Judicial
Piden a Corte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucional retomen la interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley de las Intervenciones Telefónicas
Abogados y diputados de distintos partidos políticos piden a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y a la Sala de lo Constitucional retomen la interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley de las Intervenciones Telefónicas (LEIT).
Dicha urgencia se deriva del escándalo político que ha ocasionado las declaraciones de la exdiputada pecenista Cristina López, quien por medio de su cuenta de Twitter detonó supuestas irregularidades al interior del PCN y de la misma Asamblea Legislativa.
López hizo una interpretación auténtica de dicho artículo y habría presentado la iniciativa en recepción de documentos del Órgano Legislativo el 31 de octubre de 2017. Dicha iniciativa no pretendía ninguna reforma, sino que se diera la interpretación auténtica.
El artículo 23 de la LEIT establece que si un juez autorizó a la Fiscalía intervenir las llamadas telefónicas de un posible acusado, la FGR tendrá seis meses para presentar el requerimiento. De no hacerlo deberán destruir grabaciones y transcripciones, como lo dicha la ley.
La Asamblea Legislativa aprobó la interpretación en diciembre de ese año. Sin embargo, el exfiscal general, Douglas Meléndez, interpuso un recurso ante la CSJ y el tema quedó en el limbo.
Ante la seriedad y gravedad del tema, la reconocida abogada Bessy Ríos urgió, al igual que otros abogados, a que la CSJ retome el tema y resuelva la interpretación auténtica de dicho artículo y considere la destrucción de pruebas 6 meses después de no ser utilizadas en un juicio, y así evitar abusos del Centro de Escuchas Telefónicas.
“Las administraciones anteriores de la FGR de Douglas Meléndez y de Luis Martínez fueron administraciones que abusaron de las escuchas telefónicas”, expresó la defensora de derechos humanos.
“El tema no puede quedar indefinido su uso por parte de la FGR”, reiteró.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que Miguel Ángel Mejía Orellana fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de violación.
De acuerdo con el ministerio público, Mejía Orellana se aprovechó del vínculo cercano que tenía con la familia de la menor, de nueve años, para abusarla sexualmente en momentos que se encontraba sola.
«Mejía la amenazó para que no dijera nada. La mamá de la víctima se enteró de lo sucedido e inmediatamente interpuso la denuncia», detalló la FGR en su cuenta oficial de X.
Según información oficial, los hechos ocurrieron en julio 2024 en Nueva Concepción, Chalatenango.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla, en La Libertad, condenó a 12 años de prisión a un profesor de matemáticas por agredir sexualmente a una de sus alumnas.
«Los hechos sucedieron el 23 de mayo de 2024. El imputado, identificado con las siglas M. J. R. R., fungía como profesor de matemáticas cuando agredió a la víctima, según se demostró en el desfile probatorio durante la vista pública», indicó la fiscal del caso.
La fuente detalló que el docente se aprovechó, en los momentos que se encontraba a solas con la estudiante de primaria.
«El imputado aprovechaba para tocarle el cuerpo, y a pesar del miedo que le tenía al profesor, la menor le confesó a la madre lo que ocurría», señaló la fiscal.
Por esos hechos, el Tribunal condenó al imputado a 12 años de prisión por el delito de agresión sexual en menor e incapaz, en su modalidad continuada.
A tres años de cárcel fue condenada una mujer que estafó a otra con la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó, informó Centros Judiciales El Salvador (CJES), la tarde del viernes.
Se trata de Jennifer del Carmen Rivera fue condenada a la pena de tres años de prisión al ser declarada responsable penal y civilmente del delito de estafa por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla.
CJES detalló que, el 26 de octubre de 2023, en el distrito de Jicalapa, en La Libertad Costa, la víctima contactó a la imputada a través de Marketplace de la plataforma de Facebook, para gestionar la entrega de las gallinas, y la ahora condenada le exigió un depósito a su cuenta bancaria por $256. La víctima realizó el depósito y, tras varios días de espera, nunca recibió el producto.
“Basándose en engaños, le hizo creer que era dueña de una granja y le prometió la venta de 100 gallinas de postura que nunca entregó”, añadió Centros.
Finalmente, el Tribunal valoró todas las pruebas y concluyó que había suficiente evidencia del delito y por ello la condenó a tres años tras las rejas.
