Judicial
Presentan aviso penal ante la Fiscalía contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
Foto: Cortesía
Retomado de La Noticia SV
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, qui Presentan aviso penal ante la FGR contra la exprocuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara
La Fiscalía General de la República y la Comisión Política de la Asamblea Legislativa recibieron aviso penal, de parte del abogado defensor de Hilda Guadalupe Triguerros Aguillon, Sergio Ernesto Portillo, quien asegura que la exprocuradora y actual aspirante a ser Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos ejecutó acciones constitutivas de ilícitos penal.
«En la condición procesal he constatado que la señora ex-procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos RAQUEL CABALLERO DE GUEVARA, en el período 2016-2019, y que actualmente busca ser electa en ese mismo cargo ha ejecutado acciones constitutivas de ilícito penal», se lee en el documento. Continúa afirmando que el motivo de expresar lo contenido en el documento es para que se descarte a Caballero como postulante para ser electa a «tan importante cargo».
En el documento se señalan los siguientes hechos que la exprocuradora Caballero cometió en contra de Hilda Trigueros:
- Supresión, destrucción u ocultación de documentos verdaderos en prejuicios a la integridad física y personal, el honor y la intimidad.
- Divulgación de material reservado.
- Actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública y de la víctima.
- Desobediencia.
Asimismo, en el escrito se detallan cada uno de los hechos antes mencionados, que fueron cometidos en 2019. Además, explica que, bajo el criterio del abogado, la postulación a procurador es un «atentado contra la Defensa de los Derechos Humanos por no cumplir con los requisitos de competencia y moralidad notorias, requeridas por la Constitución y por la ley de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
El aviso fue presentado por el abogado Sergio Ernesto Toruño, quien declaró en conferencia de prensa, “no podemos permitir que este tipo de personas vengan a pretender relegirse en un cargo tan importante como es la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos».
Caballero actualmente también posee un historial de condenas en el Tribunal de Ética Gubernamental, Corte de Cuentas de la República y denuncias activas entre las que destacan: una condena por el TEG, en enero 2018 por nepotismo al haber ascendido a su hijastra y haberle subido el sueldo; una condena en la Corte de Cuentas de la República por el manejo indebido de los fondos de la PDDH, por la suma de $180,415, en 2017; además de varias denuncias en la FGR por delitos de incumplimiento de deberes y actos arbitrarios.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
