Judicial
UES cancela contrato y prohíbe ingreso a instalaciones a profesor acusado de acoso y maltrato de alumna
La junta directiva de la Universidad de El Salvador (UES) decidió prescindir de los servicios profesionales de Jóse Boanerges Osorto, un catedrático de antropología que ha sido acusado de acosar y agredir a una de sus estudiantes en la facultad de Ciencias y Humanidades.
Durante la sesión plenaria, la junta directiva acordó prescindir de los servicios profesionales de Boanerges Osorto quien era parte del staff de docentes que iban a impartir clases para el ciclo dos 2018 que iniciará el próximo 1 de agosto.
De igual manera, se ordenó prohibir el ingreso del señalado a las instalaciones de la UES, esto para proteger la integridad de la víctima a quien el catedrático ha llegado hasta a golpear a causa del proceso que se ha iniciado en sede fiscal.
El día de ayer los estudiantes de la licenciatura en antropología se organizaron para solicitar a la junta directiva de la UES que además de prescindir de los servicios académicos de Boanerges Osorto solicitaban no volverlo a contratar “ni como docente, asesor de seminarios de investigación, de procesos de grado ni de servicio social”. Así como también la renovación de su contrato para cualquier proceso laboral dentro del Alma Mater.
Los estudiantes demandar que la casa de estudios no tolere los casos de agresión en contra de los estudiante, pidieron “cero tolerancia ante agresores como Jóse Boanerges Osorto”.
Por: Yéssica Hompanera/ El Salvador Times
La Fiscalía General de la República informó que el exministro de Turismo, José Napoleón Duarte Durán, y su grupo familiar enfrentarán audiencia probatoria por presunto enriquecimiento ilícito por un total de $572,015.22.
Duarte Durán ocupó cargos públicos entre 2009 y 2019, incluyendo ministro de Turismo, presidente de la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) y director del Consejo Salvadoreño del Café.
Durante ese período, la Fiscalía detectó 72 irregularidades patrimoniales en Duarte Durán y su familia que no pudieron justificar. Entre las inconsistencias se incluyen depósitos en cuentas corrientes, pagos con tarjetas de crédito y diferencias entre ingresos y egresos.
Por separado, a su esposa María Cristina Benítez de Duarte se le detectaron cuatro irregularidades por $79,344.53; a su hijo José Napoleón Duarte Benítez, 23 irregularidades por $218,904.74; a su hija María Cristina Duarte de González, 9 irregularidades por $64,919.42; y a Juan Carlos Duarte Benítez, 15 irregularidades por $82,762.53.
La audiencia preparatoria se realizó en la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador, que admitió toda la prueba documental y pericial presentada por la Fiscalía.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
