Judicial
Sujetos son condenados a 3 años de prisión al intentar introducir en una granja de rehabilitación $200 en sus estómagos
Dos sujetos fueron sorprendidos intentando introducir $200 a la Granja de Rehabilitación para jóvenes en conflicto de Ilobasco, departamento de Cabañas.
Según el reporte fiscal, dos reos de una Granja Penitenciaria incurrieron en el delito de Tráfico de Objetos Prohibidos en Centros Penitenciarios de Detención o Reeducativos; por lo que fueron condenaron a tres años de prisión sin reemplazo de la pena.
Los imputados identificados como Julián Antonio Chávez y Saúl Francisco Álvarez Benítez, el 9 de mayo de 2018, alrededor de las 4:30 de la tarde, fueron detenidos luego de regresar del Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor del departamento San Miguel, por el intento de introducir objetos prohibidos al interior de la Granja de Rehabilitación, en Ilobasco.
Según el informe fiscal en la fecha antes mencionada, los dos internos habían salido de la Granja de Rehabilitación, con dirección al Juzgado de Ejecución de Medidas al Menor de San Miguel, y regresaron alrededor de las 4:30 de la tarde de ese mismo día; al llegar los separaron para tenerlos en observación, ya que los custodios que los acompañaron a San Miguel se enteraron que habían ingerido algún objeto extraño.
Mientras los mantenían en observación y en presencia del agente que los custodiaba, comenzaron a expulsar en las heces fecales, el primero Julián Antonio Chávez Guevara, tres pelotitas envueltas en recortes de plástico, seis billetes de la denominación de $20.00 cada uno, haciendo un total de $120, al segundo Saúl Francisco Álvarez Benítez, expulso de la misma manera cuatro billetes de $20 haciendo un total de $80.00; por lo se procedió a la incautación de dichos billetes, coordinando con la Policía Nacional Civil, para que tomaran el procedimiento.
Judicial
22 años de prisión para sujeto que asesinó a director de un centro escolar en Jucuarán, Usulután.
José Misael Oliva Girón es el responsable de asesinar a un director de un centro escolar del distrito de Jucuarán, Usulután.
Por este crimen, la Fiscalía General de la República (FGR) logró que sea condenado a 22 años de prisión.
Según las investigaciones, Oliva golpeó y asfixió a la víctima para robarle su celular. Luego el crimen, el sujeto confesó el asesinato al intentar vender el dispositivo.
La condena ha sido impuesta por el Tribunal de Sentencia de Usulután.
Edwin Antonio Menjívar Urquilla fue condenado a 14 años de prisión por violación en menor o incapaz, en la modalidad de delito continuado.
Los hechos ocurrieron en el año 2019, en la colonia Santa Teresa, distrito de San Martín, municipio de San Salvador Este, departamento de San Salvador.
Las investigaciones establecieron que la madre de la víctima la mandó a recoger un dinero a la casa de Menjívar. Esta situación fue aprovechada por el imputado para agredirla sexualmente de diferentes maneras.
La víctima salió llorando y este le dio el dinero y una bolsa de dulces para que callara, pero la víctima le contó todo a su madre y ella interpuso la denuncia.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador validó toda la prueba presentada por los fiscales e impuso la pena antes mencionada. Las autoridades suman esfuerzos para ubicar al imputado y que cumpla su condena.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
