La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 3 miembros de una banda criminal que se dedicaba a robar en distintos municipios de la zona oriental, fueran condenados a penas de hasta 513 años de prisión.

Edwin Alexander López, alias el piojo, Anderson Geovanny Torres Guevara, alias chengo y David Francisco Ventura Celis, alias cabezón, junto a 4 hombres más -ya condenados- pertenecían a una banda criminal que entre agosto de 2017 y septiembre de 2018 se dedicaban a asaltar negocios ubicados en los departamentos de Cabañas, Usulután y en la zona norte de Morazán y La Unión.

Los criminales utilizaban ropa formal con el rostro descubierto y usaban armas de fuego cortas, entre pistolas 9 milímetros, revólver calibre 38 mm y pistolas 22 mm.

David Francisco Ventura Celis, fue individualizo por la FGR como el fundador de la estructura criminal y lo declararon culpable de 32 robos agravados, 2 homicidios agravados y agrupaciones ilícitas, por lo que fue sentenciado a 513 años de cárcel.

Los robos ocurrieron en San Francisco Gotera, El Divisadero y Jocoro, todos del departamento de Morazán; Santa Rosa de Lima, Anamorós y la ciudad de La Unión (La Unión); San Rafael Oriente y ciudad de San Miguel (San Miguel), además de Santiago de María en Usulután, e Ilobasco (Cabañas).

Ventura Celis junto a otro pandillero privaron de libertad a un hombre en la ciudad de Santa Rosa de Lima y lo trasladaron hasta el sector del cantón Llano Santiago, jurisdicción del municipio El Divisadero, Morazán, donde le dispararon en la cabeza. El asesinato ocurrió aproximadamente a las tres de la madrugada del 26 de febrero de 2018.

El otro homicidio ocurrió el 24 de marzo de 2018, en el municipio El Divisadero cuando la víctima intentó defender a un hombre que era asaltado.

Anderson Geovany Torres Guevara fue sentenciado a 189 años de cárcel por 15 robos agravados y agrupaciones ilícitas, y a 57 años de prisión fue condenado Edwin Alexander López, por 4 robos agravados y agrupaciones ilícitas.

Los tres procesados tienen orden de detención vigente y fueron condenados gracias a las nuevas disposiciones del Código Procesal Penal que permite juzgar a todo delincuente sin estar presente en juicio.

Esta banda criminal estaba compuesta por 8 delincuentes, de los cuales, 4 de recibieron hasta 283 años de prisión en febrero de 2023 y uno ya falleció.

 A 69 años de prisión fue condenado Carlos Humberto Hernández Hernández por asesinar a su excompañera de vida y por lesionar de gravedad a 3 personas más que intentaron defender a la mujer; según consta en el expediente, el imputado ejercía violencia intrafamiliar contra ella.

El 30 de julio del 2016, la víctima iba a visitar a su mamá con otras tres personas y caminaban por la calle del caserío San Isidro, distrito de Teotepeque, La Libertad Costa, cuando fueron interceptadas por el imputado, quien agredió a su expareja hasta quitarle la vida; las otras mujeres intentaron defenderla, pero también fueron lesionada de gravedad.

Según la investigación, la víctima había decidido terminar la relación con Hernández debido a sus constantes ataques físicos y psicológicos.

Gracias a la prueba documental, pericial y testimonial que presentó la fiscal en el juicio, se logró que el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador impusiera la respectiva condena de prisión de la siguiente manera: 50 años por feminicidio agravado; 16 años por lesiones muy graves (8 por cada víctima) y 3 años de cárcel por lesiones.

Además, el juzgador determinó que el imputado debe pagar $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil a favor de las víctimas.

José Alfredo López fue condenado a 106 años y 8 meses de cárcel. por abusar de dos menores de edad. Las agresiones fueron cometidos desde el 2012 hasta el 2023.

José López era la pareja sentimental de la madre de las víctimas por lo que habitaba en la misma vivienda en el cantón Cuyagualo, distrito de Colón, La Libertad Oeste.

López comenzó a abusar de las menores en el 2012 -cuando una tenía 13 años y la otra 8-, las agresiones se cometían cuando la mamá dormía o salía a trabajar e iban incrementando hasta violarlas e incluso les mostraba contenido pornográfico; ambas víctimas eran maltratadas física y psicológicamente si se resistía. Estos abusos concluyeron cuando las víctima cumplieron 17 y 13 años.

El imputado había amenazado de muerte a las dos menores si contaban lo sucedido. Las víctimas decidieron contarle a su mamá sobre los abusos sufridos y ella interpuso la denuncia.

Gracias a la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó la fiscal en el juicio, el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla impuso las penas de la siguiente manera: 26 años y 8 meses por violación en menor o incapaz agravada continuada (por cada víctima, 53 años con 4 meses); 26 años y 8 meses por agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada (por cada una de las víctimas, 53 años y 4 meses).