Judicial
Tribunal ordena a alcaldía de Santa Tecla reinstalar y pagar salarios a empleados despedidos para otorgar contrato de Teclaseo
Un tribunal superior ordenó el reinstalo de unos 154 empleados que la alcaldía de Santa Tecla, despidió el 31 de julio del 2018 por orden del alcalde Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, luego que la comuna firmó con la empresa de origen colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, el juez ordena el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados y que además se les debe de cancelar los salarios no percibidos.
Los despedidos y que en un principio fueron 154, deben ser instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en otros puestos de igual o de mayor jerarquía.
De igual forma, el juez da un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos.
Debe de cumplirse la presente orden que ya no tiene recurso alguno de apelación y de no ser cumplida, se impondrá una multa que debe ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales, reza el documento.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se activó en su cuenta de Twitter y escribió que era una resolución sin derecho a apelación para el concejo y el alcalde de Santa Tecla. De este último dijo que ya está en delito de desobediencia del artículo 322 del Código Penal, por lo que hizo un llamado al fiscal general, Raúl Melara, a que la institución que dirige actúe por las demandas que hay en contra de estos infractores, “porque urge la aplicación de la Ley”.
“En caso de no actuar de forma diligente debido a qué hay repercusiones económicas y de toda índole en perjuicio de los trabajadores, acudiré personalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe de inmediato y llegue la justicia en favor de los trabajadores”.
En total fueron 154 trabajadores del departamento de Recolección de Desechos Sólidos de la alcaldía municipal de Santa Tecla, que fueron despedidos el 31 de julio del 2018. Algunos tenían más de 20 años de ser empleados de la municipalidad.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años y puso reserva total al documento firmado para que nadie pueda leerlo hasta dentro de tres años.
Este lunes prosiguió el juicio contra Ernesto Muyshondt, Paolo Lüers, Benito Lara, Arístides Valencia y Wilson Alvarado, acusados de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó para la jornada la exposición de pruebas documentales y alegatos finales.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), las pruebas y testimonios presentados hasta el momento vinculan a los procesados en negociaciones con pandillas durante las elecciones presidenciales de 2014 y las de alcaldes y diputados de 2015, en las que supuestamente se ofrecieron beneficios a cambio de votos.
José Adilio Acosta García fue condenado a seis años de prisión por atacar con un corvo a su excompañera de vida en San Pablo Tacachico, La Libertad. La sentencia fue dictada por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador, tras comprobarse el delito de lesiones graves agravadas.
De acuerdo con la Fiscalía, en diciembre de 2023, Acosta García llegó a la vivienda de la víctima en estado de ebriedad y le exigió reanudar la relación de pareja. Al ser rechazado, la agredió con el arma blanca, provocándole lesiones en un brazo que requirieron cirugía y una incapacidad superior a 30 días.
El tribunal concluyó que las pruebas presentadas confirmaron la responsabilidad del acusado y que las lesiones impedían a la víctima realizar sus actividades cotidianas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó al exfiscal general de la República, Luis Martínez, a 10 años de cárcel por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la acusación, Martínez y otros implicados fabricaron procesos judiciales falsos en 2016 en contra de una víctima. Tras varias semanas de juicio, el tribunal resolvió imponer la condena con base en las pruebas presentadas por la FGR.
Además de Martínez, también fueron sentenciados Julio Adalberto Arriaza González, a cinco años de prisión por fraude procesal, y Héctor Francisco Grimaldi Membreño, a seis años por dos casos del mismo delito.
