Judicial
Tribunal ordena a alcaldía de Santa Tecla reinstalar y pagar salarios a empleados despedidos para otorgar contrato de Teclaseo
Un tribunal superior ordenó el reinstalo de unos 154 empleados que la alcaldía de Santa Tecla, despidió el 31 de julio del 2018 por orden del alcalde Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, luego que la comuna firmó con la empresa de origen colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, el juez ordena el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados y que además se les debe de cancelar los salarios no percibidos.
Los despedidos y que en un principio fueron 154, deben ser instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en otros puestos de igual o de mayor jerarquía.
De igual forma, el juez da un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos.
Debe de cumplirse la presente orden que ya no tiene recurso alguno de apelación y de no ser cumplida, se impondrá una multa que debe ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales, reza el documento.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se activó en su cuenta de Twitter y escribió que era una resolución sin derecho a apelación para el concejo y el alcalde de Santa Tecla. De este último dijo que ya está en delito de desobediencia del artículo 322 del Código Penal, por lo que hizo un llamado al fiscal general, Raúl Melara, a que la institución que dirige actúe por las demandas que hay en contra de estos infractores, “porque urge la aplicación de la Ley”.
“En caso de no actuar de forma diligente debido a qué hay repercusiones económicas y de toda índole en perjuicio de los trabajadores, acudiré personalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe de inmediato y llegue la justicia en favor de los trabajadores”.
En total fueron 154 trabajadores del departamento de Recolección de Desechos Sólidos de la alcaldía municipal de Santa Tecla, que fueron despedidos el 31 de julio del 2018. Algunos tenían más de 20 años de ser empleados de la municipalidad.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años y puso reserva total al documento firmado para que nadie pueda leerlo hasta dentro de tres años.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
