Judicial
Tribunal ordena a alcaldía de Santa Tecla reinstalar y pagar salarios a empleados despedidos para otorgar contrato de Teclaseo
Un tribunal superior ordenó el reinstalo de unos 154 empleados que la alcaldía de Santa Tecla, despidió el 31 de julio del 2018 por orden del alcalde Roberto d´Aubuisson Munguía y su concejo municipal, luego que la comuna firmó con la empresa de origen colombiana INTERASEO S.A.S.E.S.P, para que se encargara de la recolección de los desechos sólidos de la cabecera departamental, por medio de TECLASEO S.E.M.
En la resolución, el juez ordena el reinstalo o reubicación definitiva de todos los empleados y que además se les debe de cancelar los salarios no percibidos.
Los despedidos y que en un principio fueron 154, deben ser instalados en la plaza que ocupaban o en su efecto, el concejo municipal debe de hacer las gestiones para reubicarlos en otros puestos de igual o de mayor jerarquía.
De igual forma, el juez da un plazo de cuatro días hábiles para que la alcaldía notifique la ejecución de la sentencia en el proceso acumulado, es decir, el reinstalo de los demandantes y del pago de los salarios no percibidos.
Debe de cumplirse la presente orden que ya no tiene recurso alguno de apelación y de no ser cumplida, se impondrá una multa que debe ser cancelada con el patrimonio de cada uno de los concejales, reza el documento.
El ministro de Trabajo, Rolando Castro, se activó en su cuenta de Twitter y escribió que era una resolución sin derecho a apelación para el concejo y el alcalde de Santa Tecla. De este último dijo que ya está en delito de desobediencia del artículo 322 del Código Penal, por lo que hizo un llamado al fiscal general, Raúl Melara, a que la institución que dirige actúe por las demandas que hay en contra de estos infractores, “porque urge la aplicación de la Ley”.
“En caso de no actuar de forma diligente debido a qué hay repercusiones económicas y de toda índole en perjuicio de los trabajadores, acudiré personalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se actúe de inmediato y llegue la justicia en favor de los trabajadores”.
En total fueron 154 trabajadores del departamento de Recolección de Desechos Sólidos de la alcaldía municipal de Santa Tecla, que fueron despedidos el 31 de julio del 2018. Algunos tenían más de 20 años de ser empleados de la municipalidad.
El concejo municipal concedió a la empresa público-privada “TECLASEO” la recolección de basura por un periodo de 21 años y puso reserva total al documento firmado para que nadie pueda leerlo hasta dentro de tres años.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador impuso 20 años de prisión a Silvia Guadalupe Barahona Ramos, miembro de la pandilla Barrio 18, por el delito de extorsión agravada.
Según el informe judicial, Barahona llegó al negocio de la víctima exigiendo dinero bajo amenazas de atentar contra su vida o la de su familia. La persona entregó el dinero, pero de inmediato interpuso la denuncia.
La detenida fue capturada en el marco del Régimen de Excepción y actualmente enfrenta procesos por otros delitos.
Judicial
Mujer recibe 30 años de cárcel por no auxiliar a su recién nacido tras caer en fosa séptica en Cuscatlán
El Juzgado de Sentencia de Cojutepeque condenó a 30 años de cárcel a María Antonia Preza Hernández por el delito de homicidio agravado bajo la figura de comisión por omisión, luego de no auxiliar a su recién nacido tras caer en una fosa séptica.
Según la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 30 de marzo de 2024 en Monte San Juan, Cuscatlán Sur. La mujer, que estaba en labor de parto, no solicitó ayuda a sus familiares y tras el nacimiento de la bebé, no intentó salvarla, sino que limpió la escena y se retiró.
El cuerpo de la recién nacida fue descubierto tres días después por familiares. La autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que la bebé nació con vida y que la causa de su muerte fue asfixia por obstrucción de vías respiratorias.
El tribunal consideró que Hernández incumplió con su deber de auxilio, tipificando su conducta como comisión por omisión, lo que derivó en la condena máxima impuesta por el Juzgado de Sentencia de Cojutepeque.
Rafael Antonio Gómez Castillo fue condenado a 12 años de prisión por agredir sexualmente a una niña de ocho años durante el 2024 en Sacacoyo, departamento de La Libertad.
Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la víctima sufrió maltratos físicos y psicológicos de su madre, al punto que la dejaba varios días encerrada en la vivienda o abandonada en la calle.
«La menor buscaba refugio y comida en la casa de Rafael Gómez, por el lazo familiar; sin embargo, él se aprovechó de la situación y del vínculo que tenía con la niña para abusar de ella en reiteradas ocasiones», señaló la institución.
Ambos se desempeñaban como líderes religiosos de una iglesia de donde fueron expulsados tras darse a conocer los maltratados que ejercían contra la niña.
Los abusos a los que la víctima era sometida fueron denunciados ante las autoridades por otro familiar cercano.
«Gracias a los elementos de prueba documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, se logró demostrar la participación de los imputados en los hechos antes mencionados», informó el ministerio público.
Es así como como Gómez Castillo fue sentenciado por el delito de agresión sexual o menor o incapaz agravada en modalidad continuada.
