Judicial
Presentan dictamen fiscal contra el expresidente Mauricio Funes y 31 personas por lavado de dinero y otros delitos
El Juzgado 7° de Instrucción de San Salvador, recibió la tarde del miércoles el dictamen fiscal contra el expresidente Mauricio Funes y 31 personas, entre los que están sus colaboradores más cercanos, familiares y otros acusados de lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero y casos especiales de encubrimiento.
El director Anticorrupción y contra la Impunidad, German Arriaza manifestó que en el dictamen de acusación están presentando más de 1200 evidencias, 2, 572 pruebas documental y 114 testigos que han declarado durante el proceso para demostrar que existió una presunta organización delincuencial lideraba por el expresidente Carlos Mauricio Funes que se apropiaron de recursos del Estado” sostuvo.
Manifestó que se han realizado 21 peritajes financieros, algunos agregados ya en el expediente y otros ofrecidos en el dictamen pero que serán presentados cuando sean finalizados por los peritos.
Según la investigación de las autoridades, el exmandatario Mauricio Funes, junto con sus excolaboradores más cercanos de Casa Presidencial, supuestamente utilizando diversos mecanismos y programaron en el presupuesto de la presidencia la cantidad de 351 millones de dólares, equivalentes al 52% de los fondos asignados a dicho ente para ser ejecutados como gastos reservados y así hacer pagos al proveedor ficticio “Gastos Operativos de la Presidencia de la República” y que posteriormente trasladaban fondos por medio de cheques a cuentas particulares de los imputados Francisco Rodríguez y Pablo Gómez.
Supuestamente dispusieron el dinero de manera arbitraria en beneficio propio y de terceros mediante la emisión de cheques a favor de personas naturales y jurídicas, incluyendo funcionarios públicos, traslado entre cuentas y transferencia de fondos así como pagos en efectivo destinados a compra de bienes y servicios sin relación a finalidades públicas, según la Fiscalía.
Asimismo, dentro de esa forma arbitraria de gastar de Funes, Arriaza expuso que el exmandatario gastó cerca de 149 mil dólares para el cuidado de sus mascotas durante su Gobierno; incluso el expresidente gastaba hasta mil 200 dólares cada semana para que sus mascotas se “desestresaran”.
René Alberto Rivera Hernández fue condenado a 91 años de prisión por el feminicidio agravado de una niña de 3 años y por violar e intentar asesinar a otra menor.
De acuerdo con la acusación fiscal, una de las víctimas falleció en enero de 2024, luego de haber sido golpeada brutalmente por René Rivera.
La otra víctima fue localizada con múltiples lesiones, fracturas, con signos de abuso sexual y desnutrición.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Por el mismo caso también Patricia Elizabeth García Castro -madre de una de las víctimas – recibió más de 46 años de cárcel por su complicidad en el crimen, ya que no denunció los hechos.
Las investigaciones han demostrado que la víctima sufría violencia física de manera continua.
Según las autoridades, Rivera Hernández golpéo a la niña, causándole graves lesiones que requirieron que fuera hospitalizada; la menor murió el 4 de enero de este año cuando recibía asistencia médica. El crimen ocurrió en el interior de un mesón ubicado en barrio El Molino, en la ciudad de San Miguel.
El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador procesó en audiencia inicial, a René Francisco Salazar Castro, capturado de forma infraganti con marihuana, en el bulevar Constitución de San Salvador.
Según la información, una denuncia alertó a las autoridades que en la vivienda del imputado se vendía marihuana, tras esa llamada anónima la Fiscalía General de la República tramitó una orden de allanamiento y junto a un equipo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ingresaron al inmueble para registrar, encontraron 58 porciones medianas y 17 pequeñas de marihuana.
También decomisaron 18 vapeadores con marihuana, dos balanzas, tres teléfonos celulares y $2,680 en efectivo. Todo lo incautado fue embalado y documentado en un acta para que al momento de judicializar el caso sirviera como evidencia.
Además, hubo actas del procedimiento de captura y prueba de campo realizada a la droga. Todos esos elementos probatorios fueron valorados por el juzgado.
Al finalizar la diligencia se decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Salazar Castro, quien permanecerá en un centro penal mientras dure el proceso por el delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio de la salud pública.
Según las pesquisas iniciales, el imputado supuestamente tenía bastante tiempo de dedicarse a la venta de marihuana en la zona, pero será en la fase de investigación que durará seis meses, que la Fiscalía amplíe las indagaciones y recolecte más información.
Luego de la audiencia inicial, el expediente será enviado a un juzgado de instrucción de San Salvador, una vez finalice la segunda etapa del proceso se hará la vista pública.
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador envío a juicio a Albert Jahrell Henríquez Meléndez, acusado del delito de apropiación indebida de vehículo automotor.
Tras valorar las pruebas presentadas por ambas partes, el juzgado decretó la apertura a juicio y detención provisional para el imputado.
Según el dictamen fiscal, el 15 de julio de 2023, Henríquez Meléndez contactó a una persona a través de redes sociales para alquilar un vehículo. Se identificó con su nombre completo y expresó su interés en rentar un vehículo tipo sedán por un período de cuatro días, acordando un pago de $120, a razón de $30 diarios.
El 16 de julio de 2023 se llevó a cabo la entrega del vehículo, un Kia Forte gris modelo 2014, en las instalaciones de una gasolinera ubicada en la 24 Avenida Sur, frente al mercado Cuscatlán de San Salvador. Ambas partes firmaron un contrato en el que se establecieron las garantías, el costo y el plazo del alquiler.
Sin embargo, el 20 de julio de 2023, Henríquez Meléndez solicitó una prórroga de tres días adicionales. El propietario del vehículo accedió, pero le indicó que era necesario firmar un nuevo contrato y fijó un lugar para realizar el trámite. No obstante, el imputado nunca se presentó.
Ante la falta de respuesta y la imposibilidad de recuperar su vehículo, el afectado interpuso la denuncia correspondiente.
