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Presentan aviso penal ante la Fiscalía contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
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Retomado de La Noticia SV
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, qui Presentan aviso penal ante la FGR contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, quien asegura que la exprocuradora y actual aspirante a ser Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ejecutó acciones constitutivas de ilícitos penal.
«En la condición procesal he constatado que la señora ex-procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, en el período 2016-2019, y que actualmente busca ser electa en ese mismo cargo ha ejecutado acciones constitutivas de ilícito penal», se lee en el documento. Continúa afirmando que el motivo de expresar lo contenido en el documento es para que se descarte a Caballero como postulante para ser electa a «tan importante cargo».
En el documento se señalan los siguientes hechos que la exprocuradora Caballero cometió en contra de Hilda Trigueros:
- Supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos en prejuicios a la integridad física y personal, el honor y la intimidad.
- Divulgación de material reservado.
- Actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y de la víctima.
- Desobediencia.
Asimismo, en el escrito se detallan cada uno de los hechos antes mencionados, que fueron cometidos en 2019. Además, explica que, bajo el criterio del abogado, la postulación a procurador es un «atentado contra la Defensa de los Derechos Humanos por no cumplir con los requisitos de competencia y moralidad notorias, requeridas por la Constitución y por la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
El aviso fue presentado por el abogado Sergio Ernesto Toruño, quien declaró en conferencia de prensa, “no podemos permitir que este tipo de personas vengan a pretender relegirse en un cargo tan importante como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
Caballero actualmente también posee un historial de condenas en el Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República y denuncias activas entre las que destacan: una condena por el TEG, en enero 2018 por nepotismo al haber ascendido a su hijastra y haberle subido el sueldo; una condena en la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de los fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, en 2017; además de varias denuncias en la FGR por delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
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Trasladan a 40 estudiantes capturados en operativos contra pandillas en institutos de San Salvador
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Este miércoles, los 40 jóvenes detenidos por su presunta vinculación con una estructura delictiva en formación fueron trasladados a la Unidad de Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la República (PGR) para dar seguimiento a su proceso legal.
Los adolescentes fueron capturados ayer, supuestamente por «intentar formar una estructura de pandillas», según informó la Fiscalía General de la República. Video / Cortesía. pic.twitter.com/dxa5voS5DT
— LPGJudicial (@LPGJudicial) June 25, 2025
Las capturas fueron ejecutadas el martes por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de una operación que desarticuló un grupo delictivo que operaba dentro de varios institutos nacionales de San Salvador: el Instituto General Francisco Menéndez (INFRAMEN), el Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI) y el Instituto Nacional Albert Camus.
Según la FGR, se ejecutaron 40 de 49 órdenes de captura. Las investigaciones indican que los jóvenes involucrados intimidaban a otros estudiantes y estarían implicados en actos como agresiones físicas, consumo de drogas y agresiones sexuales. Las autoridades también realizaron allanamientos en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por el delito de agrupaciones ilícitas, entre otros cargos.
Este caso recuerda lo ocurrido en septiembre de 2023, cuando 20 estudiantes fueron enviados a prisión por pertenecer a “La Raza”, una pandilla emergente detectada en el INFRAMEN y el INTI. En esa ocasión, los procesados fueron acusados de agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones tras una riña estudiantil en los alrededores del redondel Don Rúa.
Las autoridades reiteraron su compromiso con mantener los centros educativos libres de estructuras criminales y garantizar entornos seguros para los estudiantes.
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Mecánico es enviado a prisión por electrocutar y simular suicidio de su hijastro en San Salvador
El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó prisión preventiva para Jorge Alberto González, acusado de electrocutar a su hijastro de 19 años, tras concluir la audiencia inicial del proceso penal.
La Fiscalía General de la República le imputa los delitos de simulación de delito, fraude procesal y homicidio agravado, para los cuales presentó indicios suficientes para iniciar el proceso judicial.
Según la acusación, el hecho ocurrió el 19 de marzo de 2025 en un mesón ubicado en la 12ª Calle Poniente y Avenida Cuscatlán, donde González, mecánico soldador, presuntamente conectó a su hijastro a un aparato eléctrico, provocándole una descarga para simular un suicidio, y luego huyó con el equipo utilizado.
El 21 de marzo, el acusado regresó al lugar y reportó a las autoridades el hallazgo del cuerpo. La autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal determinó que la muerte fue producto de un homicidio y no un suicidio.
El juzgado concluyó que la evidencia inicial presentada por el ministerio público era suficiente para dictar la prisión provisional contra González.
El Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador ordenó que el abogado Salvador Enrique Anaya Barraza permanezca en detención provisional mientras su caso avanza a la siguiente etapa del proceso penal.
La Fiscalía General de la República lo acusa por el delito de lavado de dinero y activos, cometido presuntamente entre los años 2015 y 2024. El proceso fue judicializado el pasado sábado bajo régimen de reserva total, por lo que ninguna de las partes puede proporcionar detalles adicionales del expediente.
Según la legislación salvadoreña, el delito de lavado de dinero contempla penas de entre cinco y 15 años de prisión. Este delito incluye operaciones financieras u omisiones destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes provenientes de actividades delictivas.
Durante la audiencia inicial, el abogado defensor Jaime Quintanilla afirmó que el proceso se desarrolló con normalidad y que la defensa presentó los elementos que respaldan la inocencia de su cliente.
