Judicial
Policías acusados de poner droga a Daniel Alemán enfrentan hoy nuevo juicio en su contra
Los dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Marvin Alexander Alvaisa y Reynaldo Ángel Madrid Pacheco, enfrentarán este miércoles un nuevo juicio en su contra, luego de haber sido anulada la vista pública desarrollada por Tribunal 1° de Sentencia de San Salvador, que los dejó absueltos del delito de fraude procesal cometido contra Daniel Avilés Alemán.
En mayo de 2018, la Cámara 1° de lo Penal anuló el fallo, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) interpusiera un recurso de apelación el 13 de marzo del año pasado, por parte de la representación de Nemely Ardón.
Por ello, el Tribunal 2° de Sentencia desarrollará este miércoles la nueva audiencia de vista pública en contra de ambos implicados.
El 22 de enero, la jueza del 1° de Sentencia emitió un fallo absolutorio, mismo que fue obtenido tras la presentación de pruebas por parte de los abogados defensores de los agentes, Rafael Córdova y German Nieto, consideradas a favor de ellos.
Alemán fue capturado el 10 de enero de 2017, en una cancha de fútbol de la residencial Altavista, según el informe hecho por los dos policías, hoy acusados de colocarle droga al joven, por lo que a este se le imputó el delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
Paralelo a este caso, el joven fue procesado por extorsión, pero fue absuelto por el Tribunal 5° de Sentencia, por lo que logró recuperar su libertad.
Baltazar Rivera fue sentenciado a 12 años de prisión por haber agredido sexualmente a una niña desde que tenía cinco años. Los abusos se cometieron durante 2016 al 2020 en Sacacoyo, La Libertad Oeste, así lo dictó el Tribunal Primero de Sentencia de Sonsonate.
De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Rivera habitaba en el mismo terreno dónde vivía la víctima y cuando ella salía al sanitario, él la tomaba por la fuerza y la abusaba sexualmente. En otras ocasiones, la obligaba a entrar a su casa para agredirla.
El fiscal del caso informó que Rivera tenía medidas sustitutivas a la detención por orden judicial, sin embargo, durante el juicio fueron revocadas por el referido Tribunal, el cual ordenó su detención al condenarlo por el delito de agresión sexual en menor o incapaz en modalidad continuada.
Briseida Esmeralda Acosta Díaz, de 27 años, deberá enfrentar vista pública por el intento de homicidio contra su expareja, resolvió el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.
La Fiscalía General de la República la acusa de homicidio en grado de tentativa, ocurrido el 10 de mayo de 2025 en el cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur. Según la denuncia, Acosta Díaz atacó al hombre con un machete y luego llamó a la Policía Nacional Civil (PNC) para pedir auxilio.
Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la víctima con lesiones en el cuello y la cabeza. Tras la denuncia, la mujer fue detenida de forma infraganti y permanece en prisión desde entonces.
El juzgado admitió la prueba presentada por el Ministerio Público, que incluye el testimonio de la víctima y un peritaje del Instituto de Medicina Legal. La situación jurídica de Acosta Díaz será definida en el juicio por uno de los seis tribunales de sentencia de San Salvador, mientras continúa en detención preventiva.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio resolvió que seis cuentas bancarias, tres inmuebles y un vehículo a nombre de Norma Urania de León Escobar y su familia pasen a propiedad del Estado, por un valor total de $362,883, tras ser vinculados a actividades ilícitas.
El caso fue presentado por la Fiscalía con la pretensión de extinguir 11 inmuebles y más de $500,000 asociados a la Mara Salvatrucha, específicamente a la clica Acajutlas Locos Salvatruchos en Sonsonate. Sin embargo, los abogados de los propietarios lograron que no todos los bienes fueran confiscados.
Durante la audiencia de sentencia, algunos de los dueños se desvincularon de la pandilla, señalando que los bienes y el dinero provienen de la actividad comercial de Norma Urania de León Escobar, respaldada por registros de pagos municipales por permisos otorgados.
