Judicial
Presentan aviso penal ante la Fiscalía contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
Foto: Cortesía
Retomado de La Noticia SV
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, qui Presentan aviso penal ante la FGR contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, quien asegura que la exprocuradora y actual aspirante a ser Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ejecutó acciones constitutivas de ilícitos penal.
«En la condición procesal he constatado que la señora ex-procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, en el período 2016-2019, y que actualmente busca ser electa en ese mismo cargo ha ejecutado acciones constitutivas de ilícito penal», se lee en el documento. Continúa afirmando que el motivo de expresar lo contenido en el documento es para que se descarte a Caballero como postulante para ser electa a «tan importante cargo».
En el documento se señalan los siguientes hechos que la exprocuradora Caballero cometió en contra de Hilda Trigueros:
- Supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos en prejuicios a la integridad física y personal, el honor y la intimidad.
- Divulgación de material reservado.
- Actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y de la víctima.
- Desobediencia.
Asimismo, en el escrito se detallan cada uno de los hechos antes mencionados, que fueron cometidos en 2019. Además, explica que, bajo el criterio del abogado, la postulación a procurador es un «atentado contra la Defensa de los Derechos Humanos por no cumplir con los requisitos de competencia y moralidad notorias, requeridas por la Constitución y por la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
El aviso fue presentado por el abogado Sergio Ernesto Toruño, quien declaró en conferencia de prensa, “no podemos permitir que este tipo de personas vengan a pretender relegirse en un cargo tan importante como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
Caballero actualmente también posee un historial de condenas en el Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República y denuncias activas entre las que destacan: una condena por el TEG, en enero 2018 por nepotismo al haber ascendido a su hijastra y haberle subido el sueldo; una condena en la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de los fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, en 2017; además de varias denuncias en la FGR por delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
En procesos judiciales separados, el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a 15 años de prisión a dos mujeres pandilleras, integrantes de la estructura terrorista MS-13, quienes fueron pro cesadas y declaradas culpables del delito de extorsión agravada.
Claudia Yesenia Rodríguez Delgado y Ernestina Argueta Argueta recibieron una pena de 15 años de prisión cada una, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
En uno de los casos, Rodríguez Delgado, integrante activo de la Mara Salvatrucha, fue individualizada por las autoridades en una entrega controlada de dinero el 16 de diciembre de 2016. La víctima había denunciado a inicios de noviembre del mismo año ser extorsionada por la pandilla, que le exigió dinero bajo amenazas de muerte.
Argueta Argueta fue condenada por una extorsión cometida entre 2012 y 2015. Según las investigaciones, la víctima residía en Ciudad Barrios y entregó semanal mente el dinero a la pandilla MS-13, hasta que interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que 26 imputados, entre ellos exmiembros del concejo municipal de Coatepeque, enfrenten juicio por presuntos delitos de corrupción relacionados con el manejo de fondos públicos destinados a obras de infraestructura, informa el Ministerio Público en la red social X.
Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2012 y 2018, período en el que se habrían autorizado proyectos como pavimentación de calles, construcción de cordón cuneta y obras de concreto que, pese a ser pagadas con fondos estatales, nunca se ejecutaron. Casos previos vinculados a este expediente señalan irregularidades en al menos una decena de proyectos municipales que habrían sido cancelados sin comprobar su realización.
Los procesados enfrentan cargos por peculado y negociaciones ilícitas, delitos asociados al uso indebido de recursos públicos y a posibles acuerdos ilegales en la adjudicación de contratos. Investigaciones fiscales anteriores también apuntaron a montos que superaban los $400,000 en proyectos inexistentes dentro del mismo esquema municipal.
Coatepeque | 📣Juzgado de paz instala audiencia inicial en contra del alcalde de dicha localidad y su concejo municipal acusados de
⚠️Peculado y
⚠️Negociaciones Ilícitas. pic.twitter.com/fJLwq2zezu— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) September 28, 2019
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana admitió todas las pruebas presentadas por la Fiscalía, con las que el Ministerio Público busca demostrar la responsabilidad penal de los acusados y exigir la devolución del dinero al Estado salvadoreño.
El caso forma parte de los procesos judiciales impulsados por la FGR contra actos de corrupción municipal, en los que se investiga la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos públicos destinados a obras comunitarias.
Juan José Díaz Salinas, integrante de la MS13, purgará 30 años de prisión por el homicidio de un agente de la Policía Nacional Civil. La condena fue impuesta por el Tribunal de Sentencia de Zacatecoluca.
De acuerdo con la Fiscalía, el homicidio ocurrió el 23 de septiembre de 2017 en un área rural del distrito de San Pedro Masahuat, en La Paz.
«El agente estaba de licencia y se transportaba en su bicicleta cuando Salinas y otros imputados le salieron al paso y, sin mayor discusión, comenzaron a dispararle hasta causarle la muerte en ese lugar», reveló la investigación.
En el fallo, el tribunal impuso también el pago de $2,500 en concepto de responsabilidad civil.
El ministerio público informó que el terrorista cumple otras penas de prisión por varios crímenes cometidos, entre estos, el homicidio de una mujer en el 2017; también por participar en el asesinato de un miembro de su estructura en el 2018, acciones que también fueron cometidas en La Paz.
Entre otros casos, el mismo tribunal condenó recientemente a los hermanos Santos Samuel y Cecilio Rafael Domínguez González, perfilados como integrantes de la pandilla 18. Estos sujetos permanecerán 30 años en prisión por haber asesinado a un hombre con un arma de fuego.
El crimen lo cometieron el 22 de junio de 2021, aproximadamente a la 1:30 del mediodía, cuando la víctima caminaba en la carretera Panorámica, por el caserío El Matazano, cantón San José La Montaña, San Francisco Chinameca, La Paz Oeste.
La investigación determinó que los hermanos interceptaron al hombre y a la fuerza lo condujeron hasta una cervecería. La víctima intentó huir, pero Rafael Domínguez lo golpeó en la cara y cayó al suelo. De inmediato, Santos Domínguez le disparó.
