Judicial
Un total de 14 extranjeros han sido procesados y encarcelados en el último año
Penas de entre 12 y 15 años de prisión han recibido al menos 14 extranjeros que en el último año han sido procesados por el delito de tráfico ilícito internacional de drogas. Además, otros 14 imputados se encuentran encarcelados mientras continúan los procesos judiciales en su contra.
Los imputados han sido capturados en narcolanchas cuando trataban de cruzar por aguas salvadoreñas. Las autoridades informaron que les han decomisado un total de 11,389 kilos de cocaína valuados en $272,754,900.
Las condenas y los procesos judiciales contra los imputados han sido decretados y ejecutados entre junio de 2022 y junio de 2023.
El pasado 27 de abril, el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a seis extranjeros por traficar en altamar 1,374 kilos de cocaína valuados en $34,350,000.
Los narcotraficantes fueron interceptados por un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente el 31 de julio de 2021 transportando la droga en dos lanchas 490 millas náuticas al sur de Punta Remedios, departamento de Sonsonate.
La cocaína había salido de las costas de Colombia y el destino era Estados Unidos.
Los imputados fueron identificados como Marcos Antonio Jardín Ramos, Ludwin Martínez Hernández, Ángel Ramírez Hernández, de nacionalidad mexicana; Jimmy David Espinal Quimi, Wílmer Javier Lazo Mejillón, ambos ecuatorianos, y el colombiano Wálter Ocampo Orozco.
Otros tres extranjeros también fueron condenados a 15 años de cárcel el 4 de noviembre de 2022. La pena fue decretada por el Juzgado Segundo de Sentencia de San Salvador contra un ciudadano colombiano y dos ecuatorianos, quienes fueron arrestados el 21 de julio de 2021, cuando trasladaban un cargamento de 585 kilogramos de cocaína valuado en $14,706,900.
La embarcación en la que se transportaban junto con la droga fue ubicada 310 millas náuticas al sur de Punta Remedios, departamento de Sonsonate.
Los imputados fueron identificados como Fernando Ortiz, de nacionalidad colombiana, y los ecuatorianos Ángel Farfán y José Gregorio Holguín, quienes, según las investigaciones, salieron de Puerto Esmeralda, Ecuador, y se dirigían con el cargamento a Guatemala, con destino final en Estados Unidos. Pasaron por las islas Galápagos y al llegar a la costa salvadoreña fueron interceptados por radares y sistemas GPS de la Fuerza de Tarea Naval Tridente.
El pasado 12 de abril, el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, departamento de La Paz, ordenó que los colombianos Pedro Javier Rodas Bueno, Yerlin Cáceres Palacios y Segundo Silvio Grueso Aragón continúen en la cárcel por el delito de tráfico ilícito internacional.
Los tres extranjeros permanecerán en un centro penal a la espera de la audiencia preliminar que un juzgado de Instrucción de San Salvador hará en los próximos cuatro meses.
Los imputados fueron interceptados el 27 de marzo de 2023 con un cargamento de 1,280 kilos de cocaína valuados en $32 millones. Un equipo de la Fuerza de Tarea Naval Tridente los ubicó a 520 millas náuticas (963 kilómetros) de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. Este es el cargamento más lejano a las costas ubicado por la Naval.
El más reciente proceso judicial contra extranjeros acusados por tráfico ilícito internacional inició el pasado 27 de junio en el Juzgado Cuarto de Sentencia de San Salvador. El juicio es contra José Antonio Flores Sánchez, Víctor Manuel Trinidad Mejía y José Alfredo Díaz Gil, los tres de nacionalidad mexicana; los colombianos Jeiker Anyinso Ospina Bastidas, James Steven Vásquez Ramírez, y los ecuatorianos Joffre Yuan De la A Chávez, Reynaldo Ricardo Rodríguez Peña, Darwin Javier Marín Mero y Darlin Rubén Marín Mero.
Los imputados fueron capturados el 19 de noviembre de 2021 con 2,700 kilos de cocaína, valuados en $67,878,000.
El exfiscal adjunto Edgar Isaías Márquez Argueta, quien estuvo prófugo de la justicia durante un período, y el exfiscal general Luis Martínez figuran como principales imputados en el caso “Corruptela”, que investiga la entrega de dádivas —viajes, vehículos y dinero— por parte del empresario Enrique Rais con el fin de obtener resoluciones penales favorables en procesos donde ambos eran víctimas o imputados.
Edgar Isaías Márquez Argueta fue juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto, tras ser nombrado por el titular de la Fiscalía General de la República, Luis Martínez.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió un oficio al Departamento de Disposiciones Judiciales de la Policía Nacional Civil (PNC) ordenando la captura de Rais por cohecho activo. La resolución, emitida el 9 de septiembre de 2025 a las 11:00 a.m., fue remitida también a la Oficina Central Nacional de Interpol para confirmar la vigencia de la difusión roja número A-2256/2-2019, emitida por dicho organismo en marzo de 2019.
La orden judicial se produjo tras un recurso de revocatoria interpuesto por la defensa de Rais, que solicitaba separar el caso “Corruptela” del proceso por fabricación de pruebas falsas conocido como Rais-Martínez. El tribunal rechazó el recurso argumentando que ambos procesos investigan hechos distintos, es decir se relacionan entre sí, pero se diferencian porque persiguen delitos distintos con lo cual se elimina cualquier riesgo de resoluciones contradictorias o doble juzgamiento.
El caso Rais-Martínez se inició el 25 de agosto de 2016 en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Tras pasar por varias instancias judiciales, en agosto de 2025 el Tribunal Tercero de Sentencia condenó a Luis Martínez a 10 años de prisión por fabricar pruebas falsas para acusar a víctimas en tribunales de San Salvador. Julio Arriaza recibió cinco años y Héctor Francisco Grimaldi seis años de cárcel por fraude procesal. Enrique Rais y otros dos prófugos —su sobrino Hugo Blanco Rais y Ernesto Gutiérrez— esperan audiencia preliminar en el Juzgado Primero de Instrucción.
El prófugo Enrique Rais estuvo acusado por la Fiscalía en varios casos desde 2016.
Grafica general de expedientes fiscales donde se vieron favorecidos Enrique Rais y Hugo Blanco Rais.
Por su parte, el expediente “Corruptela”, que data de octubre de 2018, documenta cómo Rais entregó dádivas a Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta. Entre los elementos del caso se incluye el testimonio de un testigo identificado como “Troya”, quien declaró en el juicio reciente donde Martínez fue condenado. La defensa de Rais ha alegado doble persecución, pero el Juzgado Cuarto ha subrayado que ambos casos son independientes e insiste en que no existe riesgo de doble juzgamiento.
La relación entre ambos casos se debe a que por la fabricación de pruebas falsas en el caso conocido como Rais-Martínez salió a luz, según el testigo “Troya”, el hecho de que Luis Martínez y Edgar Isaías Márquez Argueta recibieron dádivas del empresario Rais y es por eso que los jueces explican que los procesos son distintos y los delitos también.
Luis Martínez en una audiencia del expresidente Flores, en noviembre del 2015. Fue fiscal desde el 4 de diciembre del 2012 al 3 de diciembre del 2015.
Con la emisión de la orden de captura contra Enrique Rais, con la alerta que se da a la Policía para que lo busque y ubique dentro del territorio salvadoreño y, a su vez, se confirma la vigencia de la difusión roja para la Oficina Central Nacional de Interpol se marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y se refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Esta resolución marca un nuevo capítulo en la investigación de la relación entre funcionarios judiciales y empresarios acusados de cohecho, y refuerza el seguimiento del sistema de justicia sobre prácticas de corrupción que afectan la credibilidad del Ministerio Público y los tribunales salvadoreños.
Edgar Isaías Márquez Argueta juramentado en 2015 como Fiscal General Adjunto. Fuente: Diarlo El Salvador
El exfiscal Luis Martínez fue condenado en agosto de 2025 a 10 años de prisión por fraude procesal y omisión de la investigación.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impuso una pena de 35 años de prisión contra Víctor Manuel Soriano Saavedra, declarado culpable de feminicidio agravado en perjuicio de su excompañera de vida.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el crimen ocurrió el 14 de febrero de 2015 en una colonia del cantón Plan del Pino, distrito de Ciudad Delgado. De acuerdo con las investigaciones, Soriano discutió con la víctima porque «había llegado más tarde de lo habitual a la vivienda» y luego le disparó en la cabeza, provocándole la muerte, pese a que la mujer intentó defenderse.
El tribunal también ordenó el pago de $10,000 en concepto de responsabilidad civil.
Fuentes judiciales confirmaron que Soriano fue condenado en rebeldía, amparado en las reformas al Código Procesal Penal que permiten juzgar a personas prófugas.
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 10 años de prisión a María Bernarda Martínez, colaboradora de la Mara Salvatrucha, por los delitos de amenazas con agravación especial y agrupaciones ilícitas.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República presentó pruebas documentales y periciales que confirmaron que Martínez colaboraba desde 2015 con la clica Cristos Escalones Locos Salvatruchos. Su rol dentro de la estructura incluía el traslado de droga y la recolección de dinero producto de extorsiones.
Según el testimonio de una víctima con régimen de protección, Martínez la amenazó de muerte en su lugar de trabajo, asegurándole que sería asesinada por la pandilla.
La acusada huyó a Estados Unidos en 2016, pero fue deportada en 2022 debido a sus vínculos con la MS y otros delitos cometidos.
El tribunal impuso cinco años de cárcel por amenazas y otros cinco por agrupaciones ilícitas. No se aplicaron las reformas penales que endurecen las penas para colaboradores de pandillas, ya que los hechos ocurrieron antes del 29 de marzo de 2022.
