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Presentan aviso penal ante la Fiscalía contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
Foto: Cortesía
Retomado de La Noticia SV
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, qui Presentan aviso penal ante la FGR contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, quien asegura que la exprocuradora y actual aspirante a ser Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ejecutó acciones constitutivas de ilícitos penal.
«En la condición procesal he constatado que la señora ex-procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, en el período 2016-2019, y que actualmente busca ser electa en ese mismo cargo ha ejecutado acciones constitutivas de ilícito penal», se lee en el documento. Continúa afirmando que el motivo de expresar lo contenido en el documento es para que se descarte a Caballero como postulante para ser electa a «tan importante cargo».
En el documento se señalan los siguientes hechos que la exprocuradora Caballero cometió en contra de Hilda Trigueros:
- Supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos en prejuicios a la integridad física y personal, el honor y la intimidad.
- Divulgación de material reservado.
- Actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y de la víctima.
- Desobediencia.
Asimismo, en el escrito se detallan cada uno de los hechos antes mencionados, que fueron cometidos en 2019. Además, explica que, bajo el criterio del abogado, la postulación a procurador es un «atentado contra la Defensa de los Derechos Humanos por no cumplir con los requisitos de competencia y moralidad notorias, requeridas por la Constitución y por la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
El aviso fue presentado por el abogado Sergio Ernesto Toruño, quien declaró en conferencia de prensa, “no podemos permitir que este tipo de personas vengan a pretender relegirse en un cargo tan importante como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
Caballero actualmente también posee un historial de condenas en el Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República y denuncias activas entre las que destacan: una condena por el TEG, en enero 2018 por nepotismo al haber ascendido a su hijastra y haberle subido el sueldo; una condena en la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de los fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, en 2017; además de varias denuncias en la FGR por delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Luis René Rivera González enfrenta cargos por feminicidio agravado, acusado de haber asesinado a su compañera de vida a golpes en la cabeza y posteriormente incinerar el cuerpo para intentar ocultar el crimen, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo en un terreno baldío ubicado sobre la carretera a Punta Mango, en el caserío La Vaca, cantón El Zope, distrito de Jucuarán, Usulután.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, tras cometer el homicidio, Rivera González regresó a su vivienda en Chirilagua, San Miguel, y minutos más tarde volvió a la escena del crimen para prender fuego al cadáver.
La desaparición de la víctima fue reportada por familiares el 21 de abril. Gracias a las diligencias realizadas por la FGR, el cuerpo fue localizado el 30 de abril. La institución también señaló que la mujer había sido víctima de un ciclo de violencia por parte del acusado.
Rivera González fue capturado mediante orden administrativa el 15 de mayo. La FGR ha solicitado al Juzgado de Paz de Chirilagua que el proceso avance a la etapa de instrucción con régimen de detención provisional mientras continúan las investigaciones.
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Mujer es acusada de homicidio agravado por la muerte de su pareja y otro hombre en San Miguel
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un requerimiento ante el Juzgado Tercero de Paz de San Miguel en contra de Dilcia Alejandra Navarro Umaña, acusada del delito de homicidio agravado en perjuicio de dos hombres, entre ellos su compañero de vida.
Según el informe fiscal, los hechos ocurrieron luego de una reunión en la que Navarro Umaña, su pareja sentimental, de 39 años, y un amigo de ambos, compartían bebidas alcohólicas. Durante el encuentro surgió una discusión que continuó cuando los tres se trasladaron a la vivienda de la pareja.
“Al llegar a la casa, los dos hombres comenzaron a pelear. En ese momento, la mujer tomó un cuchillo e hirió de gravedad a ambos. Una tercera persona que intentó intervenir resultó con lesiones leves”, detalló la FGR en su comunicado oficial.
La pareja de Navarro Umaña falleció en el lugar a causa de dos heridas en el tórax y una en el cuello, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde murió la mañana del 19 de mayo mientras recibía atención médica.
El Ministerio Público ha solicitado al juzgado que se decrete detención provisional contra la acusada y que el caso pase a la fase de instrucción, mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
