Judicial
Se cancela audiencia conciliatoria sobre el caso del periodista Diego Alemán y presidente de L. A. Firpo, Modesto Torres
José Modesto Segovia Torres, presidente del Club Deportivo Luis Ángel Firpo, no cumplió con los requisitos para su representación legal en la demanda en su contra, interpuesta por el periodista Diego Alemán, por lo cual no se llevó a cabo la audiencia conciliatoria programada ayer lunes 25 de marzo del corriente año.
Debido a ello, el juzgado de lo Civil de Usulután resolvió que la audiencia no se llevaría a cabo por la inasistencia e incumplimiento de la parte demandada; por ende, el proceso contra Segovia continúa su curso.
A la audiencia acudió la abogada Teresa Delgado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), quien es la representante legal del periodista Alemán y el abogado Ovidio Orlando Rodríguez Hernández de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Tanto FESPAD como la PDDH son instituciones que forman parte de la Mesa de Protección a Periodistas y su apoyo ante este tipo de vulneraciones es fundamental.
El presidente de Firpo es demandado por más de 3 mil dólares por vulnerar los derechos laborales del periodista y por el impago de tres cuentas de teléfono que alcanza los 400 dólares.
Desde el 16 enero de 2019, se denunció públicamente la restricción salarial en perjuicio de Alemán.
La APES en este tipo de casos ha reiterado su respaldo al periodista, y también solicita a la Asamblea Legislativa aprobar la “Ley Especial para la Protección Integral de Personas Periodistas, Comunicadores y Trabajadoras de la Información”, ya que es urgente legislar para mejorar las condiciones laborales del gremio.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla admitió la prueba presentada por la Fiscalía General de la República en el juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito contra el exdiputado de GANA, Manuel Rigoberto Soto Lazo, y su esposa, Vanessa María Hándal de Lazo.
La resolución eleva el proceso a la audiencia probatoria, última etapa en la que los magistrados definirán si ambos son responsables de un incremento patrimonial injustificado de $392,989.62 entre 2012 y 2015, período en que Soto Lazo fue legislador por Usulután.
La Fiscalía señala 25 irregularidades, entre depósitos en efectivo, compra de vehículos y pagos a préstamos y tarjetas de crédito, que superan los ingresos declarados. De ser hallados responsables, podrían ser sancionados con la devolución del dinero al Estado e inhabilitados para ejercer cargos públicos durante 10 años.
Judicial
Orden de captura internacional contra cinco acusados de fraude millonario en empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de detención provisional y solicitó a INTERPOL alerta de difusión roja contra cinco personas —tres estadounidenses y dos guatemaltecos— acusadas de participar en un fraude millonario contra la empresa de telecomunicaciones Continental Towers y otras compañías en Latinoamérica.
Los imputados son Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri (EE.UU.), así como Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro (Guatemala), estos últimos ya detenidos en su país, a la espera de un proceso de extradición a El Salvador.
Jorge Alberto Gaitán Castro fue arrestado en una sede judicial de la capital guatemalteca. Foto: PNC de Guatemala.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los señalados enfrentan cargos por estafa agravada, agrupaciones ilícitas y extorsión agravada. Se les acusa de integrar una red internacional que habría boicoteado las operaciones de Continental Towers para reducir su valor de mercado y forzar la venta de la compañía en condiciones desfavorables para sus accionistas mayoritarios.
Las víctimas de las extorsiones habrían sido la abogada salvadoreña Antonieta María Granillo de Galindo, representante legal de las empresas afectadas, y el empresario guatemalteco Jorge Hernández Ortiz.
El caso también está bajo investigación en tribunales guatemaltecos y ha derivado en un laudo arbitral en Nueva York y en un proceso en un tribunal federal de Estados Unidos. Las embajadas de Guatemala y Estados Unidos ya fueron notificadas del proceso en curso.
