Judicial
Un total de 14 extranjeros han sido procesados y encarcelados en el último año
Penas de entre 12 y 15 años de prisión han recibido al menos 14 extranjeros que en el último año han sido procesados por el delito de tráfico ilícito internacional de drogas. Además, otros 14 imputados se encuentran encarcelados mientras continúan los procesos judiciales en su contra.
Los imputados han sido capturados en narcolanchas cuando trataban de cruzar por aguas salvadoreñas. Las autoridades informaron que les han decomisado un total de 11,389 kilos de cocaína valuados en $272,754,900.
Las condenas y los procesos judiciales contra los imputados han sido decretados y ejecutados entre junio de 2022 y junio de 2023.
El pasado 27 de abril, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a seis extranjeros por traficar en altamar 1,374 kilos de cocaína valuados en $34,350,000.
Los narcotraficantes fueron interceptados por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente el 31 de julio de 2021 transportando la droga en dos lanchas 490 millas náuticas al sur de Punta Remedios, departamento de Sonsonate.
La cocaína había salido de las costas de Colombia y el destino era Estados Unidos.
Los imputados fueron identificados como Marcos Antonio Jardín Ramos, Ludwin Martínez Hernández, Ángel Ramírez Hernández, de nacionalidad mexicana; Jimmy David Espinal Quimi, Wílmer Javier Lazo Mejillón, ambos ecuatorianos, y el colombiano Wálter Ocampo Orozco.
Otros tres extranjeros también fueron condenados a 15 años de cárcel el 4 de noviembre de 2022. La pena fue decretada por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador contra un ciudadano colombiano y dos ecuatorianos, quienes fueron arrestados el 21 de julio de 2021, cuando trasladaban un cargamento de 585 kilogramos de cocaína valuado en $14,706,900.
La embarcación en la que se transportaban junto con la droga fue ubicada 310 millas náuticas al sur de Punta Remedios, departamento de Sonsonate.
Los imputados fueron identificados como Fernando Ortiz, de nacionalidad colombiana, y los ecuatorianos Ángel Farfán y José Gregorio Holguín, quienes, según las investigaciones, salieron de Puerto Esmeralda, Ecuador, y se dirigían con el cargamento a Guatemala, con destino final en Estados Unidos. Pasaron por las islas Galápagos y al llegar a la costa salvadoreña fueron interceptados por radares y sistemas GPS de la Fuerza de Tarea Naval Tridente.
El pasado 12 de abril, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, ordenó que los colombianos Pedro Javier Rodas Bueno, Yerlin Cáceres Palacios y Segundo Silvio Grueso Aragón continúen en la cárcel por el delito de tráfico ilícito internacional.
Los tres extranjeros permanecerán en un centro penal a la espera de la audiencia preliminar que un juzgado de Instrucción de San Salvador hará en los próximos cuatro meses.
Los imputados fueron interceptados el 27 de marzo de 2023 con un cargamento de 1,280 kilos de cocaína valuados en $32 millones. Un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente los ubicó a 520 millas náuticas (963 kilómetros) de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. Este es el cargamento más lejano a las costas ubicado por la Naval.
El más reciente proceso judicial contra extranjeros acusados por tráfico ilícito internacional inició el pasado 27 de junio en el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador. El juicio es contra José Antonio Flores Sánchez, Víctor Manuel Trinidad Mejía y José Alfredo Díaz Gil, los tres de nacionalidad mexicana; los colombianos Jeiker Anyinso Ospina Bastidas, James Steven Vásquez Ramírez, y los ecuatorianos Joffre Yuan De la A Chávez, Reynaldo Ricardo Rodríguez Peña, Darwin Javier Marín Mero y Darlin Rubén Marín Mero.
Los imputados fueron capturados el 19 de noviembre de 2021 con 2,700 kilos de cocaína, valuados en $67,878,000.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
