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Judicial

Reprograman juicio contra el exministro René Figueroa acusado de lavar $3.7 millones

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La vista pública que el Tribunal Primero de Sentencia tenía previsto desarrollar contra el exministro de Seguridad, René Mario Figueroa, durante la gestión presidencial de Elías Antonio Saca (2004-2009), fue suspendida debido a que aún falta afinar detalles para que el procesado devuelva al Estado los más de $3.7 millones que según la Fiscalía General de la República (FGR) habría lavado junto a su esposa.

La FGR y la defensa de los dos imputados solicitaron al Tribunal la reprogramación de la vista pública ya que “aún no se han alcanzado acuerdos definitivos para una salida alterna, como lo es el procedimiento abreviado”, detalló el fiscal del caso al final de la diligencia.

El representante del ministerio público agregó que hace falta que se concluya con el valúo de un inmueble, que el exministro René Figueroa y su esposa pretenden dar en pago por la responsabilidad civil.

Otro de los puntos en los que hace falta llegar a acuerdos definitivos, es el tema de la responsabilidad penal, sobre este asunto el representante de la FGR  evitó entrar en detalles para no perjudicar el proceso.  

El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador programó la instalación de la vista pública el próximo 20 y 21 de septiembre, fecha en la que se espera que las partes hayan llegado a acuerdos. 

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Judicial

Condenan a 45 años de prisión a sujeto por homicidio com arma blanca

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Francisco Jiménez Rivera recibió esta tarde una condena de 45 años de cárcel por haberle quitado la vida a una persona e intentar asesinar a otra víctima en Soyapango.

 

Según las investigaciones, en octubre del 2022, este sujeto entró a una vivienda y atacó con un arma blanca a una persona.

La segunda víctima intervino rápidamente para evitar el ataque de Jiménez, sin embargo, este logró atacarlo varias veces con el mismo cuchillo y le ocasionó la muerte al instante.

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Judicial

Detienen a sujeto tras agredir a su ex y a su propia hija pese a orden de alejamiento

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Un hombre identificado únicamente con las iniciales K. O. G. D. fue detenido luego que desobedeció una orden de alejamiento y llegó por la fuerza a la casa de su expareja para agredirla físicamente a ella y a su propia hija, en el departamento de Santa Ana.

Centros Judiciales El Salvador (CJES) detalló que todo inició cuando la víctima denunció a su excompañero de vida por violencia intrafamiliar, cuyo caso fue remitido a un Juzgado de Paz de Santa Ana en el cual se dictaron medidas de protección.

El Juzgado Tercero de Paz de Santa Ana impuso K. O. G. D. medidas de protección que le prohibían acercarse a su excompañera de vida con el objetivo de resguardar su integridad mientras se celebraba la audiencia inicial.

No obstante, detalló CJES, “el 26 de abril de 2025, el imputado presuntamente llegó a la vivienda de la víctima y la agredió físicamente. Además, se reportó que golpeó a su hija, lo que motivó su detención por parte de la Policía Nacional Civil (PNC)”.

Durante la audiencia inicial, la jueza valoró los indicios presentados y resolvió que el proceso continúe en etapa de instrucción, pero esta vez con el imputado en detención provisional. Además, ordenó que la niña, hija biológica del acusado y presunta víctima de maltrato, quede bajo el cuidado temporal de su tía abuela.

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Judicial

Discusión entre mujeres en transporte público llega hasta los tribunales de Ilopango

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El Juzgado de Paz de Ilopango realizó este martes la audiencia inicial contra Mirna Elizabeth P., acusada del delito de amenazas en perjuicio de Dalila Abigail S., tras un altercado ocurrido en una unidad de transporte público.

Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron a bordo de un autobús de la ruta 29-C, cuando la imputada, aparentemente sin causa justificada, comenzó a insultar y amenazar de muerte a la víctima.

Tras el incidente, la víctima interpuso la denuncia ante agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes realizaron un rastreo en la zona y lograron detener a la sospechosa.

Durante la audiencia, la jueza del caso avaló una conciliación entre ambas partes e impuso medidas que deberán cumplirse durante un periodo de seis meses.

Entre las condiciones figuran la prohibición de acercamiento o comunicación con la víctima y el pago de una compensación económica en concepto de responsabilidad civil.

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