han otorgado a la Fiscalía General de la República de cuatro a seis meses de plazo de instrucción con el fin de que se recopilen más pruebas y se presenten en la audiencia preliminar.
«Llegamos a más de 18 mil detenciones provisionales. Hemos presentado ya 393 requerimientos fiscales. Esta guerra contra las pandillas la vamos a ganar juntos», publicó en su cuenta de Twitter, el fiscal general Rodolfo Delgado.
En los últimos resultados de audiencias, en San Salvador, dos juzgados especializados de instrucción ordenaron que 761 miembros de la Mara Salvatrucha y pandilla 18 sigan detenidos en diversos penales.
El Juzgado Especializado de Instrucción A2 de San Salvador, luego de finalizar la audiencia de imposición de medidas resolvió en contra 513 miembros de la MS capturados en los departamentos de La Paz, San Vicente, Cuscatlán, San Salvador y Cabañas.
Llegamos a más de 18 mil detenciones provisionales. Hemos presentado ya 393 requerimientos fiscales.
— Rodolfo Delgado (@FiscalGeneralSV) May 12, 2022
Esta guerra contra las pandillas la vamos a ganar juntos. pic.twitter.com/2wHxsmKcmU
Enfrentan los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y posesión y tenencia con fines de tráfico.
Mientras que el Juzgado Especializado de Instrucción C3 consideró que 248 pandilleros de la 18 sigan en prisión por agrupaciones ilícitas. Los imputados fueron detenidos en el marco del régimen de excepción.
El ecosistema tecnológico salvadoreño continúa expandiéndose con el lanzamiento oficial de AuthenticDoc, una plataforma de firmas digitales desarrollada sobre el protocolo descentralizado Nostr y diseñada para cumplir plenamente con la normativa nacional de firma electrónica. Su propuesta apunta a establecer un nuevo estándar de seguridad y autenticidad criptográfica en documentos y contratos, en un contexto global marcado por los desafíos de verificación que plantean la inteligencia artificial y la centralización de datos.
Fabián Vleer, cofundador de AuthenticDoc, explicó que su llegada a El Salvador hace tres años fue determinante para impulsar esta iniciativa. «He estado en el espacio tecnológico por mucho tiempo. Soy bitcoiner, entiendo la tecnología descentralizada y entiendo dónde está el mundo hoy», afirmó.
Su trayectoria incluye desarrollo de software en Australia y un profundo entendimiento de los riesgos de privacidad y manipulación presentes en plataformas centralizadas.
Roberto Funes, pandillero de la MS-13, recibió una condena de 14 años de cárcel por el delito de organizaciones terroristas.
Este sujeto operaba en distintos sectores del distrito El Rosario, municipio La Paz Centro.
La fiscalía ha logrado individualizar la participación de Funes en varios crímenes y actos terroristas, por los cuales también será condenado y se le sumarán años a esta condena recibida.
A siete años de prisión fueron condenados tres hermanos traficantes de personas, quienes por $40,000, prometieron llevar a Estados Unidos, a dos víctimas con régimen de protección.
Al finalizar la vista pública, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, departamento de La Libertad, emitió un fallo de responsabilidad penal para Marvin Orlando, José Daniel y Luis Antonio, los tres de apellido Dueñas Fuentes.
El juez los condenó en calidad de prófugos, ya que en la fase de instrucción los declararon rebeldes, por el delito de tráfico ilegal de personas, tras una investigación que inició por denuncia de las personas afectadas.
Además de los años de cárcel, el tribunal ordenó que deben pagar $21,600 a cada una de las víctimas en concepto de responsabilidad civil.
Las dos personas denunciantes, declararon que contactaron a los hermanos Dueñas Fuentes, uno de ellos residentes en Estados Unidos, con el fin de acordar el viaje de manera irregular hacia ese país.
En las pesquisas se detalla que las dos víctimas comenzaron el viaje el 17 de octubre de 2022 y que tras llegar a Estados Unidos, fueron deportadas hacia México en dos ocasiones.
A raíz de lo ocurrido, los imputados exigieron más dinero y las amenazaron con entregarlas a los cárteles mexicanos si no pagaban, ante esa amenaza las personas tomaron la decisión de regresarse a El Salvador por sus propios medios.
