Judicial
TRAGEDIA: Yancy Alas, la joven que encontró la muerte en la víspera de celebrar la graduación de su pequeña hija
Hasta el último instante de su vida, Yancy Rosmery Alas Flores luchó para evitar que sus asesinos le clavaran en el cuello estacas de bambú o la hirieran con fragmentos de una botella de vidrio.
Sin embargo, la joven de 25 años poco pudo hacer para defenderse del brutal ataque esa noche del 21 de noviembre de 2018 cuando fue obligada a dejar una de las calles del barrio El Calvario, del cantón Llano Grande, jurisdicción de San José Guayabal, Cuscatlán.
En esa ocasión, según datos proporcionados por la Fiscalía, la joven era acompañada por su compañero de vida, y a la distancia, la pareja era perseguida por otro sujeto.
Para las autoridades, son dos los sospechosos de haber participado en este hecho sangriento.
Ellos fueron identificados como Carlos Alejandro Salas Pérez, de 23 años, compañero de vida de la víctima; y Francisco Alexander Preza Alas, a quienes personal fiscal de la Unidad de Atención Especializada para la Mujer de la oficina de San Vicente les giró orden de captura por el delito de feminicidio agravado.
Las autoridades confirmaron la detención de los sujetos la semana pasada, pero fue este lunes que, durante la audiencia inicial, el Juzgado de Paz de San José Guayabal les decretó detención provisional durante continúen el proceso judicial en su contra.
Yancy iba a celebrar la graduación de su hija
Ese día del ataque, fuentes consultadas detallaron que la joven realizaba preparativos para celebrar la graduación de preparatoria de su hija.
“Sufrió bastante, se ve que la arrastraron y ella se defendió. Es una escena bastante cruel”, explicó una fuente.
Según la investigación de la Fiscalía, cuando la joven regresaba de San Salvador era acompañada de Salas Pérez quien la obligó a entrar a un terreno para desviarse de la calle principal.
“Posteriormente la sorprendió con un golpe en la frente con la botella, y minutos después intervino Preza Alas que seguía la pareja a cierta distancia portando una estaca de bambú”, se detalla en la información fiscal.
Las razones por las cuales la joven fue asesinada no han sido reveladas por las autoridades.
“Ambos imputados trataban de ocasionarle lesiones en el cuello, pero ante la resistencia de la mujer la tiraron al suelo para lograr quitarle la vida”, confirmó la fuente oficial.
Foto Referencia.
Por: El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
