Judicial
Un total de 14 extranjeros han sido procesados y encarcelados en el último año
Penas de entre 12 y 15 años de prisión han recibido al menos 14 extranjeros que en el último año han sido procesados por el delito de tráfico ilícito internacional de drogas. Además, otros 14 imputados se encuentran encarcelados mientras continúan los procesos judiciales en su contra.
Los imputados han sido capturados en narcolanchas cuando trataban de cruzar por aguas salvadoreñas. Las autoridades informaron que les han decomisado un total de 11,389 kilos de cocaína valuados en $272,754,900.
Las condenas y los procesos judiciales contra los imputados han sido decretados y ejecutados entre junio de 2022 y junio de 2023.
El pasado 27 de abril, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a seis extranjeros por traficar en altamar 1,374 kilos de cocaína valuados en $34,350,000.
Los narcotraficantes fueron interceptados por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente el 31 de julio de 2021 transportando la droga en dos lanchas 490 millas náuticas al sur de Punta Remedios, departamento de Sonsonate.
La cocaína había salido de las costas de Colombia y el destino era Estados Unidos.
Los imputados fueron identificados como Marcos Antonio Jardín Ramos, Ludwin Martínez Hernández, Ángel Ramírez Hernández, de nacionalidad mexicana; Jimmy David Espinal Quimi, Wílmer Javier Lazo Mejillón, ambos ecuatorianos, y el colombiano Wálter Ocampo Orozco.
Otros tres extranjeros también fueron condenados a 15 años de cárcel el 4 de noviembre de 2022. La pena fue decretada por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador contra un ciudadano colombiano y dos ecuatorianos, quienes fueron arrestados el 21 de julio de 2021, cuando trasladaban un cargamento de 585 kilogramos de cocaína valuado en $14,706,900.
La embarcación en la que se transportaban junto con la droga fue ubicada 310 millas náuticas al sur de Punta Remedios, departamento de Sonsonate.
Los imputados fueron identificados como Fernando Ortiz, de nacionalidad colombiana, y los ecuatorianos Ángel Farfán y José Gregorio Holguín, quienes, según las investigaciones, salieron de Puerto Esmeralda, Ecuador, y se dirigían con el cargamento a Guatemala, con destino final en Estados Unidos. Pasaron por las islas Galápagos y al llegar a la costa salvadoreña fueron interceptados por radares y sistemas GPS de la Fuerza de Tarea Naval Tridente.
El pasado 12 de abril, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, ordenó que los colombianos Pedro Javier Rodas Bueno, Yerlin Cáceres Palacios y Segundo Silvio Grueso Aragón continúen en la cárcel por el delito de tráfico ilícito internacional.
Los tres extranjeros permanecerán en un centro penal a la espera de la audiencia preliminar que un juzgado de Instrucción de San Salvador hará en los próximos cuatro meses.
Los imputados fueron interceptados el 27 de marzo de 2023 con un cargamento de 1,280 kilos de cocaína valuados en $32 millones. Un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente los ubicó a 520 millas náuticas (963 kilómetros) de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. Este es el cargamento más lejano a las costas ubicado por la Naval.
El más reciente proceso judicial contra extranjeros acusados por tráfico ilícito internacional inició el pasado 27 de junio en el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador. El juicio es contra José Antonio Flores Sánchez, Víctor Manuel Trinidad Mejía y José Alfredo Díaz Gil, los tres de nacionalidad mexicana; los colombianos Jeiker Anyinso Ospina Bastidas, James Steven Vásquez Ramírez, y los ecuatorianos Joffre Yuan De la A Chávez, Reynaldo Ricardo Rodríguez Peña, Darwin Javier Marín Mero y Darlin Rubén Marín Mero.
Los imputados fueron capturados el 19 de noviembre de 2021 con 2,700 kilos de cocaína, valuados en $67,878,000.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
